Así se desprende del informe sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea hecho público este viernes
El último informe sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea ha supuesto un duro varapalo para el Gobierno de Pedro Sánchez. En un documento que evalúa anualmente la salud democrática de los Estados miembros, el Ejecutivo comunitario ha puesto el foco sobre España por su inacción frente a la corrupción y las deficiencias en materia de transparencia institucional.
Uno de los frentes que mayor inquietud genera en el seno de la UE es la creciente tensión institucional y el deterioro de la separación de poderes. El equipo de Ursula von der Leyen ha recogido el guante del malestar expresado por los jueces españoles ante los continuos señalamientos públicos y las acusaciones de lawfare vertidas desde la esfera política. En este sentido, Europa exige a las autoridades un respeto escrupuloso hacia la judicatura para no dinamitar la confianza ciudadana. Al mismo tiempo, el informe insiste en una asignatura que España sigue sin aprobar: la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para adaptarlo a los estándares europeos y garantizar que al menos la mitad de sus vocales sean elegidos por los propios magistrados.
A esta exigencia se suma la urgente necesidad de despolitizar otros estamentos clave del Estado. Tal y como recoge EFE, la Comisión apremia a España a «seguir separando los mandatos del fiscal general y del Gobierno». Aunque Europa reconoce ciertos avances formales en el estatuto del Ministerio Fiscal, considera imperativo blindar su autonomía real. En la misma línea, Bruselas ha urgido a Moncloa a desencallar normativas fundamentales que llevan meses paralizadas por la falta de apoyos parlamentarios, reclamando una regulación efectiva de los ‘lobbies’ mediante un registro público, un control más férreo sobre los conflictos de intereses y la declaración de bienes de altos cargos, así como la culminación de la nueva ley de secretos oficiales.
El plano económico y de la integridad pública tampoco sale bien parado en la evaluación comunitaria. Las cifras que maneja el informe son demoledoras: un 92% de la población percibe que la corrupción está generalizada en el país, un porcentaje que supera ampliamente la media europea del 71%. Aunque Bruselas valora los intentos normativos recientes, como el Plan Estatal Anticorrupción, denuncia de forma tajante que la teoría no se está trasladando a la práctica. La lentitud judicial, la complejidad de las investigaciones, la falta de recursos y los problemas estructurales en la contratación pública siguen lastrando la persecución y el castigo de las grandes tramas corruptas.
La sombra de la injerencia política se extiende, según las autoridades europeas, hasta los medios de comunicación de titularidad pública. El informe no pasa por alto las reiteradas denuncias de los propios trabajadores de RTVE tras la controvertida reforma legal de 2024, que alteró las mayorías para renovar su cúpula y otorgó un poder inusitado a la presidencia del ente. Frente al mensaje de normalidad institucional que se traslada desde el Gobierno, Europa recoge la profunda preocupación de los profesionales por el deterioro de los estándares periodísticos, el evidente sesgo político de los informativos y la consecuente caída de la credibilidad del servicio público entre la audiencia.
En definitiva, la radiografía que hace la Comisión Europea sitúa a España ante un espejo incómodo. El dictamen de Bruselas no solo subraya graves carencias en la arquitectura institucional del Estado, sino que urge a acometer reformas estructurales inaplazables para garantizar el blindaje democrático. Todo ello se enmarca en un clima político fuertemente polarizado, donde la debilidad parlamentaria del Ejecutivo dificulta la aprobación de unas medidas que Europa considera innegociables para consolidar la transparencia y el buen gobierno en el país.
