La sentencia del TJUE responde a una pregunta planteada por el magistrado del Tribunal Supremo sobre los motivos de Bélgica para rechazar las euroórdenes
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que los jueces de un país no pueden negarse a ejecutar una orden de detención emitida por otro miembro de la UE sin demostrar antes fehacientemente que existen deficiencias sistémicas en su sistema judicial. Según el tribunal «una autoridad judicial de ejecución no puede negarse, en principio, a ejecutar una orden de detención europea basándose en la falta de competencia del órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona buscada en el Estado miembro emisor». La sentencia responde a una pregunta prejudicial planteada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre los motivos de Bélgica para rechazar las euroórdenes de los huidos de la justicia española. Llarena pidió aclaraciones al máximo tribunal de la UE en marzo del 2021 después de que un juez belga rechazara entregar al exconseller Lluis Puig alegando que el órgano competente para reclamar la extradición tendría que haber sido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en vez del Supremo y que si fueran enviados a España podría correr peligro su derecho a la presunción de inocencia.
La decisión, que sienta jurisprudencia en la aplicación de la orden europea de detención en todos los países de la UE, contradice esa tesis de la Justicia belga y confirma que «una autoridad judicial de ejecución no dispone de la facultad de negarse a ejecutar una ODE basándose en un motivo de no ejecución que se derive exclusivamente del Derecho del Estado miembro de ejecución». Los jueces europeos explican que si se permitiese a cada país interpretar las ordenes de detención la legislación europea «no se aplicaría uniformemente y los Estados miembros podrían determinar libremente el alcance de la obligación de ejecutar las órdenes europeas de detención» y recuerda que los principios de confianza y de reconocimiento mutuos entre los Estados miembros constituyen «la piedra angular del sistema de cooperación judicial».
La sentencia establece, por tanto, que la decisión de negarse a cumplir una orden de detención «debe tener carácter excepcional» y lo circunscribe a casos en los que « se compruebe que en ese Estado miembro hay deficiencias sistémicas o generalizadas que afectan a su sistema judicial y que el órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona buscada en dicho Estado miembro es manifiestamente incompetente para ello».
La sentencia no excluye que exista la posibilidad de rechazar una orden de detención pero restringe claramente el margen que tienen los jueces belgas o de otros países para negarse a entregar a los huidos de la justicia española, aunque en el caso concreto de Carles Puigdemont aún tiene pendiente una última decisión -también de la Justicia europea- sobre la retirada de su inmunidad como parlamentario europeo. Hasta ahora, Puigdemont ha perdido todos sus recursos para intentar anular la decisión del Parlamento Europeo de retirarle su inmunidad.
Su abogado, Gonzalo Boye, que fue condenado en su día por colaborar con ETA, ha considerado sin embargo que la decisión favorece a su cliente. «Hoy es un buen día» ha publicado en redes sociales en cuanto se ha conocido la decisión. A su juicio «las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE son para leerlas íntegramente», lo que da a entender que su propósito será ahora intentar demostrar que la justicia española no cumple los estándares europeos, siguiendo el camino que ha descrito la sentencia, aunque se esté refiriendo a casos excepcionales.
La Comisión Europea emite cada año un informe formal sobre la situación del estado de derecho en cada país y España está precisamente en una situación cada vez más delicada, empezando por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por el sistema de elección de sus miembros que se considera demasiado politizado. Sin embargo, la calificación de la situación de la justicia en España está todavía muy lejos de la que subsiste en dos países (Polonia y Hungría) que han sido sometidos a un proceso sancionador por ello. No sería de extrañar que el abogado de Puigdemont recopile ahora todos los argumentos de la oposición del PP contra los manejos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para instrumentalizar la justicia.
