Cuando hace más de un año se reunió con un reducido grupo de empresarios catalanes, Iván Redondo, el entonces todopoderoso jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, no pensó que esa cita llegaría no ya a un juzgado español, sino incluso hasta la propia Fiscalía Europea, el organismo que empezó a funcionar el pasado verano para investigar delitos de fraude y corrupción contra los intereses económicos de la UE.
Pues ambas cosas ya se han producido después de que la Audiencia Provincial de Barcelona avalara la semana pasada la decisión del Juzgado de Instrucción Número 1 de la capital catalana de remitir a esa Fiscalía Europea una parte del caso Voloh, como se denomina a la causa que instruye el juez Joaquín Aguirre contra una treintena de ex altos cargos secesionistas acusados de financiar ilegalmente el ‘procés’ a través de fondos públicos.
Uno de ellos es David Madí, una especie de Iván Redondo del expresidente catalán Artur Mas y asesor del fugado Puigdemont. El mismo que formó parte de ese reducido grupo de empresarios catalanes con los que se reunió el jefe de Gabinete de Sánchez en septiembre de 2020 para avanzarles detalles sobre los fondos Next Generation, como se conocen los 140.000 millones que la UE va a destinar a España para relanzar la economía nacional tras la crisis del coronavirus.
Tres semanas después de asistir a esa reunión, David Madí contactó por teléfono con Joan Ferran Oliva, apoderado de una empresa de consultoría y familiar suyo, para compartir con él los detalles de ese programa millonario que el gurú de Sánchez había adelantado a un selecto grupo de la patronal catalana, Fomento del Trabajo, del que él mismo forma parte. Y para proponerle un negocio aprovechando esa información: buscar empresas que pudieran optar a las licitaciones públicas que se iban a financiar con esos fondos y cobrarles por cada adjudicación obtenida.
«Me vi con Foment [por Fomento del Trabajo], formo parte de Foment, tuvimos una reunión en pequeño comité con Iván Redondo; esto será una merienda de negros, son 140.000 millones», decía literalmente Madí a su socio y familiar en esa conversación intervenida por la Guardia Civil en el marco de la Operación Voloh.
En esa conversación, Madí concreta a Oliva cómo pensaba aprovechar la ocasión con estas empresas y estos fondos: «La idea es ayudarlos y canalizarlos. Es decir, lo que tendríamos que hacer es: ‘oye, escucha, nosotros te aportaremos proyectos para que presentéis’ y entonces hablaremos con ellos, de qué forma los queréis, cómo lo hemos de presentar…». A cambio, proponía cobrar una cantidad fija por cada adjudicación obtenida: «El negocio yo creo que está en un ‘success fee’ discreto para ayudarlos a presentar proyectos».
Esa grabación y otras diligencias relacionadas con la reunión de Iván Redondo en la que estuvo Madí es lo que el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, decidió el pasado verano trasladar a la Fiscalía Europea para que investigue si detrás de todo ello pudiera haber un delito de desvío de fondos comunitarios. La Fiscalía Anticorrupción española y la defensa del propio Madí se opusieron a esta decisión del juez instructor, por lo que el caso llegó a la Audiencia de Barcelona, que el pasado día 23 dio la razón a este último.
Aval al instructor
Entiende esta Audiencia Provincial que el juzgado de instrucción sí es competente para dar traslado de esa parte del caso Voloh a la Fiscalía Europea y aplaude además que lo hiciera tan pronto como tuvo conocimiento «ante la sospecha de que el investigado pudiera concertarse con su interlocutor para obtener subvenciones europeas con ánimo defraudatorio». No en vano, recuerda la Audiencia de Barcelona, David Madí esta imputado por ese mismo juzgado de instrucción desde octubre de 2020 precisamente por supuesto desvío de fondos públicos para financiar de forma ilegal el proceso secesionista.
Iván Redondo protagonizó dicha reunión porque a principios de ese año 2020 se creó la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el mismo por el que el Gobierno de España gestiona y adjudica estos fondos europeos. Este departamento está adscrito a la Secretaría General de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, que depende a su vez del jefe de Gabinete, es decir, en ese momento del propio Redondo,.
