Los grupos parlamentarios del PP, Cs y Vox no consiguieron este miércoles en el Congreso tumbar por completo el proyecto de ley educativa del Gobierno, la LOMLOE, más conocida como «ley Celaá». Los tres partidos presentaron sus respectivas enmiendas a la totalidad al proyecto. Dichas enmiendas, como su nombre lo indica, pretendían rechazar el proyecto normativo en su conjunto. Han votado a favor 153 diputados y 195 en contra. Aparte de Cs, PP y Vox apoyaron las enmiendas Navarra Suma y Foro Asturias.
La «ley Celaá» continuará su tramitación parlamentaria en pleno de estado de alarma y con gran incertidumbre sobre la vuelta al colegio. Sin embargo, para la ministra este contexto parece ser el idóneo: «Se trata de un proyecto de ley oportuno y necesario, pero también de una norme eficaz, porque aborda los principales retos del sistema».
El proyecto de ley se llevó dos veces al Consejo de Ministros. La última, el pasado 4 de marzo. El texto, según dijo entonces la ministra, era el mismo que se aprobó el 15 de febrero de 2019, día en que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, convocaba elecciones, por lo que el proyecto quedó en papel mojado. Se disolvieron las Cortes y la tramitación parlamentaria quedó suspendida. En marzo, no fueron las elecciones, sino la llegada del coronavirus lo que retrasó la tramitación de la ley por la suspensión de la actividad en el Congreso. La «ley Celaá» no pasó ni entonces ni ahora por el Consejo de Estado, el «supremo órgano consultivo del Gobierno», definido así en la Constitución, con el argumento de que lo que diga el Consejo de Estado «no es preceptivo». Tanto el PP como Cs le reprocharon ayer que no pasara por la ley por este órgano.
En plena pandemia, el Gobierno consigue la continuación de la tramitación parlamentaria de su ley, pese a contar con el rechazo de gran parte de la comunidad educativa por atacar a la concertada, cercar la Religión y dar alas a las comunidades para decidir sobre el castellano en las aulas. Tanto el PNV (y Bildu) como JuntsxCat aprovecharon ayer sus comparecencias para defender sus lenguas autonómicas. La ley que permite hacer el Bachillerato en tres años y obtener el título de esta etapa con una suspensa.
En las intervenciones de Cs, Vox y PP hubo un punto de encuentro: que la tramitación de esta ley no era oportuna en el contexto que está sufriendo España. «Usted me va a decir que la tramitación es normativamente correcta. No voy a volver a entrar a discutirlo, lo será, pero con más de 40.000 muertos y una crisis educativa flagrante, y una económica en ciernes, política y éticamente no lo es», aseguró Marta Martín, diputada de Cs. En la misma línea, le recriminó que «mientras la mayoría de los mortales estamos en estas cuestiones, el Gobierno vive en otra dimensión, nos traen hoy al Pleno del Congreso la LOMLOE, con grandes sesgos ideológicos». «Imponer una reforma estructural de calado, no consensuada, en una situación, no ya de estado de alarma, sino de estado de emergencia educativa es, como mínimo, una dolosa falta de empatía. Pero además hacerlo con este texto, con tintes sectarios y a mi juicio graves deficiencias técnicas, sinceramente me parece grave irresponsabilidad».
También le dijo que el texto «vuelve a hacer las delicias del nacionalismo y del independentismo y deja en manos de las comunidades el porcentaje de horas que deberán estudiarse en castellano» y que «se centra en dividir a la pública y la concertada».
El PP presentará un texto alternativo
La diputada del PP, Sandra Moneo, le dijo a la ministra que «este proyecto de ley va a asestar un golpe mortal al sistema educativo del que dificilmente se va a recuperar». Dijo que era la ley del «oscurantismo y la imposición», la ley cuyas enmiendas a la totalidad, «sí, esas que hoy debatimos tuvieron que ser registradas un 24 de abril. ¿Sabe cuántas personas fallecieron víictimas del coronavirus ese día? Más de 340 personas», espetó Moneo.
Le preguntó por ello a Celaá la ministra si era el momento de confrontar modelos edutivados: «Hemos estado tentados en no participar en su circo y dejarlos solos pero eso era lo que querían» y anunció que cuando el Congreso esté al completo el PP someterá a debate un proyecto de ley de modernización del sistema educativo «fundamentado en las aportaciones de todos y cada uno de los expertos que acudieron a esta cámara; en las evidencias empíricas más contrastadas, aquellas que han sido aplicadas por los países de nuestro entorno».
Cierre de centros de educación especial
Moneo le recriminó el ataque a la concertada de la ley y el reparto, anunciado ayer, de 500.000 dispositivos para la educación pública, dejando fuera a la concertada. «No vaya a ser que sus socios de gobierno se enfaden, que creen en un sistema monolítico», ironizó. De hecho, en su intervención, Celaá dejó claro que su ley «se compromete con la mejora de la financiación pública de la educación», sin mencionar a la concertada. También le recriminó que «rebaja la calidad y la exigencia del sistema educativo, que destruye la motivación de los alumnos».
Moneo le pidió a Celaá que eliminen la disposición adicional cuarta del proyecto de ley que, en un texto ambiguo, parece abrir la puerta al cierre de los centros de educación especial en el plazo de diez años: «Los que tenemos algún hijo con discapacidad no somos familias de segunda», le dijo conteniendo la emoción.
La diputada navarra defensora del programa Skolae y madre de uno de los agresores de Alsasua: «El actual sistema es machista»
Más dura aún fue aún la diputada de Vox, Georgina Trías Gil, que le dijo a Celaá que «no procede este debate; están más preocupados por imponer su agenda ideológica que por resolver los problemas de la comunidad educativa». En respuesta a Celaá, que defendió en su ley el respeto a la «diversidad afectivo-sexual», la diputada de Vox le dijo que el Gobierno «quiere imponer a nuestros hijos esa supuesta educación sexual, ideológica y sectaria y quieren hacerlo de forma currircular como corresponde a un buen sistema totalitario con guías obscenas como ya se esta haciendo en muchas comunidades autónomas». Lo hizo en alusión al polémico programa Skolae (programa de coeducación afectivo sexual que alcanza a todos los niveles educativos, de 0 a 18 años) de Navarra, que fue defendido por el la diputada del PNV, Josune Gorospe y por la diputada de Bildu, Isabel Pozueta que acusó a Vox de llevar a cabo una «caza de brujas» cuando fue llamada a declarar al TS navarro por el programa: «El programa Skolae sirve para que el alumnado pueda ser lo que quiere, aspire y se eduque sin tabúes». Esta diputada fue una de las contratadas por el Gobierno de Navarra para explicar y desarrollar Skolae en los colegios navarros y es la madre de uno de los agresores de Alsasua: Adur Ramírez-Ruiz de Alda Pozueta, condenado a 8 años y 6 meses de cárcel. «Abogamos por un proyecto feminista, coeducador, laico, equitativo y vertebrado en un sistema público con pedagogía feminista» y no aceptó la Lomloe porque dijo que «no mejora los retos que se presentarán; el actual modelo no es justo, es machista y permite que siga habiendo centros subvencionados con fondos públicos que segregan a sexos».
Trías añadió que no van a consentir «el adoctrinamiento sectario de la ideología de género que quieren imponer, no vamos a consentir que disocien la sexualidad de la afectividad en el amor, reduciendo lo humano a un instinto animal y primario».
«Quieren la foto de Franco en las aulas»
Montserrat Bassa Coll, de ERC, por ejemplo, defendió la ley y dijo que las «derechas españolas tienen una visión castrense de la educación: el docente obliga al alumnado a memorizar contenidos, a someterse a continuas pruebas, a establecer un sistema de castigos con los díscolos, sueñan con aulas con crucificos y fotos del Rey y los de Vox, además, con las de Franco».
La inesperada reacción de JuntsxCat
El diputado de JuntsxCat, Sergi Miquel i Valentí dijo que estaba convencido de no apoyar las enmiendas contra la ley pero que lo empezó a dudar cuando se acusó a su partido de que siempre evitan el consenso. «No lo vamos a hacer, no se preocupe», le dijo, pero aún así, señaló: «Nos trata de ser los que no buscamos el consenso, de ser intransigente, pero es que a su forma de entender el consenso no podemos ceder porque ustedes solo lo entienden si parte de nuestras concesiones, de renunciar a nuestras ideas. Nuestra línea roja es la ley de educación de Cataluña y defenerla implica dos cosas: el Servicio de Educación de Cataluña y la inmersión lingüística».
La defensa de la ministra
En su intervención, la ministra aseguró que el texto da lugar a un «currículo moderno, flexible, ágil, menos enciclopédico, y que da prioridad a los aprendizajes más relevantes» y que fortalece la inclusión educativa y elimina obstáculos innecesarios apoyando a los estudiantes para que alcancen el mayor nivel educativo posible. Puso como ejemplo un único título de ESO (es decir, se los habilita a cursar cualquier estudio posterior), los programas de diversificación curricular o la nueva configuración de la FP Básica. También enfatizó que «se recupera la obtención del título de bachiller a través del proceso ordinario de la evaluación. Se flexibiliza su duración, sin obligar a repetir necesariamente cursos enteros». Eas decir, desaparece la prueba final de Bachillerato de la Lomce y se permite hacer el Bachillerato en tres años en vez de dos como hasta ahora. Celaá aludió también a la necesidad de «reestablecer el equilibrio en la programación de la red de centros atendiendo a una adecuada distribución del alumnado en situación económica desfavorecida o que tenga necesidad específica de apoyo educativo», dando a entender que la Lomce privilegió a los centros concertados con la inclusión de la «demanda social» como criterio de programación. También enfatizó en su apuesta por la «igualdad de género a través de la coeducación», en detrimento de la educación diferenciada.
En una intensa intervención, la ministra negó tajantemente que los motivos por lo que pedían la retirada de su ley fueran ciertos. «Los argumentos que se mencionan en las tres enmiendas a la totalidad presentadas no responden al contenido de la ley. En la Lomloe se mantiene el derecho de los padres a elegir la formación religiosa confesional que deseen para sus hijos; se reformula la regulación de la enseñanza del castellano y las lenguas cooficiales, teniendo en cuenta las partes de la LOMCE que derogó la sentencia del Tribunal Constitucional; y se cumple con la obligación que la Constitución asigna a los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación».
