Agentes marroquíes actuaron en una zona de soberanía española en Melilla

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha convertido en objetivo prioritario tanto para los socios de Gobierno de Pedro Sánchez como para los independentistas de ERC y Bildu, aliados tradicionales del Ejecutivo. Le acusan de mentir en lo referente al asalto a la valla de Melilla del 24 de junio, en el que hubo al menos 23 muertos -más de medio centenar, según algunas ONG-, ya que afirman que parte de las mismas se produjeron en suelo español. El PP, en boca de Cuca Gamarra, número 2 del partido, aseguró ayer que «lo que no merecen los españoles es tener un ministro del Interior que les miente»; es decir, se suma a las tesis de que las imágenes difundidas demostraban que sí había habido víctimas mortales en territorio nacional. Antes, el coordinador general, Elías Bendodo, había pedido su dimisión.

La gestión de Marlaska de esta crisis, presidida según sus críticos por una total falta de transparencia, le ha puesto en el disparadero. Siempre ha sostenido, ayer por última vez, que no hubo «acontecimientos dramáticos» en el lado español; es decir, que las muertes se produjeron en territorio marroquí. El 21 de septiembre, en su primera comparecencia en el Congreso, tres meses después de la tragedia, lo formuló de otra forma: «Los hechos ocurren en territorio nacional de un país soberano y, de manera muy tangencial, en España», en referencia a lo que entonces denominó «tierra de nadie» en respuesta elusiva a una pregunta directa de un diputado.

¿A qué se refería el ministro con ese alambicado «de manera muy tangencial?». Las fuentes consultadas por ABC lo explican: «Agentes de la Gendarmería sí entraron aquella mañana en la llamada Zona Operacional Conjunta, que es de soberanía española, aunque lo utilizan tanto el Instituto Armado como agentes marroquíes en función de las circunstancias. Lo hicieron en cumplimiento de un protocolo acordado entre España y Marruecos para, entre otras cuestiones, las devoluciones en frontera, que otros prefieren denominar ‘devoluciones en caliente’. Aquella mañana se hicieron algo más de cien, no los más de 400 que sostienen algunos diputados». También hicieron cargas en ese lugar, pero no hay constancia, según las fuentes consultadas, de que allí se produjeran víctimas mortales.

Un vídeo de la agencia Colpisa confirma, en efecto, que miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes entraron en esa zona territorio español durante la avalancha para devolver a Marruecos a un número indeterminado de inmigrantes. En los 21 segundos que duran las imágenes puede verse a agentes marroquíes y a decenas de inmigrantes, muchos de ellos tirados en el suelo y heridos, agolpados junto a la cancela fronteriza. Ese punto concreto pertenece al suelo español, como lo demuestra el hecho de que fuera visitada el lunes por los diputados de la Comisión de Interior del Congreso.

Un agente de la Guardia Civil destinado en Melilla explica así lo que sucede en ese área: «Todos los días o entran los marroquíes en esa zona o entramos nosotros. Marruecos ahora colabora de forma activa. Les hemos encargado que controlen la frontera y lo hacen a su manera. Han militarizado la valla, cada cinco metros hay un gendarme, han cavado fosos y aún así no hay quien pueda parar a 1.500 personas que quieren entrar a la fuerza».

«Lo que ahora llaman Zona Operacional Conjunta -añade- es lo que siempre hemos llamado tierra de nadie, que hay que insistir en que es territorio nacional aunque la utilicen agentes de los dos países. Una vez que invadieron esa zona, la controlaban los subsaharianos tirando piedras a la Guardia Civil. Uno de los agentes del GRS quedó inconsciente en el suelo y el jefe de grupo dio la orden de evacuar, justo en la zona contigua al control nuestro. Los compañeros salieron y volvieron a cerrar la puerta de acceso cuando se retiraron. Los subsaharianos rompieron esas puertas para intentar acceder a la zona española, de la que ya habían salido los guardias. Se suben, escalan, siguen tirando piedras… y acceden a la carretera los que pueden. Ahí no hay cadáveres, digan lo que digan».

La Guardia Civil quedó desplegada a más de 50 metros de donde se produjo la avalancha y, por tanto, no pudo ver lo que sucedía al otro lado de la valla, en la zona del barrio chino. Las fuentes consultadas por ABC confirman que el mando del GRS ordenó el repliegue hasta ese punto por razones tácticas -unos metros más atrás era más fácil contener los inmigrantes irregulares-, de modo que no sabían cual era la situación allí.

Es más; solo conocieron que se habían producido muertes, de forma extraoficial, tres horas después de ocurrir los hechos, en concreto por mensajes de WhatsApp recibidos del otro lado de la frontera.

La última acusación al ministro, al menos de momento, es que hubo una clamorosa omisión del deber de socorro por parte de la Guardia Civil. Las fuentes consultadas por ABC explican que «hasta la zona, como se puede ver en las imágenes, solo se desplazó una ambulancia, que permaneció a unos 100 metros de distancia sin poder aproximarse más por riesgo a ser alcanzados por los objetos y piedras que lanzaban los inmigrantes. Por tanto, era imposible que en esas condiciones pudiesen atender a las víctimas».

No obstante, un técnico en Soporte Vital Básico y otro en emergencias sanitarias realizaron en cuanto les fue posible reconocimientos a varios subsaharianos que habían conseguido entrar en España y que estaban embolsados, estos sí, por las Fuerzas de Seguridad españolas.

Aquella mañana 11 personas fueron atendidas en el Hospital Comarcal, uno con traumatismo en un ojo del que fue operado; otro con fractura maxilofacial inferior, que fue trasladado a la Península para ser sometido a una intervención quirúrgica; ocho con heridas en pies y piernas que fueron atendidos y dados de alta y el último con una herida en la cabeza, que también fue dado de alta. Hay abiertos expedientes de asilo para todos ellos.

El ministro del Interior insistió ayer en el Congreso en las cuatro ideas fuerza que ha mantenido desde el primer momento: el primero, incuestionable, que lo ocurrido aquella mañana fue una tragedia; el segundo, que se produjo un ataque a una frontera de la Unión Europea muy violento, en el que los inmigrantes irregulares utilizaron objetos muy peligrosos; el tercero, que la Guardia Civil actuó en todo momento de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad que son exigibles en estos caso, y finalmente que no se produjo «ningún hecho trágico» en territorio español.

Fuentes del ministerio, por su parte, explicaron que Marlaska va a mandar una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para explicarle que las imágenes que tiene no están editadas. «Las de dron, se graban minuto a minuto, y por eso son discontinuas, mientras que el helicóptero que grabó las otras tuvo que repostar en un determinado momento, por lo que tuvo que dejar de hacerlo». También hay otras, del dron, en el que el propio puesto fronterizo del barrio chino le impide recoger lo que está sucediendo al otro lado de la frontera.

Ni Podemos, ni ERC, ni Bildu, pero tampoco el PP -solo Vox se ha desmarcado-, cree a Marlaska, que ayer se mostró dispuesto a comparecer en el Congreso, tal como le pide la oposición, y a facilitar todas las imágenes. Mientras llega esa comparecencia se complica su situación en el Gobierno, aunque ayer lo respaldara la portavoz. La gestión «humanitaria» de la inmigración, en contraposición con la que habría hecho el PP según la izquierda, es un asunto del que el Ejecutivo había hecho bandera y esta crisis provoca rechazo en amplios sectores de su electorado potencial. Y hay elecciones a la vista.