Apenas una semana después de ordenar a la Policía Científica que investigue quién dañó la tarjeta SIM con los datos del móvil robado en noviembre de 2015 a la ex colaboradora de Podemos Dina Bousselham, que estuvo en poder de Pablo Iglesias durante meses, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha ratificado su decisión de retirar al líder morado su condición de perjudicado en la pieza del “caso Villarejo” en la que se investiga la sustracción de ese teléfono.
En su resolución, el instructor recuerda que Iglesias devolvió dañada a Bousselham la tarjeta del móvil, que incluía imágenes de capturas de intervenciones del líder de Podemos en grupos de una aplicación de mensajería, que desconoce por qué motivo hizo la ex asesora morada.
En todo caso, continúa, cuando Iglesias accedió al contenido de la tarjeta pudo ver que esas imágenes estaban allí, como él mismo reconoció, admitiendo que examinó el dispositivo en un ordenador de la sede del grupo editorial de Asensio. La propia víctima declaró en la Audiencia Nacional que el líder de Podemos sabía lo que había dentro de la tarjeta, porque él mismo se lo dijo.
“Es probable -concluye García Castellón- que este último apunte pueda ser la clave para entender no solo porque Pablo Iglesias no devolvió la tarjeta a la señora Bousselham, sino lo más relevante; el estado en que se la devolvió”.
El instructor rechaza así el recurso interpuesto por la defensa del vicepresidente del Gobierno, al que se opuso la Fiscalía, en el que insistía en considerarse víctima de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, tras vincular a “fines políticos” la sustracción del móvil y la publicación de imágenes y conversaciones del terminal sustraído en OKdiario, que atribuye a un plan urdido por la “Policía patriótica” que se habría encargado de ejecutar el comisario jubilado José Manuel Villarejo con el “único objetivo” de desprestigiarle políticamente ante la opinión pública. Entre esas conversaciones figura una en la que el líder de Podemos aseguraba respecto a la periodista Mariló Montero que “la azotaría hasta que sangrase”
Según exponía la defensa del político, las anotaciones contenidas en una agenda intervenida a Villarejo -en prisión provisional desde noviembre de 2017 por el “caso Tándem”- referentes a reuniones con diversos periodistas “acreditan” la voluntad del ex comisario “de publicar la información que tenía en su poder”.
Sin embargo, el juez explica que a medida que ha ido evolucionando la instrucción de esta causa y tras la aportación de datos nuevos a la misma se ha revelado un “escenario diferente” que conduce a revocar la condición de perjudicado a Iglesias. De hecho, recalca, la investigación “no ha permitido concluir, sin lugar a duda”, que la fuente del medio digital fuese Villarejo.
García Castellón recuerda que el líder de Podemos tuvo en su poder la tarjeta del teléfono de Dina Bousselham antes de que se crearan los archivos hallados en poder de José Manuel Villarejo, en concreto desde el 20 de enero de 2016 -cuando se la entregaron dos periodistas de Interviú también investigados tras negarse el medio a publicar su contenido-, y que no se han encontrado en poder de Villarejo dispositivos con esa información anteriores al 14 de abril de ese año.
Y es que según un informe de la Policía Científica del pasado enero, recuerda, toda la información que contenían en dos “pendrives” encontrados en el registro del domicilio del ex comisario “fueron copiados de otro anterior creado en diciembre de 2015 y que no ha sido hallado hasta la fecha”, por lo que “no ha resultado acreditado que Villarejo posea la primera copia de la tarjeta”.
Asimismo, el magistrado esgrime que Iglesias “ocultó” a Bousselham la posesión de la tarjeta de memoria hasta meses después. “Se infiere de lo actuado que el señor Iglesias, pese a ser conocedor del contenido de la tarjeta y de la sustracción de la misma, no devolvió a Dina la tarjeta hasta tiempo después, con consecuencias para el esclarecimiento de los hechos investigados”, señala. Sin que, subraya, el político haya sido capaz de “concretar la fecha de la devolución”. El instructror constata que por el momento se desconoce cuándo recuperó Dina Bousselham la tarjeta, pero apunta que “existen razones fundadas para entender que no debió ser antes de 2017”.
Para el instructor este hecho resulta llamativo “teniendo en cuenta el carácter particularmente degradante y vejatorio que el hecho tenía para Dina Bousselham, su compañera de partido, en la medida que la tarjeta almacenaba fotografías, documentos y otros archivos de su esfera más íntima que habían acabado en manos de un medio de comunicación”.
Un comportamiento, continúa, que es incompatible con la dimensión política que el vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez pretende dar a la sustracción de la tarjeta y que «lo desvincula completamente del argumentario sostenido, respecto a la presunta injerencia política».
El juez hace hincapié en que cuando recibió la tarjeta de manos del presidente del Grupo Z, Antonio Asensio, no le dijo nada a su ex asesora pese a saber que contenía información personal e íntima de su titular y que, además, la tarjeta había sido obtenido de forma ilícita.
Para García Castellón, esta pasividad resulta “incoherente” con las manifestaciones realizadas en el juzgado por Iglesias y confirma «que no puede ser tenido por perjudicado en ningún caso”. Y es que para el instructor esa conducta “tuvo influencia en la investigación de los hechos que Dina Bousselham pretendía esclarecer”.
El instructor ordenó a la Policía que investigase cuántos meses tuvo en su poder esa tarjeta SIM el líder de Podemos, quién pudo recibir esa tarjeta «y qué pudo hacer con ella”.
El pasado 18 de mayo, en una nueva comparecencia ante el instructor, Bousselham aseguró, tras analizar la documentación incautada a Villarejo, que “se habrían modificado algunos archivos, echando en falta información de carácter personal muy apreciada”. Y ratificó que la tarjeta que le entregó en julio de 2016 Pablo Iglesias estaba dañada y nunca pudo ver su contenido. Además, reconoció que hizo capturas de las imágenes de las conversaciones con Iglesias -entre ellas la referida a la periodista- y “admitió haberlas enviado a terceras personas desde su propio teléfono móvil”.
García Castellón quiere esclarecer cuánto tiempo tuvo la tarjeta en su poder Iglesias y quién es el responsable de que se borrara su contenido, que el propio líder morado calificó como “reservado, sensible y además íntimo”. El magistrado estima que el actual vicepresidente del Gobierno habría mantenido en su poder la tarjeta entre cinco meses, si se la hubiese entregado a su ex asesora en junio de 2016, y 39 meses, si lo hizo en el propio juzgado en marzo del pasado año.
