El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estuvo ayer muy presente en las conversaciones que acompañaron a los actos de celebración del Día de la Constitución. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, confirmaron que la negociación está encallada, y que las perspectivas, como ayer informó este periódico, son pesimistas.
El elemento determinante, aunque las dos partes le pongan sordina, es que tanto Sánchez como Pablo Casado están convencidos de que, llegados a este punto, para sus intereses es más costoso ceder, para forzar el pacto, que prolongar la situación actual. El análisis lo resume bien esta valoración interna que sale del lado de la coalición: «Ya da igual dos meses más de bloqueo que dos años».
En la pelea pública la discusión la resuelven con el habitual cruce de acusaciones sobre quién es más responsable del deterioro del Poder Judicial. Y marcando en el calendario nuevas referencias para ganar tiempo ante la presión jurídica.
Pero, en el fondo, el análisis es bastante parecido y, salvo que haya un terremoto que les obligue a recomponer la figura, ninguna de las partes confía ya en que pueda realmente haber un acuerdo en los próximos meses. No es un problema ni siquiera de nombres, sobre los que, de querer, ya hay un acercamiento de base que viene de la etapa de Juan Carlos Campos como ministro de Justicia.
El problema es más bien de coste de oportunidad. El PP no puede asumir el desgaste que le provocaría en clave política la decisión de dar marcha atrás en su exigencia de que la renovación vaya ligada a la reforma del sistema de elección de los jueces, de tal manera que sean los jueces los que nombren a los jueces.
Y Sánchez está en una situación parecida. Tampoco tiene espacio para salir de la «encerrona» sin que la reforma legislativa le ponga en aprietos con sus socios, más allá de que, además, ese cambio legal le coloque en una situación de «desventaja», o así lo creen en las filas socialistas, ante futuras renovaciones.
De momento, y en un escenario en el que las partes implicadas empiezan a asumir oficiosamente que el bloqueo puede llegar hasta las próximas elecciones, salvo causa mayor, el presidente del Gobierno utilizó la celebración de la conmemoración del aniversario de la Constitución para exigir al PP que cumpla de «pe a pa» todos sus artículos. El órgano de gobierno de los jueces acaba de cumplir los tres años con el mandato caducado.
Sánchez señaló a Casado al apuntar que «dos no bailan si uno no quiere». Pero no explicó los motivos de su negativa a afrontar la reforma del sistema de elección de los jueces en línea con lo que piden en Europa y con lo que reclaman todas las asociaciones judiciales, aunque no estén de acuerdo en el momento en que debe afrontarse esta revisión legislativa.
El PP tiene bien cogida la medida al Gobierno, y a sus socios, en esta negociación, y ha matizado su última condición con la obligada precisión de que la renovación pendiente tiene que hacerse conforme a las reglas en vigor. Pero también tiene que ir acompañada de la formalización en el Congreso de la reforma legislativa por parte del Grupo Socialista.
