Organizar la selectividad se convierte en un sudoku imposible

Con las competiciones de fútbol y los conciertos parados por la pandemia y las oposiciones suspendidas, solo se vislumbra en el horizonte un acto que movilice a grandes masas: la selectividad. A ella, si lo permite el Ministerio de Sanidad, se calcula que se presentarán 217.000 aspirantes a entrar en la Universidad el curso que viene, pero podrían ser más si sus profesores —como la comunidad educativa imagina— abren la mano a la hora de conceder el título de bachiller. Esos 217.000 alumnos equivalen a la población de Oviedo. Por eso, la logística de las pruebas es tan compleja que tiene sin dormir a sus organizadores —un consorcio formado por representantes de las universidades públicas y de los Gobiernos autonómicos—, porque al mastodóntico montaje de cada año se suma ahora garantizar que no se contagien los alumnos ni los profesores de vigilancia, correctores, ujieres y el personal de limpieza y transporte.

Los aspirantes, tras el retraso de las fechas inicialmente previstas, se examinarán entre el 22 de junio y el 10 de julio, en la convocatoria ordinaria, y antes del 10 de septiembre en la extraordinaria, pero el Gobierno todavía no tiene cerradas las instrucciones para la ocasión. “No sabemos si el protocolo lo va a dar Sanidad, Universidades… Necesitamos saber algo la primera o segunda semana de mayo, porque gestionar tal volumen de exámenes es complicadísimo. Tenemos que informar a los estudiantes, ubicar a los alumnos con problemas de aprendizaje en algún lugar [tienen unas pruebas adaptadas para ellos], etcétera”, enumera Rosa de la Fuente, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Complutense, encargada siempre de coordinar la EVAU en la Comunidad de Madrid.

Distancias y desinfección

Una portavoz de Educación explica que no hay un equipo de trabajo de las pruebas en el ministerio porque son las comunidades las que se encargan de la organización, pero detalla que el protocolo de actuación de Sanidad dará indicaciones sobre la distancia social, la desinfección de las aulas, el uso de hidrogeles o las mascarillas.

Silvia Carlos, médico de Salud Pública y profesora de la Universidad de Navarra, lo tiene claro: “Más que aulas grandes se necesita que estén ventiladas y con una ratio pequeña de estudiantes”, explica, porque no se sabe cuánto tiempo se mantiene el virus en el ambiente. Además, “al acceder al examen los alumnos deberían mantener las distancias, como en la cola del supermercado, y lavarse las manos según entran con hidrogel”. Durante la prueba, Carlos cree que los aspirantes no deberían quitarse la mascarilla, porque “pueden estar asintomáticos y contagiar, y por supuesto, los que tengan covid-19 se tendrán que quedar en casa”.

A la epidemióloga le preocupa la cadena de custodia de los exámenes. Ella recomienda que se dejen almacenados 24 horas, sin pasar de mano en mano, para asegurarse de que no hay contagios. “Se ha comprobado que en el cartón el virus puede vivir hasta 24 horas”, recuerda. Y este estricto protocolo se tiene que repetir durante cuatro días seguidos —la duración de los exámenes—, un día más en las regiones con lengua propia.

“Necesitamos más aulas y más personal repartido en ellas, lo que supone más dinero”, prosigue De La Fuente. “Todos los evaluadores y el personal que está allí tienen que llevar EPI [equipos de protección individual], y ese material lo tiene que conseguir la Comunidad de Madrid, porque la compra es complicada”, argumenta. En Madrid se plantean tres escenarios. Uno es abrir más aulas en las universidades. “Por ejemplo, nosotros podríamos utilizar espacios de la Politécnica, con la que compartimos campus, que evalúa a 1.200 alumnos y nosotros a 12.000”, explica. El segundo, es centralizar parte de los exámenes en institutos, pero los espacios comunes y los baños son pequeños. Y el tercero, es mover a los alumnos al palacio de congresos de Ifema. En ese caso, “no hay problemas de espacio, pero sí de transporte. Preocupa concentrar a tanta gente y cabe la posibilidad de poner lanzaderas. También en Ifema hay que separar por secciones los alumnos adscritos a cada universidad”, prosigue De La Fuente.

“Dispersar no puede ser cambiar a los alumnos de sitio. En Aragón pensamos en llevarles a la feria de muestras de Zaragoza, pero el problema no es tanto el espacio, como que luego se juntan a la salida del examen, a la entrada…”, remarca Ángela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza. La Consejería de Educación y su institución han optado por abrir institutos en cada comarca para que acojan a los aspirantes de la zona y no saturar las sedes habituales de Teruel y Huesca capital, además de Zaragoza. Aún no saben qué centros educativos serán. Alcalá, que es profesora de Anatomía, se preocupa por la hora de la comida. “Se tendrán que llevar un bocadillo si siguen los bares cerrados”.

En Andalucía, donde se examinan unos 50.000 bachilleres, las universidades públicas se turnan en la organización y este año le ha tocado a Huelva, acostumbrada a magnitudes mucho más pequeñas. En la provincia se evalúan 2.500 candidatos y ya se prepara todo para abrir algún instituto en otras comarcas para dispersar y que los estudiantes no se desplacen. Algo parecido harán en el resto de la comunidad autónoma. En Granada se especula con el uso de su palacio de congresos.

La vicerrectora de Estudiantes de Huelva, Ángela Sierra, explica que hasta ahora concentraban a los alumnos en tres maxiaularios de la universidad, con capacidad para 6.000 estudiantes en clase y 2.500 en caso de examen (hay que dejar sitios libres a los lados). Ahora contarán con más o menos espacios en función de la ratio de alumnos por clase que determine Sanidad. “Pero lo preocupante no es cuando estén sentados, sino que los exámenes duran 90 minutos y hay descansos, tienen que pasar cada vez con su DNI… Afuera hará mucho calor”.

La semana que viene, a petición de las autonomías, habrá una reunión telemática de la Conferencia General de Políticas Universitarias en la que está presente el Ministerio de Universidades. Muchas decisiones aún están en el aire. La Comunidad Valenciana busca sitios, pero descarta los institutos. Lo contrario que en Baleares. “Los alumnos de Menorca, Ibiza y Formentera realizaban sus exámenes en aulas de institutos y se está buscando una alternativa para garantizar que los puntos de examen sean lugares acondicionados, refrigerados y con más espacio entre los estudiantes”, explica una portavoz de la Universidad de Baleares. Navarra y Galicia no planean cambios, mientras Asturias, si los hace, serán siempre para contar con más espacios en las sedes de siempre, que acogen a 4.000 aspirantes: Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Cangas del Narcea, Tapia y Ribadesella.

En paralelo, hay universidades privadas que no piden nota de selectividad para entrar y otras que optan por hacer su propio acceso, que han tenido que modificar. El CEU San Pablo evaluó a los candidatos al grado de Medicina online con una herramienta de reconocimiento facial. No pueden retrasar la prueba porque el 30% de sus alumnos son extranjeros. Este sábado 2.071 jóvenes buscan una plaza en la Universidad de Navarra con esta herramienta, pero durante el año examinaron a otros 2.500. Mientras Icade e ICAI, de la Universidad de Comillas, por el momento han retrasado su selección —que sigue siendo presencial—, aunque en algunos títulos la criba se va a hacer con entrevistas personales online.