El anuncio del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sobre la infección de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa -que también es la máxima responsable del CNI- deja a España como país a los pies de los caballos. Los hechos deberían preocupar, y mucho, al Gobierno, aunque no cabe duda de que serán útiles en la crisis desencadenada con el denominado ‘Catalan Gate’. Todos víctimas.
De inicio vamos a suponer que lo relatado en la sala de prensa de La Moncloa por el escudero de Pedro Sánchez es cierto en los términos en que ha sido comunicado. Fue «ayer» domingo 1 de mayo cuando el Centro Criptológico Nacional (CCN), un organismo adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, entregó al Gobierno el informe que confirma la infección mediante el ‘software’ pernicioso Pegasus en los móviles de Pedro Sánchez -mayo de 2021- y Margarita Robles -junio del mismo año-.
Los dispositivos de comunicación del jefe del Ejecutivo y de la ministra de Defensa y máxima responsable política de los servicios de inteligencia deben estar sometidos a un exhaustivo control de seguridad y dotados de todas las medidas y protecciones posibles. Detectar una infección con Pegasus es sencillo para un Gobierno. De hecho, el Citizen Lab de la Universidad de Toronto lo ha hecho con los móviles de medio centenar de independentistas. Tal y como reveló ABC, hace más de un año que Puigdemont y su entorno lo sabían, y decidieron destaparlo ahora. El caso Pegasus no es nuevo, y hasta hay diligencia abiertas en un juzgado de Barcelona por las infecciones a Roger Torrent y Ernest Maragall. Si alguien ha extraído datos de los móviles de Pedro Sánchez y de Margarita Robles -un extremo que el Gobierno confirma- se ha comprometiendo la seguridad del Estado. Urgen dimisiones, amén de tapar los agujeros de seguridad.
Esta hipótesis, que debemos dar por cierta según las explicaciones del ministro de la Presidencia, deja a España desnuda ante una agresión que vendría del exterior. La alternativa sería que nuestros servicios secretos se hubieran percatado en tiempo y forma de lo ocurrido y comunicado al Gobierno. Es inevitable pensar en la tentación de hacerlo público ahora, en plena tormenta por los espionajes masivos al soberanismo catalán, detrás de los cuales está, sin duda alguna, el Gobierno (el propio Bolaños lo confirmó con su actitud en Barcelona).
Sio nos centramos en el origen del ataque, las posibilidades son dos: externo o ‘fuego amigo’. El Gobierno se inclina por la responsabilidad exterior, y es verdad que sería lo más lógico. Emmanuel Macron, el presidente de Irak, el rey de Marruecos, el expresidente del Consejo de Europa y exprimer ministro de Polonia Donald Tusk y un sinfín más de líderes internacionales han sido infectados por Pegasus o figuran como objetivos. La controvertida empresa israelí NSO Group sólo vende -en teoría y por mandato del Gobierno de Jerusalén- el programa espía a «State Agencies», es decir, agencias del Estado. Se refieren con esto a que el cliente sólo puede ser, por poner un ejemplo, el ministerio de Defensa de un país. Se da por hecho que un Gobierno hará un uso «correcto» de Pegasus, que sería un drama en manos de grupos criminales. ¿Y que han hecho los gobiernos clientes de NSO? Usar la tecnología para espiar a rivales políticos, además de perseguir sus lícitos objetivos de seguridad.
No debería extrañarnos que servicios secretos extranjeros no aliados, pongamos por caso los de Rusia, o socios con los que mantenemos tensiones, como Marruecos, quieran saber qué pasa por los dispositivos móviles de un jefe del Ejecutivo y de una ministra de Defensa de un país del «bloque enemigo» o de un aliado con el que hay negociar grandes intereses económicos. Lo hiciera Rusia o cualquier otro país, ésta sería la hipótesis más plausible.
La menos posible nos lleva a un ataque interno: alguien -o un grupo de personas- inserto en la seguridad del Estado aprovecha el acceso a Pegasus para espiar al mismo Gobierno para el que trabaja. Sería terrible, pero ojo, que ya ha pasado. Las escuchas «aleatorias» del Cesid grabaron y archivaron conversaciones desde el Rey Juan Carlos hacia abajo. El caso le costó el cargo en 1995 al vicepresidente del Gobierno Narcís Serra, el ministro de Defensa Julián García Vargas y el director del Cesid Emilio Alonso Manglano.