El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez, ha abogado hoy por iniciar una reforma del Estatuto de Autonomía a fin de eliminar los aforamientos de los cargos políticos y «dejar claro que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley».
El responsable político ha hecho esta afirmación durante una comparecencia de prensa para explicar algunas de las iniciativas que su formación proyecta llevar a debate a la próxima sesión plenaria de la Cámara aragonesa.
La eliminación de los aforamientos es una de las cuestiones que Ciudadanos proyecta plantear al resto de grupos políticos y que obligaría, de obtener un respaldo mayoritario, a iniciar los trámites necesarios para la reforma del Estatuto de Aragón.
Ha añadido, además, que éste sería un «buen momento» para establecer las fórmulas necesarias para que la provincia de Teruel recupere su representante número catorce en las Cortes de Aragón, perdido en las últimas elecciones autonómicas debido al descenso de la población.
Además, la formación naranja llevará a la Cámara regional una iniciativa para favorecer un desarrollo «real y efectivo» de la banda ancha de internet en todo el territorio aragonés.
Según el portavoz de la formación liberal, el acuerdo del Gobierno aragonés en coalición fija para el año 2020 la extensión de la banda ancha a todos los municipios de la comunidad, por lo que, ha añadido, «queremos preguntar a la consejera de Ciencia y Universidad, Maru Díaz, en qué momento estamos, qué cronograma se maneja y qué planes se quieren desarrollar».
Ha admitido a este respecto que aunque el objetivo planteado «no es fácil, somos conscientes de que cuando se anuncia ese compromiso, habrá una hoja de ruta marcada».
El portavoz de Cs ha advertido que «las actuaciones no pueden limitarse a llevar a la puerta de los municipios el acceso a internet, sino que debe buscarse la forma en que esas líneas lleguen después hasta los hogares».
Por otra parte, ha anunciado que Ciudadanos promoverá una iniciativa para solicitar del Gobierno aragonés «gestos reales» que promuevan una «convivencia pacífica» entre la educación pública y la privada».
