El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a quedar en evidencia a causa de la venta de armas a Arabia Saudí. El presunto asesinato del periodista Jamal Khashoggi ha colocado a este controvertido país bajo la lupa del escrutinio internacional y el pronunciamiento de la canciller alemana Angela Merkelanunciando que paraliza la venta de armamento, traslada ahora el foco a los estados que lo siguen haciendo. Es el caso de España. El Ejecutivo central ya ha tenido que lidiar con la polémica de las armas durante su escaso bagaje en el poder a cuenta de una primera intención –expresada por la ministra de Defensa, Margarita Robles– de interrumpir la transacción de 400 proyectiles, que tuvo que ser revertida por la puesta en peligro de una importante inversión en Navantia, en los astilleros de Cádiz.
Ahora, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes con los votos de PSOE y PP y la abstención de Ciudadanos pedir al Gobierno que suspenda la venta de armas a Arabia Saudí. A cambio, ha abogado por reforzar los controles del material exportado a otros países para garantizar que no se utiliza vulnerando los derechos humanos ni la legislación internacional.
Los diputados socialistas y ‘populares’ han unido así sus votos para rechazar diversas iniciativas de PDeCAT, ERC, Unidos Podemos y Compromís que pedían paralizar las relaciones comerciales en materia de armamento con Arabia Saudí por su implicación en la guerra de Yemen y tras la muerte del periodista Yamal Jashogi en el consulado de Estambul.
El diputado del PSOE Antonio Gutiérrez Limones ha pedido «prudencia y esperar a conocer los hechos» antes de tomar decisiones unilaterales, como ha hecho Alemania anunciando la paralización de las ventas a la monarquía del Golfo Pérsico. «España es un país que cumple con sus compromisos internacionales, las decisiones que se tomen tendrán que ser colectivas en el seno de la Unión Europea», ha defendido.
Además, ha recordado las consecuencias que esta decisión podría tener en el contrato para la compra de cinco fragatas a Navantia por importe de 1.800 millones de euros y ha preguntado a PDeCAT, ERC y Compromís si su postura sería la misma si el astillero estuviera ubicado en Cataluña o la Comunidad Valenciana en vez de en Cádiz.
Sánchez se debate de nuevo entre la «consternación» que reconocían fuentes gubernamentales y la salvaguarda de las sustanciosas relaciones comerciales que mantiene con Arabia Saudí. Por el momento, Moncloa opta por la «prudencia» y se adhiere al llamamiento de Naciones Unidas para que los responsables de «los gravísimos hechos» respondan ante la justicia tras una «investigación exhaustiva y transparente».
Se trata de un incidente tan delicado que en Moncloa quieren prever todas las variables posibles antes de emitir su parecer. Este momento llegará irremediablemente mañana, cuando el jefe del Ejecutivo comparecerá en el Congreso de los Diputados a petición propia para hablar, precisamente, de la venta de armas a Arabia Saudí. Una cita que se fijó a cuenta de la primera crisis del armamento, pero que ahora está de plena actualidad. Antes, en concreto hoy tendrá lugar una sesión de la comisión de Defensa también en la Cámara Baja con este asunto como telón de fondo. Por un lado, estudiará una iniciativa de Compromís que pide de nuevo un embargo de las exportaciones al país saudita mientras que, por otro, el PP defenderá no incluir «ningún filtro ideológico» en este tipo de operaciones.
El más crítico ha sido el socio preferente del Gobierno. Unidos Podemos reclamó ayer abiertamente que se paralice la venta de armas a Arabia Saudí, un pronunciamiento que no comparten PP, PSOE y Ciudadanos que abogan por esperar a que se resuelva la investigación.
