El Congreso de los Diputados controla al Gobierno y no al revés. Al menos, esa era la dinámica existente hasta la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa. Este miércoles, el líder de la oposición, el popular Pablo Casado, ha trasladado al jefe del Ejecutivo tres preguntas concretas y las tres han recibido un notorio silencio. Entre los ‘olvidos’ del presidente figura aquella promesa electoral de que iba a «traer» al prófugo Carles Puigdemont ante la Justicia española. Un compromiso que hoy ha evitado revalidar en la sede de la soberanía nacional.
Lo cierto es que Casado podría haberle preguntado la hora a Sánchez y habría obtenido la misma respuesta: «Abandone la insumisión constitucional». En cada sesión de control, en cada careo con el líder de la oposición, el presidente del Gobierno aprovecha para instarle a renovar el caducado Consejo General del Poder Judicial. Daba igual que hoy Casado, en su pregunta, le hubiese cuestionado por la «x» del caso Gali, por las previsiones económicas del INE o por su promesa de «traer» al ‘expresident’ fugado. Sánchez ha abrazado la pregunta registrada, si tiene «un proyecto para España», para divagar generalidades y pasar al ataque contra el PP.
«¿Es usted la ‘x’ del caso Gali? ¿Ordenó falsear las previsiones económicas del INE para cuadrar unos Presupuestos radicales con Podemos? ¿Va a cumplir su palabra de traer a Puigdemont?». Silencio en la réplica, silencio en la contrarréplica. Pero por si el rol del presidente del Gobierno no había quedado lo suficientemente desvirtuado, Sánchez ha lanzado una ‘pregunta de control’ a Casado cuando este no tenía ya turno para responder: «¿Está de acuerdo con indexar las pensiones al IPC? ¿Sí o no?». En la bancada socialista todo son aplausos. Antes, Casado había insistido: «Quien calla otorga. Se cree por encima del bien y del mal. Viene aquí y no contesta a nada. ¿Va a presionar para que se juzgue en España a un golpista? ¿Sí o no?». Nada.
La sesión de control, a la que al menos esta semana han acudido veinte de los veintidós ministros -a la anterior solo acudieron seis-, ha estado marcada por la detención de Puigdemont en Cerdeña, el nuevo incremento en el precio de la luz, el caso Gali y los homenajes a etarras convictos en el País Vasco. Sánchez ha constatado de primera mano, en la pregunta que le ha formulado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que el diálogo que pregonaba Puigdemont nunca fue sincero.
«Putiferio» en la «cacería» de Puigdemont
La diputada independentista ha protagonizado un durísimo discurso en el que ha enterrado la ‘mesa de diálogo’ por el «putiferio» en la «cacería» de Puigdemont y ha acusado al presidente del Gobierno de someterse al Poder Judicial «fascista». Su hiperventilada intervención ha dado pie a Sánchez para sacar a relucir su afición por el baloncesto y acordarse de Kyrie Irving, estrella de la NBA que se niega a vacunarse del Covid-19 porque ve un complot contra los negros para que sean controlados por «ordenadores satánicos». A ese nivel ha situado Sánchez la «conspiración» de Nogueras.
«Ni usted misma se cree lo que ha dicho hoy aquí en las Cortes», le ha reprochado Sánchez. Tan contundente había sido Nogueras que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se ha visto obligada a llamarle la atención por faltar al decoro de la Cámara. Inauguraba así la socialista su política de ‘tolerancia cero’ contra los insultos, tras los improperios vertidos la semana pasada por un diputado de Vox a una parlamentaria socialista.
Al presidente Sánchez también le ha contrariado la pregunta de la líder de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas. Le ha sorprendido que en una cuestión sobre «actualidad política» la diputada le haya interpelado por su política educativa. «Debe de ser el único presidente que considera que hablar de la vuelta al cole en septiembre no es hablar de la situación política actual», ha apuntado Arrimadas en su réplica, antes de criticar la ‘ley Celaá’ por poner en entredicho, según ella, la calidad educativa y la cultura del esfuerzo.
Arrimadas ha acusado a Sánchez de dar alas al sectarismo y al nacionalismo en la educación y le ha recordado que el año pasado tendió su mano al Gobierno para evitar la dependencia actual de ERC y de EH Bildu; «los más xenófobos de España». «La verdad es que siempre he sentido la mano tendida de los liberales españoles», ha ironizado Sánchez arrancando risas en filas socialistas. Después, ha defendido datos como los más de 2.000 millones de euros destinados a becas de estudio o que «el 99,5 por ciento» de las aulas permaneciesen abiertas el curso pasado a pesar de la pandemia.
Los ministros defienden el «diálogo»
También los ministros de Hacienda, María Jesús Montero, de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Presidencia, Félix Bolaños, han contestado preguntas relacionadas, de una u otra forma, con el ‘procés’. El popular Mario Garcés ha interrogado a la ministra Montero sobre las «cesiones al independentismo» que prepara en los Presupuestos Generales del Estado, pero esta se ha limitado a comprometerse a aprobar las cuentas públicas antes de final de año y a insistir en que todas las fuerzas políticas están llamadas a la negociación. Unas conversaciones que el Gobierno empezó hace semanas con sus socios y de las que desconocen todos los detalles los partidos de la oposición.
Mariona Illamola, de Junts, ha preguntado a Grande-Marlaska «quién es el tapado» de la detención de Puigdemont y ha relacionado al Ministerio del Interior con su captura en Cerdeña. El ‘expresident’ fue puesto en libertad sin medidas cautelares, pero deberá comparecer en Cerdeña el 4 de octubre para que el tribunal decida sobre su posible entrega a España. El titular de Interior ha defendido la separación de poderes y ha desvinculado su departamento de lo sucedido en Italia.
Desde la CUP, la diputada Mireia Vehí ha puesto en duda que después de lo sucedido la semana pasada la ‘mesa de diálogo’ pueda prosperar y ha insistido, como parte habitual de su repertorio, en que la única salida para Cataluña pasa por una ley de ‘amnistía’ y un referéndum de ‘autodeterminación’. Bolaños ha argumentado que un «ochenta por ciento de los catalanes» quieren soluciones pactadas para terminar con el enfrentamiento entre independentistas y no separatistas –«el referéndum significa cronificar el conflicto», ha aseverado–, y ha invitado a la CUP al «diálogo» en el que, de los partidos soberanistas con representación en el Parlament, solo resiste ERC.
