El déficit de 17.917 millones de euros en las cuentas de la Seguridad Social equivale a unos 145 euros de la pensión mensual media de jubilación (1.140,7 euros a septiembre de 2019). Esta carga ha acumulado un agujero de 101.000 millones entre 2011 y 2018, 10.863 euros por cada pensionista, cubierta por todos los españoles con cargo al Fondo de Reserva, la llamada hucha de las pensiones, que ha pasado de disponer de 67.000 millones en 2011 a los apenas 1.500 millones con los que cerrará el año, y con préstamos del Estado. Con las previsiones de septiembre de 2019, el déficit en pensiones excederá en 2019 en un 11,4% el gasto y volverá superar los 17.000 millones. Esa es la tendencia de ingresos del sistema (corregidos por el ciclo económico), un crecimiento inferior al 4%, aproximadamente la mitad que antes de la crisis.
La esperanza de vida a partir de los 65 años aumenta unos 16 meses cada 10 años, pero la edad media de jubilación lo hace a un ritmo de 6 meses por década. La generación del “baby boom” se empezará a retirar a principios de la próxima década y lo hará con una esperanza de vida mayor que la de sus homólogos europeos (aproximadamente dos años más), pero sin que exista una fuerza laboral lo suficientemente amplia como para generar los recursos necesarios.
Este es el panorama que refleja el último informe de BBVA Research “El sistema público de pensiones en España: proyecciones y propuestas de mejora”, elaborado por Rafael Doménech, responsable del equipo económico del “think tank” bancario. El documento pone en valor el denostado Índice de Revalorización de las Pensiones, que junto al Factor de Sostenibilidad cuya implantación se congeló a 2023, “garantizaban la sostenibilidad del sistema, su equilibrio presupuestario a largo plazo y permitían todas las opciones posibles, salvo pagar pensiones incurriendo en un déficit estructural, que requiere tomar medidas para su corrección”. En este sentido, Doménech afirma que el IRP “es neutral sobre la suficiencia ya puede aplicarse aumentando ingresos, la edad de jubilación o reduciendo el crecimiento del gasto; tiene un contenido informativo valioso sobre la salud financiera del sistema al proporcionar previsiones que permiten anticipar medidas y es la mejor garantía para asegurar a los jóvenes de hoy el sistema de pensiones en el futuro”.
El número de pensiones alcanzará los 15 millones en 2050. Ante esta perspectiva, ¿cuántos asalariados necesitará el sistema para mantener la pensión media sobre salario medio y la presión fiscal de 2018? Según los cálculos de Doménech, harán falta nada menos que 29 millones de cotizantes, casi diez millones más que en la actualidad.
Las previsiones que recoge el informe apuntan a que son necesarias reformas de calado ya que ni siquiera con la aplicación del IRP, que limitaba el alza de las pensiones al 0,25% mientras el sistema generara déficit, del Factor de Sostenibilidad, que introducía la esperanza de vida para repartir la cuantía absoluta de la pensión en más años, o la reducción del paro al 8% serán suficientes para frenar el déficit en el futuro.
Ante esta situación, el documento ofrece tres posibles alternativas. La primera, “aumentar la presión fiscal o menos gasto público en otras partidas presupuestarias”. La segunda, “emprender reformas estructurales que reduzcan el paro, disparen el empleo, la productividad y los salarios, y la tercera, fomentar el ahorro con vistas a la jubilación.
La primera opción, según BBVA Research, generaría efectos nocivos. “Si las cotizaciones soportan todo el ajuste previsto de la tasa de prestación (unos 4,7 puntos porcentuales del PIB en 2050 respecto a unos ingresos del 10,4% en 2018) las cotizaciones tendrían que pasar del 28,3% al 41,1%”. Sacar del sistema las prestaciones de viudedad y orfandad tampoco resolvería el problema, sino que lo trasladaría.
Doménech apuesta por el empleo como mejor herramienta para contrarrestar parte del aumento de la tasa de dependencia y por mejorar la productividad
