Es precisamente esta falta de «solvencia técnica» la que preocupa en Moncloa, donde dan por seguro que cualquier paquete legislativo de cierta ambición que salga del Consejo Ministros será objeto de recurso por parte de la oposición de derechas. Este exceso de celo se ha tenido en cuenta, por ejemplo, con la Ley de Eutanasia o la Ley de Libertades Sexuales, que ya sufrió también importantes retrasos y cambios en el seno del propio Gobierno, porque el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la retuvo hasta que no alcanzó cierta suficiencia jurídica. Por esta cuestión, recibió críticas del sector morado, que le llegaron a calificar de «machista». Sin embargo, en el ala socialista se quejan de que las normas que eleva Podemos carecen de la calidad jurídica suficiente y que tienen que mejorarlas antes de que vean la luz.
Una sensación que fue confesada, en un exceso de sinceridad, por parte de los morados. La secretaria de Organización, Lilith Vestrynge, reconoció en noviembre que cuando llegaron a Moncloa se encontraron con un PSOE «perfectamente formado» mientras que la cuota morada tuvo que entrenarse a toda prisa. Sin embargo, en el partido garantizan que esa inexperiencia ya pasó. «Ya no nos la cuelan», aseguran. Algo que ocurrió precisamente en la negociación de la ley Trans, cuando desde la parte morada criticaron a su socio por las exigencias sobre calidad normativa y seguridad jurídica que pedían a Igualdad. «Se piensan que no sabemos hacer leyes feministas», llegaron a denunciar.
Con la ley de Vivienda, además, se produjeron importantes discrepancias. Su negociación fue uno de los grandes asuntos que centró ya parte del trabajo gubernamental del ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que abandonó Moncloa sin cumplir con el compromiso de dar luz verde a la norma, a pesar de haberse comprometido a ello Sánchez en la negociación presupuestaria de 2020. La norma, sin embargo, siguió dilatándose en el tiempo. El PSOE se había comprometido a presentar la ley en enero de 2021 en Consejo de Ministros, pero continuó encallada hasta el mes de octubre del pasado año, cuando los morados volvieron a advertir a los socialistas de que no avalarían los Presupuestos si no se aprobaba la norma. La guerra por la regulación de los alquileres dividía al ministerio de Transportes y de Derechos Sociales y se entendió como un nuevo órdago en la coalición con el que los morados contaron con el beneplácito de los socios de investidura.
El 5 de octubre, el Gobierno logró alcanzar un acuerdo en el seno del Gobierno para la aprobación del los Presupuestos, tras haber desbloqueado la ley de Vivienda. En un primer nivel la negociación descansó en el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, pero fue necesaria una reunión posterior a dos entre el presidente del Gobierno y la líder de Unidas Podemos en Moncloa, Yolanda Díaz, para darle el plácet definitivo.
Ahora, la decisión del CGPJ tiene una consecuencia inmediata. La ley de Vivienda no llegará al Consejo de Ministros en primera lectura, con toda probabilidad, hasta el mes de febrero, después de que el órgano judicial haya decidido posponer el informe sobre la ley hasta el 27 de enero. Un escenario que ha hecho a los morados salir en tromba a expresar su «preocupación» por este retraso que, fuentes moradas, han denunciado como «injustificables a una ley que tiene que dar respuesta a la emergencia habitacional que vive nuestro país». Subrayan que la ley «permite por primera vez la regulación de los alquileres en las zonas con mercados encarecidos». La norma también recoge bonificaciones para incentivar que pequeños propietarios bajen las rentas a los inquilinos y medidas para fomentar el parque público de vivienda.
Por su parte, desde el Ministerio de Transportes lanzaron ayer “un mensaje de tranquilidad y plena confianza en que esta ley será una realidad que llegará pronto al Parlamento para su aprobación definitiva y que contará con todas las garantías y plena seguridad jurídica”. Desde el Gobierno “respetan” la decisión del CGPJ y “lamentan” el retraso en la tramitación de una norma “que garantiza derechos y que aporta soluciones a los importantes problemas habitacionales de muchos españoles”. El sector socialista intenta, además, esquivar las críticas de Podemos de que han sido ellos quienes han retenido la ley, asegurando que “el informe se solicitó el pasado 1 de diciembre, por trámite de urgencia, para que fuera emitido en el plazo de 15 días”. Desde el Ministerio señalan, además que “es urgente y necesaria la aprobación de la que será la primera ley de vivienda de la democracia, cuya importancia también conlleva complejidad en su tramitación”.
