El Ministerio de Educación quiere que en los consejos escolares de colegios e institutos, los órganos de participación y de control y el principal instrumento para que toda la comunidad educativa pueda implicarse directamente en la toma de decisiones, se deje una silla también a un representante del Ayuntamiento, lo que en el sector educativo denominan «comisarios políticos». Es una de las medidas que la ministra Isabel Celaá pretende incorporar en la reforma de la Lomce y que afecta no sólo a los centros públicos, sino que va dirigida especialmente a los concertados. Educación cree que «hay un desequilibrio a favor del titular del centro en las decisiones que se toman, que debiera compartir con el Consejo Escolar de los colegios que reciben subvenciones». Y es que considera que en muchos centros regentados por congregaciones religiosas o por cooperativas de profesores, el director «se ha convertido en el único órgano de gobierno». Así, el Ministerio quiere que estos «comisarios políticos» o nuevos participantes de los ayuntamientos, puedan intervenir en el «control y gestión» de lo que se hace en los colegios y los institutos españoles, «exigiendo una mayor transparencia en la rendición de cuentas». Su idea es «hacer real y efectiva la participación de la comunidad educativa en su gobierno», dice en su propuesta.
La medida no ha sido bien recibida por la escuela concertada, que entiende que en los centros públicos tiene sentido que haya un representante municipal porque los ayuntamientos colaboran asumiendo gastos de funcionamiento, vigilancia, mantenimiento, labores de jardinería… pero «un centro concertado no deja de ser privado y debe rendir cuentas por los fondos que recibe, pero no nos gusta que haya intromisiones de políticos en la administración del centro por parte del Ayuntamiento», explica José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas. Lo compara con la situación de una ONG que, por el hecho de recibir subvenciones, no tendría por qué admitir en su patronato a nadie de la administración.
La medida que propone Celaá no es nueva. Que existieran representantes municipales en los consejos escolares ya se introdujo en la LOE, la ley educativa que el PSOE aprobó en 2006. Es un secreto a voces que fue el peaje que el PSOE tuvo que pagar para que IU diera su apoyo a la norma. Fue una medida suprimida por la LOMCE.
La medida molesta a la concertada porque en el tiempo en que se aplicó «supuso una cortapisa para el funcionamiento natural de los consejos escolares. Tener una persona enviada por el Ayuntamiento suponía una cortapisa para hablar con naturalidad y a veces mediatizaba las discusiones y el diálogo al ser una persona revestida de cierta autoridad», explica Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas. Incluso se produjeron malas praxis, según Centeno, porque «había concejales de algunos municipios que acudían a los consejos escolares a dar mítines o había presiones veladas sobre si el colegio tenía que actuar en un sentido o en otro… Muchos directores evitaban enfrentarse con el representante del ayuntamiento si tenían que hacer obra…», añade Centeno.
La portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, ayer calificó de «incoherente» la medida. «No sólo habría que quitar a los representantes municipales de los colegios concertados, sino también de los públicos», dijo a LA RAZÓN. Otros expertos, como Francisco López Rupérez, ex presidente del Consejo Escolar del Estado, creen que «supone un retroceso en materia de autonomía de los centros que aún se puede corregir porque la necesaria fiscalización del uso de los fondos públicos ya se produce, de acuerdo con las previsiones legales, a través de las Administraciones educativas, que son las que financian».
