El Gobierno se abre a un proceso de ayudas a los afectados por el temporal, sin querer comprometer todavía el mecanismo, y dejando claro que nos encontramos todavía en una fase previa en la que la evaluación de los daños no ha terminado. En este sentido la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha vuelto a realizar un llamamiento a la prudencia y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en «evitar cualquier desplazamiento que no sea imprescindible».
Marlaska ha dicho este mediodía que « el Gobierno no necesita solicitudes» de declaración de zonas gravemente afectadas por emergencia, puesto que dentro del Sistema Nacional de Protección Civil «estamos trabajando —ha dicho— y evaluando los daños que a día de hoy se puedan objetivar». En este extremo, ha llamado la atención la contradicción entre el ministro, que ha sostenido en todo momento que se anotan daños «desde el principio» del temporal, y la portavoz, que en esta comparecencia en La Moncloa ha sostenido literalmente que esa labor «comienza en el día de hoy».
En cualquier caso, el Ejecutivo intenta zanjar el debate sobre la declaración de esa figura, abriendo la puerta a la aplicación de ayudas: «Cuando ello esté contabilizado procederemos a la normativa correspondiente para poder resarcir», ha dicho la portavoz del Gobierno. En el Ejecutivo plantean que «para tener una evaluación definitiva del conjunto habrá que esperar a superar los adversos episodios», algo que, insisten todavía no ha sucedido: «Que los ciudadanos tengan claro que la alerta no ha terminado».
Pero el Gobierno no quiere comprometerse en concreto con la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia, que antiguamente se denominaba zona catastrófica, hasta que no complete esa evaluación. Por eso ha pedido «mirar cada fenómeno en su dimensión», en función de la incidencia que pueden tener las diferentes emergencias meteorológicas.
Al margen, Grande-Marlaska ha detallado en esta rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros del año los tiempos de activación de los organismos y recursos de emergencia, empezando por la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Prevención (CECOP) el jueves 7 por la tarde, en un esfuerzo por contrarrestar las críticas que apuntan a que se reaccionó tarde. En contra de ello, el ministro ha sostenido que ya en la fase de previsión de las graves inclemencias meteorológicas «se posicionó a la UME (Unidad Militar de Emergencias) en lugares donde teníamos conocimiento que era factible que se nos iba a solicitar», por lo tanto antes de que comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha y, posteriormente, Aragón, pidieran esa ayuda. Así, por ejemplo, «salió » a los lugares donde era necesaria su colaboración, como ante «el embolsamiento de vehículos», y gracias a esa «previsión» se pudo garantizar el «correcto funcionamiento de los servicios esenciales».
El titular de Interior ha respondido también a las dudas de por qué no declaró la emergencia desatada por la borrasca como de «Interés Nacional», figura prevista en la Ley de Protección Civil de 2015 para la que no se cumplían los requisitos, ha justificado. Entre otros, se exige que la emergencia «sea casi en la totalidad del territorio nacional o en un número importante de autonomías, y que en ningún momento las comunidades se encuentran en incapacidad de gestión, no solo que no tengan medios suficientes», y por el contrario «las capacidades de Madrid, Castilla-La Mancha o Aragón, las más afectadas, quedaban razonablemente adecuadas para gestionar». «Que una comunidad necesite ayuda del Sistema Nacional de Protección Civil, a la UME, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no determina que no tenga capacidad de gestión», ha zanjado. Grande-Marlaska ha recordado que la emergencia de Interés Nacional sólo se ha activado en marzo pasado tras la declaración del estado de alarma por el Covid.
