El Ministerio alega «incertidumbre económica» como argumento para denegar la financiación de donanemab mientras neurólogos y pacientes denuncian un «retroceso histórico» en la atención a la enfermedad
El Ministerio de Sanidad ha intentado justificar la negativa a financiar donanemab -el primer fármaco capaz de ralentizar la progresión del alzhéimer- alegando que no logró cerrar un «techo de gasto compartido» con las compañías farmacéuticas. Sin embargo, sus argumentos chocan frontalmente con la evidencia científica disponible, con la posición de los especialistas y con la realidad asistencial de miles de familias que, desde el martes, han quedado excluidas de la única terapia que puede retrasar el deterioro cognitivo. La decisión, que ayer provocó la reacción de neurólogos y asociaciones de pacientes, se interpreta como un nuevo bloqueo político a la innovación biomédica en España.
En una carta pública, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, sostiene que el Ministerio pidió a las compañías «medidas de certidumbre» para evitar un «escalado» del gasto que comprometiera otras áreas del sistema. También afirma que la evidencia disponible es “compleja”, que los riesgos obligan a disponer de “circuitos asistenciales específicos” y que las condiciones económicas deben garantizar un acceso «equitativo y sostenible». Pero estas explicaciones contrastan con el hecho de que donanemab cuenta con el aval de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), de la Aemps y de múltiples agencias regulatorias internacionales, y que ya se utiliza en práctica clínica en más de medio centenar de países, según recuerdan los especialistas.
La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha señalado en un comunicado que la resolución «deniega un tratamiento que cuenta con el aval de la EMA a personas que podrían experimentar un retraso en la evolución de la enfermedad». Los neurólogos subrayan que la decisión tiene implicaciones clínicas, éticas y sociales, porque restringir el acceso a la prescripción privada «vulnera el principio de equidad del SNS» y crea diferencias inaceptables según la capacidad económica de las familias. Además, advierten de que la exclusión de estas terapias frena la modernización de la atención pública al alzhéimer y retrasa la formación de los profesionales.
Sanidad ha insistido en que “ninguna compañía tiene un interés mayor en que los pacientes dispongan de nuevas opciones terapéuticas que el propio SNS”, y asegura que ha trabajado «más de un año» para intentar incorporar los dos fármacos autorizados para el alzhéimer. Pero la propia carta admite que el Ministerio pretendía financiar los medicamentos «más allá incluso de sus resultados sobre la salud de los pacientes», lo que evidencia que el bloqueo no se debe a dudas científicas, sino a la falta de acuerdo económico. «Lamentablemente, dicho acuerdo no ha sido posible al no aceptarse por las compañías las condiciones planteadas», ha señalado Padilla.
La Confederación Española de Alzheimer (Ceafa) acusó ayer directamente al Gobierno de «condenar a los pacientes al abandono». A su juicio, la denegación de la financiación es una decisión «injustificable» y una «traición histórica» a las personas con alzhéimer, porque priva a miles de afectados de la única opción capaz de demorar la evolución de la enfermedad. Asimismo, recordaron que cada semana nuevos pacientes dejan de cumplir los criterios clínicos para acceder al tratamiento, lo que convierte la negativa en un daño irreversible.
