Quince días. Ese fue el tiempo inicial de cierre que se decretó en los centros educativos de Aragón. Era 16 de marzo del 2020 y el curso parecía que, a pesar del estado de alarma y de la crisis sanitaria del covid, todavía se podía salvar. Nada más lejos de la realidad. Ese periodo previsible resultó ser luego una auténtica quimera que se prolongó en el tiempo una y otra vez. Ni siquiera ahora, después de cuatro olas y miles de contagios en la comunidad, la situación educativa ha vuelto a su punto de partida natural. Sigue renqueante y con aristas que pulir.
«Los hogares se convirtieron en improvisadas aulas y las familias en voluntarioso profesorado», recuerdan desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (Fapar). Esta revolución del sistema educativo ha transformado la organización y los hábitos, pero también ha sacado a la luz las debilidades de un sistema donde los alumnos más vulnerables han sido los más perjudicados. «El impulso obligado a la enseñanza online dejó en evidencia las carencias que existen, tanto en formación como en recursos, que ha continuado en el presente curso con los confinamientos y la fallida enseñanza semipresencial en Secundaria», añaden desde Fapar.
Con circuitos de entrada y salida predeterminados, planes de contingencia, distancia social, mascarillas y grupos burbuja, los colegios e institutos han remado a favor para adaptarse a las circunstancias. «Pese a las dificultades, el esfuerzo de toda la comunidad educativa, especialmente el ejemplo dado por el alumnado, han ido mostrando los centros educativos como espacios seguros y necesarios», dicen las familias.
Ahora quedan por conocerse los efectos académicos del covid y de esta revolución en las aulas. La DGA dice que los resultados del primer semestre, según un estudio interno, son «similares» a los del año anterior. Las familias dudan de ello. «Esta crisis y su duración nos deja huellas en las que habrá que trabajar tanto académica como emocionalmente, sin olvidarnos de los problemas de conciliación, que sigue siendo la asignatura pendiente», señalan desde Fapar.
De igual modo que la enseñanza obligatoria se detuvo en seco en marzo, en la Universidad de Zaragoza los planes también se alteraron: toda actividad académica presencial se suspendió y se cerraron los colegios mayores.
Los universitarios abandonaron la vida en el campus, muchos hicieron las maletas y se volvieron a sus lugares de origen, mientras que otros pasaron el confinamiento en su piso de estudiantes. «Recuerdo que contactamos por teléfono con aquellos que no tenían ordenadores ni datos para ofrecerles estos recursos. Incluso con ayuntamientos de algún pueblo para que les ofrecieran un lugar con acceso wifi donde poder seguir con sus estudios», cuenta Ángela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes del campus público. «Pensábamos que sería un periodo corto y muchos se fueron sin nada, hasta sin los abrigos, dejaron todo en los colegios mayores. A quien no se pudo ir a su país, como por ejemplo los estudiantes chinos, les ofrecimos apartamentos», cuenta.
Dada la situación, el campus dejó de cobrar la cuotas de estas residencias universitarias y, además, no aplicó una subida de tasas en las asignaturas a aquellos estudiantes que no se presentaron, ya que la convocatoria no corrió para ellos. «Es algo de lo que me siento muy contenta. La forma de impartir clases cambió y entendimos que había que dar facilidades», dice Álcalá.
Además de no subir los precios en segundas y terceras matrículas, el campus ha entregado ordenadores para romper la brecha digital y ha incrementado las becas covid. «Las ayudas sobrevenidas han crecido. Ha sido un año muy difícil tanto para las familias como para los propios alumnos», reitera la vicerrectora.
