El mundo laboral: El salvavidas del erte

La pandemia ha generado situaciones insólitas en todas las esferas de la vida, algunas de ellas en el mercado laboral. El confinamiento inicial y las restricciones de actividades hicieron imprescindible la puesta en marcha por parte del Gobierno central de un modelo específico de expedientes temporales de empleo, más conocidos como ertes, a los que tuvieron que acogerse en algún momento –desde unos días a varios meses– más de 177.000 aragoneses (3,7 millones en toda España). Una parte de ellos, en torno a 10.000, han estado permanentemente con sus puestos de trabajo suspendidos desde que estalló la crisis sanitaria en España, con lo que llevan ya un año viviendo de esta ayuda. Gracias a esta herramienta, han mantenido un nivel de ingresos con el que poder subsistir, con algunas ventajas respecto a la prestación de paro convencional, pero viven con temor e incertidumbre el futuro ante los negros nubarrones que siguen pesando sobre sus actividades profesionales.

La fórmula ha supuesto una de las principales piezas de escudo social puesto en marcha por el Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez, fruto de los acuerdos alcanzados con las organizaciones empresariales y los sindicatos. Sin embargo, el éxito de la ayuda se ha visto ensombrecida por los problemas de gestión. El alud de expedientes hizo que se colapsaran los servicios públicos de empleo tanto autonómicos como estatales, lo que provocó retrasos en el pago de las prestaciones por parte del Sepe, debido en gran medida a la falta de personal que padece este organismo por los recortes aplicados en la última década.

Las sucesivas prórrogas de los ertes han sido un salvavidas que miles de aragoneses que han visto como sus empleos se quedaban en hibernación por las restricciones sanitarias. Los sectores de la hostelería, el turismo, el comercio o la cultura han concentrado los expedientes de la larga duración. Estos trabajadores son también los que más dificultades tendrán para volver algún día a sus puestos de trabajo. A medida que pasan los meses, su salida hacia el empleo se hace más complicada.

Otras prestaciones

La figura de los erte ya existía hace tiempo, pero en la nueva modalidad legislativa creada por el coronavirus recoge exoneraciones en las cotizaciones sociales que paga la empresa y una salvaguarda especial de los trabajos al no impedir que se hagan despidos hasta seis meses después de la finalización del expediente. Para el afectado, tienen la ventaja añadida de que no se consume el paro ordinario que tenga cotizado.

Esto ha supuesto un enorme esfuerzo financiero para las arcas del Estado. De hecho, el gasto en prestaciones del Sepe alcanzó en el 2020 la friolera de los 842 millones de euros en Aragón, el doble que el año anterior (427 millones), lo que supone la cifra más alta de toda su historia.

Esta cobertura social ha permitido sostener empresas y evitar que cierren, al tiempo que se ha protegido a los trabajadores para que tuvieran ingresos y no acabar directamente en el paro. Aún así, Aragón cuenta hoy con 20.000 desempleados más que hace un año.

El erte ha sido la prestación más utilizada en la pandemia, pero no la única. El Sepe también ha concedido otras prestaciones específicas colectivos como los fijos discontinuos. La Seguridad Social también puso en marcha el llamado paro de los autónomos, una ayuda por cese de la actividad o brusca caída de la facturación que han percibido más de 50.000 profesionales de Aragón.

¿Hasta cuándo serán necesarias estas herramientas extraordinaria? La vigencia de los ertes está garantizada hasta el 31 de mayo. De ahí en adelante dependerá de la evolución de la pandemia, aunque todo hace indicar que irán desapareciendo de forma gradual. A ello deberían ayudar los fondos para políticas activas de empleo repartidos por el Estado. Aragón cuenta con 32,2 millones para fomentar la contratación y la formación en los sectores que más les está costando remontar la crisis.