Alguien ha escrito que estamos empeñados en reformar la Constitución porque no hay una norma todavía más alta que poder reformar. Ya se sabe que está bien instalado en nuestro carácter nacional pensar (o al menos decir) que reformando una ley arreglamos cualquier cosa. Pero la mayoría de los problemas de España no se resuelven reformando la Constitución. Se remediarán más fácilmente si se cumple la ley y se hace cumplir, si se imponen con naturalidad las consecuencias por incumplirla, si no se roba, si se practica sinceramente la solidaridad entre personas y territorios, o si los partidos, los gobernantes y los ciudadanos contribuyen a que las instituciones funcionen, anteponiendo el interés general sobre los intereses particulares.

La Constitución no es el problema. Es el punto de partida de cualquier solución. Con todos sus defectos, tenemos una Constitución valiosa, homologable con cualquiera de las más modernas y valiosas del mundo. Una Constitución que ha permitido y sigue permitiendo un tiempo insólito; el de mayor convivencia pacífica, estabilidad y progreso de la historia moderna de España.

Esto no quiere decir que el nuestro sea el país de las maravillas. Tenemos problemas de la democracia ya veteranos. Entre ellos, la partitocracia o las debilidades seculares de la representación. Y concurren los nuevos desafíos de este siglo XXI, en el que gobernar se ha convertido en un asunto de complejidad extrema porque todo se nos va en urgencias, los políticos tienen que lidiar con problemas económicos, técnicos o científicos sobre lo que poco conocen, muchas decisiones son transnacionales y no las toman ya los Estados, y la impresionante revolución tecnológica está modificando todos los comportamientos, afectando directamente al funcionamiento de las instituciones y aventurando novedades ligadas a la democracia electrónica a través de la red. Además, estamos ante democracias exigentes en las que los ciudadanos requieren respuestas inmediatas y satisfactorias a los problemas.

Estos y otros muchos retos tienen que ser afrontados con determinación. Pero la solución de los problemas de la democracia no consiste en acabar con la democracia. Con todos sus defectos, la democracia parlamentaria es una forma de organizar la comunidad política razonable, que se basa en la limitación del poder mediante reglas objetivas y en el respeto a los derechos de las personas, y que impone la alternancia y la temporalidad del poder.

Así pues, no hace falta abrir una causa general sobre la Constitución. A mi juicio, el método adecuado para la necesaria actualización de nuestras instituciones es tan sencillo -y a la vez tan difícil- como aislar los males sobre los que coincidimos y propiciar el acuerdo político para dar solución a cada problema. En muchos casos veremos que bastará con cambiar los comportamientos de los actores políticos y también de los medios de comunicación. En otros, es posible mejorar y mucho con simples soluciones legales. La partitocracia exagerada de nuestro sistema político, por ejemplo, cambiaría decisivamente con modificaciones en la legislación electoral y en los Reglamentos del Congreso y del Senado. En un libro acabo de examinar decenas de cambios que podrían mejorar el funcionamiento de nuestro Parlamento, la forma en la que estamos haciendo (mal) las leyes, el control parlamentario del Gobierno o el incremento de la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones públicas.

De hecho llama mucho la atención que quieran resolverse los problemas abriendo un debate constitucional, cuya consumación requiere mayorías extraordinarias, mientras las fuerzas políticas no son capaces de ponerse de acuerdo para reformar leyes que, como la Ley Electoral, la del Poder Judicial o el Reglamento del Congreso no requieren más que la mayoría absoluta para poder introducir reformas del máximo calado.

No excluyo, claro es, que para mejorar algún aspecto concreto sea conveniente subir un escalón y reformar uno o varios preceptos constitucionales. Pero añado inmediatamente que para dar este impulso de renovación democrática que sin duda necesitan nuestras instituciones no es indispensable abrir un periodo constituyente universal. Tampoco presentar a la Constitución como problema, haciendo que muchas personas piensen de buena fe que la solución a todos nuestros males pasa por superar un texto que se habría quedado viejo e inservible. Cuando se dice que solo con la reforma constitucional tendremos soluciones, se está dibujando un escenario tan arriesgado como cuando se insinúa que se está en posesión de la fórmula mágica que va a resolverlo todo. Si estas promesas calan en la opinión y luego las expectativas se ven defraudadas -entre otras razones porque conseguir el consenso entre los modelos rotundamente contradictorios que hoy están en circulación no se antoja fácil- lo único que se habrá conseguido es deslegitimar la Constitución misma hasta extremos difícilmente superables. Y es bien seguro que no es este precisamente el mejor momento para devaluar la Constitución sino, antes a la inversa, para ponerla más que nunca en valor al servicio de la convivencia de los españoles.

Fuente: ABC

En Cataluña no sólo hubo una declaración unilateral de independencia, sino una revolución, con todas las letras. Así lo defiende el columnista de esta casa Ignacio Camacho (Sevilla, 1957) en «Cataluña, la herida de España», su último libro. A forma de dietario, en el que se incluye una selección de sus artículos en ABC, el periodista repasa el avance del «procés» hasta que la ley, en forma de artículo 155, regresó a Cataluña.

–¿Esperaba este desenlace?

–Si hay algo que no se le puede reprochar al independentismo es que no haya cumplido todo lo que avanzó, amenazó o prometió. El pensamiento ilusorio de que se iba a detener el «procés», fracasó. Cumplieron todos los pasos, hasta la declaración de independencia. Al final fue más un desahogo que otra cosa, pero la hicieron.

–¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

–Esto es la consecuencia de un proceso de décadas en el que se suma la tarea paciente del nacionalismo, la construcción progresiva de estructuras de Estado y las políticas de apaciguamiento de diferentes gobiernos entregando cada vez más competencias a Cataluña. A la vez, ignoraban la acumulación de indicios que generaban lo que la historiografía llama condiciones objetivas para la revolución.

–¿Por qué es una revolución?

–Yo la llamo revolución posmoderna. En ella se unen el nacionalismo y el populismo con las técnicas de agitación moderna organizadas a través de redes sociales, Whatsapp o las plataformas cibernéticas. Es decir, tecnología de la información al servicio de la revolución. Esta es una de las razones por las que el Gobierno no percibe alcance del movimiento y después responde de manera analógica aunque se enfrente a una revolución digital. El gobierno ha actuado tarde en Cataluña.

–¿Hay algo positivo de todo esto?

–El despertar de una conciencia patriótica española constitucionalista; la España de las banderas que hasta ahora solo salía cuando iba bien la selección. De hecho le dedico un capítulo en el que hablo del despertar de una conciencia de patriotismo moderno desacomplejado que durante mucho tiempo había estado dormido y que empieza también en la izquierda, porque las banderas aparecen en feudos socialistas de España, no sólo en barrios de mayoría conservadora.

–¿Qué es lo peor del «procés»?

–Lo negativo es todo. Primero se quiebra la convivencia en Cataluña y luego en toda España. España es una nación cosida con hilos invisibles y muchos se han deshilachado. Cataluña, que es una comunidad muy plural, se ha visto abocada a un enfrentamiento interno: se ha intentado convertir a los catalanes en extranjeros en su propia tierra. Por último, también se ha producido el deterioro de España como país, no sólo en Cataluña. En el extranjero nos ven como un país con un problema de secesión, que es muy antipático y nadie quiere invertir en lugares donde hay problemas. Todo esto ha destrozado a la comunidad más próspera de España y van a tardar mucho tiempo en recuperarse, si pueden.

–¿Por qué hay una parte importante de la sociedad que cree ciegamente en el relato independentista?

–Es cierto que hay una parte significativa catalana que está completamente abducida por una patraña, quimera o bulo. Todo está basado en la divulgación de la creencia voluntaria de una gigantesca mentira. Esa mentira de que España nos roba, que sean nación histórica, que la Guerra de Sucesión fuera de secesión, lo del euro, las empresas… Todo es mentira. La revolución de las sonrisas no era más que la de las mentiras.

–¿Hay alguna solución?

–No atisbo soluciones. El libro no propone soluciones porque el autor no las ve. Habría dos soluciones pero las dos son poco viables: que ganaran constitucionalistas y emprendieran racionalización del autogobierno o que el Estado aprendiera a decir no. Me gusta mucho una frase de Javier Gomá, que dice que el nacionalismo tiene que aprender a gestionar su frustración.

–¿Qué tal ha actuado el Estado?

–El Estado dio el nivel cuando decidió dar el nivel. El artículo 155 se tenía que haber aprobado en septiembre, cuando el Parlament aprobó las leyes de desconexión. Una vez más el Estado también llegó tarde, pero cuando lo hizo demostró que era la vía efectiva y que no pasaba nada. El ejercicio de un golpe de autoridad democrática era la solución. Funcionó, pero tarde. El Estado y todos los partidos han llegado tarde.

—Por último. ¿Un capítulo del libro para recomendar?

—Es difícil, pero me quedo con el último texto, escrito el día después de la decisión de aplicar el artículo 155. En él insto a mantener las banderas como expresión de ese sentimiento positivo que ha salido de esta crisis. Aunque no sale el título en el libro se llama «No quitéis las banderas».

Fuente:ABC

Si nada se tuerce a última hora, es muy probable que las 50.000 plazas destinadas a estabilizar el trabajo interino que estaban en el aire en la histórica Oferta Pública de Empleo (OPE) de 250.000 puestos para los próximos tres años finalmente se salven. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha estado trabajando en las últimas semanas en un documento que ha introducido matices de tipo técnico en la oferta inicial que, según fuentes de CSIF, posibilitará que estos empleos salgan adelante. «Somos optimistas», resumen desde el sindicato de funcionarios. Hacienda presentará el documento a los sindicatos este lunes.

Los 50.000 empleos públicos en el aire se reparten a partes casi iguales entre Educación y Sanidad. Su convocatoria no depende del Estado, sino de las comunidades autónomas, que, en algunos casos, se habían mostrado reticentes hasta ahora a sacarlas adelante. En el caso de las plazas de Educación, regiones como Asturias y Cantabria no han convocado por dificultades presupuestarias. Otras como Madrid y Andalucía, por problemas de calendario. Sin embargo, tras las reuniones de la mesa sectorial del sector que se han celebrado en días pasados, desde el CSIF aseguraron que la situación «se arreglará seguro». Su impresión es que la convocatoria de los empleos públicos tanto en Educación como en la Administración General del Estado se ejecutará este ejercicio.

Más compleja es la situación en Sanidad. Antes de avanzar en la OPE, es necesario convocar un concurso de traslados previo para que los que ya tienen plaza fijan puedan optar a las mejores, explican desde CSIF. Además, existen problemas con las categorías que se incluirían en la convocatoria. Ahora mismo son sólo seis. Desde CSIF consideran que son insuficientes dado que quedan fuera algunas tan importantes como la de médicos de familia. A pesar de ello, confían en que el grueso de las plazas saldrá adelante, aunque lo más probable es que la convocatoria se retrase a 2019. «Puede que se queden algunos puestos por el camino, pero si fueran 5.000 menos sería ya todo un éxito», explican. En este sector, se ha llegado a un acuerdo tan importante como la unificación de fechas de los exámenes en todas las comunidades autónomas. Así lo confirmó el pasado martes el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad de Madrid, Pablo Calvo. La unificación del calendario era prioritaria para evitar problemas como los de 2015. Entonces, entre el 25% y el 30% de los profesionales que obtuvieron plaza fueron de otras comunidades autónomas, algo que generó un cierto caos al tratar después de retornar a sus regiones de origen.

Aunque las comunidades eran reacias en un principio a exponer sus planes de empleo público para el sector sanitario, poco a poco se van haciendo públicos. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha confirmado esta misma semana que sacará una próxima OPE con 13.322 plazas en las categorías principales del personal del SERMAS, dentro de un marco general de 19.700 puestos en los próximos tres años. A finales de noviembre, fue Castilla-León la que anunció sus planes. Su convocatoria de empleo público alcanzará las 6.421 plazas, de las que 3.409 serán en el ámbito de la Sanidad. Es la mayor oferta de esta comunidad en los últimos veinte años.

OPE sin precedentes

La histórica OPE de 250.000 plazas para los próximos tres años contempla en sus planes iniciales, firmados en marzo, que este mismo ejercicio se convoquen 67.000 nuevos puestos. El 90% del total de la oferta está destinada a reforzar la Sanidad, la Educación y la Justicia. En concreto, recoge 129.700 plazas para Sanidad, 98.807 para Educación y 8.564 para la Administración de Justicia. En estas tres áreas, se alcanzó un acuerdo para fijar en el 100% la tasa de reposición de los trabajadores que se jubilan e incrementar esta tasa desde el 50% hasta el 75% en el resto de sectores.

La oferta está destinada esencialmente a reducir al interinidad del 20% actual hasta el 8%. Aunque se convocarán oposiciones al uso, en los baremos de puntuación se podrá valorar el tiempo en que un opositor ha estado desempeñando un trabajo al servicio de las administraciones públicas, lo que otorga gran ventaja a los trabajadores interinos.

Fuente: La Razón

Entre los múltiples aspectos controvertidos que podrían abordarse en una reforma constitucional, hay tres posibles modificaciones de calado político e institucional particularmente conflictivos, por cuanto podrían cambiar radicalmente elementos organizativos y estructurales de nuestra democracia representativa que no son meramente coyunturales ni estéticos. Son las propuestas de reforma del Título II (sobre la Corona) para renunciar a la vigente prevalencia del hombre sobre la mujer en el orden de sucesión al Trono; la reforma -o incluso desaparición- del Senado; y la «europeización» de la Carta Magna, ya que no constan en ellas alusiones ni referencias desde la incorporación de España a la UE.

Prevalencia en la sucesión de la Corona

La actual redacción de la Carta Magna mantiene desde 1978 la preferencia del varón ante la mujer en el caso de producirse una sucesión en el trono. Conjurados ya desde la Transición muchos temores sobre el funcionamiento de la Monarquía parlamentaria, y el hecho de que pudiese llegar a limitar libertades públicas al inicio de una democracia, hoy la Monarquía española es sin duda una de las jefaturas de Estado más avanzadas del mundo. Sin embargo, hay dos debates que merecen atención: el primero de ellos, sobre el que existiría un consenso mayoritario o unánime, se produce en aras a la igualdad consagrada como principio fundamental para que la mujer no se vea discriminada en la sucesión de la Corona; el segundo, más peligroso, se produce al albur del crecimiento de un populismo de extrema izquierda y vocación republicana, en algunos de cuyos sectores se plantean tanto la desaparición directa de la Monarquía, como la posibilidad de incluir en las nuevas previsiones constitucionales un referéndum para su liquidación. Sobre el segundo aspecto, no hay propuestas formales con una mínima expectativa de éxito. Solo tacticismo político de escasa relevancia. Sobre el primero, en cambio, es evidente que muchas Monarquías se han adaptado a los tiempos bajo un criterio de igualdad de acceso al Trono. Junto a Reino Unido y Japón, España sigue siendo una excepción.

Sin embargo, esta reforma sería políticamente complicada porque exigiría una reforma agravada de la Carta Magna, la convocatoria de elecciones y un referéndum. No obstante, algunos constitucionalistas sostienen que este procedimiento sería «parcialmente sorteable» si se hace coincidir la primera aprobación parlamentaria de la reforma con la última sesión de una legislatura, de modo que el agravamiento se reduciría entonces a la mayoría de aprobación exigida, que pasaría de tres quintos del Congreso a dos tercios, y la celebración obligada de un referéndum. Otro dato relevante: de acometerse esta reforma, sería bajo la obvia necesidad de salvar el derecho ya adquirido del actual Rey, sin posibilidad alguna de reversión del proceso de abdicación de Don Juan Carlos.

El Senado, ¿una Cámara realmente inútil?

Durante décadas lleva planteándose en España el sentido real de tener una segunda Cámara de representación parlamentaria más allá del Congreso. El PSOE propugna desde hace tiempo una profunda transformación del Senado para que deje de ser un «cementerio de elefantes» político cuyas decisiones pueda revocar en todo caso el Congreso, y se convierta en una «cámara de representación territorial», o una institución que representante de las Asambleas y los Parlamentos y Gobiernos autonómicos. Transformar el Senado en una suerte de «cámara federal» o «territorial» podría ser una solución a su actual inoperancia fáctica. «Copiar» el modelo alemán en este caso podría ser una solución, pero dificultaría muchos procesos y políticamente no está claro que autonomías como el País Vasco y Cataluña aceptasen un mecanismo que les situase al mismo nivel político que a La Rioja o a Extremadura, por ejemplo. Según se afrontase esa reforma, podría «jugarse» electoralmente para restar potencia a los partidos nacionalistas en el Congreso y ampliarla en el Senado, pero difícilmente existiría un consenso al respecto.

Sin embargo, el Senado se muestra muy relevante en dos aspectos concretos: sigue siendo esencial para una hipotética reforma constitucional, de modo que tanto el sistema de elección de senadores como las mayorías que permite consagrar ofrecen un plus de «estabilidad» para los partidos tradicionales frente a la representación de partidos «aventureros». De algún modo, el Senado es un contrapeso con capacidad de veto para reformas estrafalarias de partidos cuya esencia es totalitaria. Quizás por eso, Podemos exige la supresión de esta Cámara, sin más. Además, se ha revelado esencial, por ejemplo, para la inédita aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, consagrado ya como una garantía frente a los desafíos separatistas.

Parece indudable que, a muchos efectos, las funciones de una Cámara casi desprovista de poder deben ampliarse y fortalecerse por su actual debilidad legislativa. Pero esta reforma no puede abordarse sin haber aclarado antes qué forma de Gobierno y qué modelo de Estado se pactaría.

Necesaria «europeización» de la Constitución

Existe un consenso general sobre la necesidad de incluir en el articulado de la Constitución la forma de recepción en España del Derecho europeo. Así lo han hecho en el pasado muchas Cartas Magnas de nuestro entorno, y es una tarea pendiente como país miembro de una entidad supranacional, con límites marcados contra las cesiones de soberanía. España aún está al margen de este proceso. De hecho, no figura en la Constitución una expresión de la voluntad del pueblo español de compartir su destino con otras democracias europeas.

En su día el Consejo de Estado propuso incorporar esa manifestación en el Preámbulo y la redacción de un nuevo Título expresamente destinado a la UE. Se daría así carácter normativo a la voluntad de participar en los procesos de integración, cooperar en su devenir futuro, y fijar límites infranqueables a esa integración. A día de hoy, la inserción del Derecho comunitario en nuestro ordenamiento sigue siendo conflictivo en muchos aspectos, como su control por parte de jueces ordinarios, y no solo por el Tribunal Constitucional; o por la ausencia de instrumentos jurídicos que permitan imputar, por ejemplo, a las comunidades autónomas las sanciones impuestas al Estado español por incumplimiento de las directivas comunitarias. Es una cuestión jurídica y administrativamente muy compleja, pero que se sigue encarando de un modo «artesanal» en la medida en que no hay previsión constitucional alguna al respecto.

Fuente: ABC

Junts per Catalunya (JxCat) y ERC han recrudecido hoy su pulso por convertirse en la fuerza soberanista hegemónica en las elecciones del 21 de diciembre, con la figura del presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, y sus opciones de recuperar el cargo, en el centro de la polémica.

En un mitin en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), el exconseller de Justicia Carles Mundó, número 5 de ERC en la lista por Barcelona, ha subrayado que «el voto más útil es el voto a ERC, un partido con 86 años de historia, preparado para gobernar».

«No es un partido improvisado, que nació hace cuatro días, es un partido arraigado en la historia de Cataluña», ha añadido Mundó, sin llegar a establecer explícitamente comparaciones con el PDeCAT, creado en 2016 a partir de la refundación de Convergència.

De hecho, Mundó abrió ayer la caja de los truenos al afirmar, en declaraciones a Nació Digital, que «JxCat debería proponer a un candidato alternativo a Puigdemont por si no puede ser investido».

Por la noche, en un mitin en Blanes (Girona), Mundó ahondó en su reflexión y apostó por formar tras el 21-D «un gobierno fuerte» en el interior de Cataluña, presidido por Oriol Junqueras si es puesto en libertad, porque si Puigdemont regresa, dijo, lo más probable es que sea encarcelado.

Este giro en el mensaje de campaña de ERC, para advertir al electorado soberanista de que muy probablemente Puigdemont no podrá repetir como presidente de la Generalitat ni ganando las elecciones, llega después de que en las filas republicanas hayan saltado las alarmas ante la tendencia al alza de JxCat en los sondeos.

Tras liderar durante meses con comodidad todas las encuestas, que situaban a ERC como primera fuerza destacada con más de 40 escaños, los republicanos están sufriendo una fuga de votos soberanistas hacia la lista que encabeza Puigdemont, integrada sobre todo por perfiles independientes y donde la presencia de nombres del PDeCAT es mínima, para resaltar la transversalidad de la candidatura.

Hoy, las advertencias de ERC sobre el futuro complicado que le espera a Puigdemont han tenido réplica en un acto electoral de JxCat en La Garriga (Barcelona), donde la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, ha lanzado un mensaje a «todos los que dicen que Puigdemont no volverá nunca a Cataluña».

«Sí que volverá, gracias a los votos que emitirán las urnas el próximo 21-D», ha dicho Lloveras, sin citar explícitamente a Mundó.

Las apelaciones a concentrar el voto soberanista en JxCat están haciendo mella en ERC y hoy su irritación ha aflorado a raíz de un tuit de la exconsellera socialista de Salud y ahora número 81 de la lista de Junts per Catalunya por Barcelona, Marina Geli.

«Votar al presidente Puigdemont, votar a Junts per Catalunya, claramente es decir no al 155 y devolver el Govern legítimo actual. Votar a ERC, ¿qué Govern? Claridad y unidad ante la excepcionalidad», ha escrito Geli.

Fuente: La Razón