Aunque las negociaciones entre los agentes sociales y el Gobierno han entrado en la recta final y la cuenta atrás está ya en marcha, las medidas para terminar con la temporalidad siguen taponando el acuerdo en torno a la nueva legislación laboral. Y agrandando la brecha abierta entre las vicepresidentas primera y segunda que parecía haber remendado el presidente del Gobierno hace tan solo unos días.
Ayer, la ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguraba en Córdoba que «habrá una propuesta nueva para la próxima reunión en esa mesa de diálogo social de la de la próxima semana». Sin embargo, fuentes cercanas al ministerio de Trabajo ofrecen una versión diferente: «Por el momento se están estudiando posibilidades y no se ha retirado oficialmente el porcentaje del 15%». «Habrá que estudiar posibilidades, siempre somos flexibles, pero por ahora no se sabe si se llevará otra propuesta el próximo miércoles», explican las mismas fuentes.
Esté limite legal para atajar la temporalidad es la clave actualmente de las negociaciones. La propuesta levantó una fuerte polvareda entre los empresarios que, no obstante, sí que comparten plenamente la necesidad de rebajar la temporalidad de nuestro mercado de trabajo y se muestran abiertos a explorar fórmulas sectoriales. En el entorno de Díaz se insite en que la propuesta de limitar al 15% de las plantillas el porcentaje de trabajadores temporales «no es del Ministerio de Trabajo, la incorporaron en la mesa los agentes sociales». El rechazo rotundo de los empresarios hacia la misma lleva la mirada hacia los sindicatos, con quien Díaz mantiene una relación muy fluida.
Menos problemas está ocasionando ahora los otros grandes retos de la negociación: la jerarquía de los convenios. Los empresarios se muestran bastante abiertos a llegar a un entendimiento en la ultraactividad, esto es en que los convenios sigan vigentes mientras se llega a un acuerdo para la redacción de otro nuevo, pues aseguran que en la práctica esta cláusula ya se incluye de manera consensuada en la mayoría de los convenios. También se ve posible aceptar la prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa, siempre y cuando se mantengan las cláusulas de descuelgue.
En cualquier caso, el tiempo apremia. Tras la reunión del lunes en la que el Gobierno parecía haber llegado a un acuerdo interno sobre el alcance de la negociación, desde Moncloa se insistió en que «antes de que acabe 2021» España debe aprobar «una legislación laboral moderna que revise los desequilibrios de la reforma de 2012 y deje atrás los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo» y puso como ejemplo la derogación del artículo que permitía el despido por absentismo, los reglamentos de igualdad, los ERTE, la Ley ‘rider’ o el trabajo a distancia. Desde Economía se apuntaba incluso al mes de noviembre, aunque lo cierto es que los acuerdos sociales alcanzados durante la pandemia se han logrado siempre en tiempo de descuento, lo que anticipa un final de las negociaciones de nevo al límite.
