Semana «horribilis» para Fernando Grande-Marlaska. El Ministro del Interior se encuentra en el centro de la polémica después de que la oposición del Gobierno, asociaciones de funcionarios de prisiones y grupos de víctimas clamen su dimisión. Al informe de la Guardia Civil que desveló un canal de comunicación fluido y secreto entre Instituciones Penitenciarias y presos de ETA, se sumó ayer un nuevo rechazo de la Audiencia Nacional a su gestión. El juez de Vigilancia Penitencia revocó la libertad que había sido otorgada a Jon Crespo, un interno de la banda terrorista y es la segunda vez que ocurre en pocos meses. La Sala de lo Penal hizo lo mismo en el caso de Unai Fano por considerar que no era merecedor del tercer grado al no haber pedido perdón explícito a las víctimas.
«Estas decisiones arbitrarias de dirigentes, con un interés partidista» producen «un clamoroso agravio comparativo, si se compara con los derechos del resto de los casi 50.000 presos», expresan en la asociación de trabajadores de prisiones TAMPM. «Lo que más duele en el plano estrictamente profesional es que, este presunto plan de favoritismo de beneficios, se haya mantenido desde instancias gubernamentales, y sin el amparo de los técnicos y profesionales que deben emitir previamente los dictámenes que justifican medidas que suponga un beneficio penitenciario», dicen estos trabajadores.
El análisis del móvil de un histórico etarra, Antonio López Ruiz (alias ‘Kubati`) ha evidenciado que existían contactos, al menos desde 2019, entre la mano derecha de Marlaska y responsable de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, y el entorno de los encarcelados etarras para pedir favores cuando éstos estaban enfermos, agilizar sus acercamientos o, incluso, entregarle una «lista de prioridades».
A las críticas por este canal soterrado se suman miembros de la Policía. «Es una ofensa a las víctimas en general y, en concreto, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que fueron las que más sufrieron este terror», indica el Sindicato Unificado de Policía (SUP) a LA RAZÓN. Un paso más allá lo da el sindicato mayoritario Jupol que «exige» la comparecencia del ministro para dar explicaciones. «Creemos que no se puede consentir y deberían tomar medidas desde el Gobierno. O bien el cese inmediato o la dimisión», aclaran a este periódico.
Por su parte los grupos de víctimas también han mostrado indignación y decepción. El famoso informe de la Guardia Civil se encuentra en una causa de la Audiencia Nacional que investiga el carácter delictivo de los homenajes a excarcelados, los conocidos como ongi etorri y fuentes que forman parte del procedimiento aclaran que ya han solicitado al juez que cite a los protagonistas de estos contactos como Joseba Azkarraga, máximo responsable de Sare (red de apoyo a los presos) o el exdelegado del Gobierno en País Vasco Julen Arzuaga.
Para las víctimas es muy insuficiente el perdón genérico que a muchos de estos internos les ha valido para zafarse de la cárcel. De hecho el informe de la Jefatura de Información de la benemérita muestra cómo había tres modelos de cartas de arrepentimiento y cómo los presos optaban por uno en el que se limitaban a lamentar el daño causado. En las dos últimas resoluciones de la Audiencia Nacional -acordadas después de recursos de la Fiscalía a los terceros grados que Prisiones dio- los jueces se alinean con los perjudicados y suben el listón para que los presos salgan. Por el momento, el ministro ha evitado pronunciarse en público sobre este asunto, pero no lo tendrá fácil en sus siguientes apariciones.
