Los altos funcionarios del Estado llevan al Gobierno ante los tribunales por hacer fijos a interinos sin examen

Los colegios nacionales de secretarios judiciales y de secretarios, tesoreros e interventores recurren la maniobra para hacer fijos a interinos sin opositar

Las convocatorias de empleo lanzadas por el Ejecutivo beneficiará a más de 2.000 temporales, como desveló ABC

La maniobra desplegada por el Gobierno para convertir a más de 2.000 interinos en funcionarios estatales de carrera sin oposición ha desatado una batalla legal contra el Ejecutivo de Sánchez. Se la han declarado dos de los principales colectivos de altos funcionarios, en ambos casos colegios profesionales: el de secretarios judiciales –letrados de la Administración de Justicia, en su actual denominación oficial–; y el de secretarios, interventores y tesoreros de administración local, los más altos funcionarios de ayuntamientos y diputaciones, que además son la clave de bóveda en el control de legalidad administrativa y contable de las entidades locales españolas.

Ambos colegios profesionales han anunciado que recurrirán las convocatorias lanzadas por el Gobierno, y publicadas ayer por ABC, que afectan a ambos colectivos. En total, entre los distintos ministerios han emitido medio centenar de convocatorias para convertir en fijos, sin opositar, a empleados públicos de distintas categorías, cuerpos y escalas.

Entre ese medio centenar de convocatorias figura la que prevé asignar 95 plazas fijas de secretarios judiciales a funcionarios interinos de Justicia. Y también tres dirigidas a convertir en funcionarios de carrera, como habilitados nacionales y también sin examen, a interinos que ejercen actualmente como secretarios, interventores y tesoreros de entidades locales.

De estos últimos, muchos podrán adquirir esa condición sin haberse presentado nunca a una oposición, ya que abundan los que ocupan esos puestos desde hace años sin haber pasado por un examen selectivo. Todo eso en un cuerpo, este de habilitados nacionales, cuyas oposiciones regladas figuran entre las más exigentes de la función pública en España.

Tras la información desvelada ayer por ABC, el Colegio Nacional de Letrados de Justicia destacó a través de su cuenta en la red social Twitter que va a luchar en los juzgados contra la convocatoria de esas 95 plazas para convertir en fijos a secretarios judiciales interinos. «El Ministerio desprecia el duro esfuerzo de los opositores de turno libre y de promoción interna», destaca esta organización profesional. Subraya su «absoluta disconformidad con la forma de acceso prevista a través del concurso de méritos [sin examen de oposición], ya que el artículo 442 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que ‘los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia serán seleccionados mediante convocatoria del Ministerio de Justicia, a través de los sistemas de oposición, que será el sistema ordinario de ingreso, o de concurso-oposición libre’».

Esto se produce, además, en vísperas de la huelga convocada por las organizaciones representativas de los secretarios judiciales, entre ellas su colegio nacional y la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ). Este sindicato profesional considera motivo de huelga en sí mismo el concurso de méritos con el que el Gobierno pretende cubrir 95 plazas sin examen, a la medida de interinos. Al hilo de los desproporcionados criterios del baremo que ayer desveló ABC, como que dos cursillos de informática lleguen a puntuar más que un doctorado en Derecho, la UPSJ afirma que esta convocatoria de empleo es «otro motivo más para que los letrados de la Administración de Justicia hagamos huelga indefinida a partir del 24 de enero».

Por su parte, el Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local (Cosital) también confirmó ayer a ABC que van a recurrir las convocatorias de empleo lanzadas en este caso por el Ministerio de Hacienda. Y no solo van a recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa las convocatorias que prevén hacer funcionarios de carrera a más de 600 interinos sin someterlos a un examen, solo con un concurso de méritos; también van a recurrir judicialmente las convocatorias que pretenden cubrir otras 150 plazas de esos mismos cuerpos mediante concurso-oposición, dando ventaja a los interinos porque, aunque en este caso sí habrá examen, éste solo valdrá parte de la nota final, ya que el resto dependerá principalmente de los años que el aspirante lleve de interino.

En total, por tanto, el Consejo General de Cosital va a impugnar la convocatoria de 677 plazas de la escala de secretaría-intervención, de las que el Gobierno prevé cubrir 563 por concurso de méritos y 114 por concurso-oposición. También impugnará la convocatoria de 83 plazas de la escala de interventores-tesoreros, 53 reservadas a interinos sin oposición y 30 a cubrir por concurso-oposición. E igualmente recurrirá ante los juzgados la convocatoria de 36 plazas de la escala de secretarios, de las que el Gobierno pretende cubrir 32 mediante un mero concurso de méritos, sin examen, y cuatro con un concurso-oposición.

«Siempre nos hemos opuesto a esta posibilidad que da un peso absoluto a la antigüedad para que un interino acceda a la condición de habilitado nacional de carrera sin examen», explicó ayer a ABC el presidente del Consejo General de Cosital, José Luis Pérez.

«Entendemos que permitir el acceso a este cuerpo sin oposición no tiene encaje legal y, por ello, estamos impugnando todas las resoluciones o actos que sean dictados en ese sentido», indicó. Además, recordó que los interinos que ocupan plazas de secretarios, interventores y tesoreros lo hacen tras haber accedido en circunstancias y por vías muy diversas, desde la ausencia de requisitos selectivos al cumplimiento de ciertas condiciones, de tipo muy variable» según la comunidad autónoma, la provincia o incluso el ayuntamiento de que se trate.

Por eso, considera inaceptable que se haga tabla rasa y se permita, sin oposición, que por el simple mérito de la antigüedad se convierta a interinos en habilitados nacionales de carrera, en detrimento de «quienes están estudiando seis y ocho horas al día para intentar superar unas pruebas de oposición que son muy duras».