La sorpresiva estrategia del Gobierno para hacerse con el control del consejo de Indra no ha pasado desapercibida entre los inversores, que este viernes castigan a la compañía con un desplome que supera el 20%. Las acciones se cambian a 8 euros después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), el grupo vasco Sapa y Amber Capital dieran ayer un vuelco al consejo la compañía tras nombrar a Jokin Aperribay como consejero dominical por el grupo vasco y promover el cese de cuatro consejeros independientes en la junta de accionistas.
Una maniobra que ha hecho saltar las alertas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), encargada de vigilar y regular el comportamiento del mercado y las compañías cotizadas. El organismo considera «preocupante» y «llamativo», según su presidente, Rodrigo Buenaventura, lo ocurrido el jueves en la compañía, por eso contactó ese mismo día de manera verbal con sus responsables para solicitar información sobre lo ocurrido.
Vuelco en el Consejo de Indra: ¿por qué esta empresa es clave para el Gobierno?
Lo ha revelado el propio Buenaventura, quien ha detallado que ahora estarán pendientes de analizar la evolución de la situación en los próximos días y cómo la compañía «recompone» el peso de los independientes en el conjunto del consejo.
«Estoy convencido de que se va a aplicar la nueva recomendación 24 del Código de Buen Gobierno» respecto a que los independientes trasladen a las cotizadas su opinión sobre el contexto y los motivos de su cese y que las compañías pongan a disposición de los accionistas ese parecer a la mayor brevedad posible, ha explicado Buenaventura durante su participación en el ‘XXXIX Seminario de APIE. Sostenibilidad y digitalización: las palancas de la recuperación’ organizado en Santander.
Tras ese primer contacto verbal, el regulador solicitará este viernes por escrito toda la información necesaria para aclarar el cese de los consejeros implicados y lo hará tantas veces como sea necesario hasta que las incógnitas queden despejadas. «Es un procedimiento habitual cuando se producen ceses de este tipo o cuando no tenemos claros algunos procesos. Ocurrió en otros casos como los de Vocento, Prisa o Telepizza», apuntan fuentes del supervisor.
POLÉMICO PROCESO
La maniobra sobre la que la CNMV ha dado la alarma terminó con el control de Indra en manos del Gobierno, algo que firmas como Renta 4 ya habían vaticinado meses atrás. «Desde el cese de Fernando Abril-Martorell en mayo 2021 varios directivos clave que contaban con un gran respaldo en el mercado han presentado su dimisión», apuntan en su comentario de este viernes.
De forma resumida, una propuesta presentada por el fondo activista Amber (4,18%), de de Joseph Oughourlian, fuera del orden del día se resolvió con el cese de cuatro consejeros independientes y la no renovación de un quinto. Al mismo tiempo, la ratificación de 3 consejeros de la Sepi, que ostenta el 25,2% del capital, y el nombramiento de Jokin Aperribay en representación de Sapa (5%) le dan al Estado el control a la compañía, cuyo número de consejeros se reduce de 13 a 10: dos independientes – Francisco Javier García Sanz y Silvia Iranzo-, tres dominicales, el presidente de la compañía, Marc Murtra, como otro externo, Luis Abril e Ignacio Mataix como consejeros ejecutivos, Guillermo Guerra como secretario y Fabiola Gallego como vicesecretaria del consejo.
Es una «noticia muy negativa», señalan desde Renta 4. En su opinión, con el cambio de control «se abren muchas incertidumbres como la capacidad de gestión del nuevo equipo directivo, la idoneidad de realizar adquisiciones (ahora con la capacidad de emitir hasta 1.500 millones de euros en instrumentos de renta fija), la posible venta de Minsait, la respuesta del creciente número de inversores que cada vez le dan más importancia a los criterios ESG en sus decisiones de inversión y la posibilidad de que la CNMV obligue a la SEPI a lanzar una OPA por el 100% de la compañía». Por todo ello está revisando la recomendación de su postura respecto a las acciones de la compañía.
Indra es una empresa estratégica al ser un emblema de la industria española de defensa en proyectos internacionales y habitual colaborador de la Administración en la contabilidad de procesos electorales. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) es el primer accionista con un 25% del capital, pero hasta este jueves se encontraba en minoría en el consejo de administración, porque, en cumplimiento del Código de Buen Gobierno de las empresas cotizadas, la mayoría de los consejeros han sido independientes.
Algunas voces apuntan a que esta operación sirve para cerrar la crisis de gobernanza que vive la empresa desde la salida de Abril Martorell, pero lo cierto es que podría ser sólo el inicio de otro capítulo convulso, teniendo en cuenta la posibilidad de que la CNMV obligue a la Sepi a lanzar una OPA por el 100% de la compañía alegando «acción concertada» entre varios accionistas. Sepi, Sapa y Amber superan de manera conjunta el 30% del capital de la firma.
