El Gobierno impulsa incentivos para trabajar más allá de la edad legal, pero los expertos cuestionan los supuestos beneficios
El sistema de pensiones atraviesa un momento crítico. La reforma de José Luis Escrivá no ha logrado corregir el desequilibrio estructural, por lo que el Gobierno ha optado por incentivar fórmulas que retrasen la salida del mercado laboral. Es el caso de la jubilación demorada, una modalidad que gana protagonismo pese a que algunos economistas advierten de sus posibles efectos contraproducentes.
La entrada en la jubilación de la generación del baby boom ha disparado la factura mensual hasta rozar los 14.000 millones de euros. La pensión media de los nuevos retirados alcanza los 1.665 euros, y el 21,7 % de los cotizantes actuales tiene más de 55 años. El panorama, en términos de sostenibilidad, es cada vez más delicado.
Para contener esa presión, el Gobierno introdujo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la Cuota de Solidaridad, dos figuras impositivas disfrazadas de cotizaciones que no han conseguido compensar los gastos. Por ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha centrado su estrategia en incentivar el retraso de voluntario de la jubilación.
Hace unas semanas, precisamente, la Revista de la Seguridad Social –dependiente del Departamento que dirige Elma Saiz– publicó un artículo sobre los beneficios de la jubilación demorada. Esta modalidad permite retrasar el retiro una vez cumplidos los años legales cambio de diferentes incentivos en función de los años de demora –un 4 % adicional en la pensión por cada año completo trabajado tras la edad ordinaria de retiro–; un pago único desde los 4.800 a los 13.500 euros en función de los años cotizados y el tiempo de demora; y una fórmula mixta que combina incrementos mensuales con un pago extraordinario.
Por ejemplo, una persona que con 35 años cotizados y una pensión inicial prevista de 1.500 euros mensuales decida retrasar dos años la jubilación, podría elegir retirarse con 120 euros más al mes, con un pago extraordinario de 15.414 euros (7.707 euros por año de retraso), o recibir un pago de 7.707 euros de pago extraordinario y un incremento de 60 euros mensuales.
Además de estos incentivos, Real Decreto-ley 11/2024 que entró en vigor el pasado mes de abril, permite que, a partir del segundo año de demora de la pensión de jubilación, el incentivo de demora se incrementará en un 2 % por cada seis meses, en lugar de un 4 % cada 12 meses. Las empresas, asimismo, tienen una reducción del 75 % de la cotización durante la situación de incapacidad temporal de los trabajadores que hayan cumplido 62 años.
Poco alcance por el momento
A pesar de estos esfuerzos, la jubilación demorada apenas supone el 11 % de los retiros, aunque la AIReF estima que esta cifra podría triplicarse en los próximos años. Pero el escaso interés puede tener más que ver con una cuestión más estructural que financiera.
«¿Estamos hablando de una jubilación tardía voluntaria o es que con la pensión que les quedaría no les da para vivir el resto de su vida?», se pregunta Joaquín Pérez, secretario general del sindicato USO. «Aunque las condiciones de vida han mejorado notablemente, a partir de los 65 años inevitablemente iremos perdiendo salud. Y lo que todos queremos es disfrutar de la jubilación, no aplazarla» añade.
Rentabilidad y efecto en la salud
El economista Gonzalo Bernardos advertía recientemente en La Sexta que, si se paga un 4 % más por cada año que se alargue la vida laboral «para que sea rentable tengo que vivir 25 años más tras la jubilación». Es decir, el incremento debe compensar la pensión no percibida durante los años de retraso, y este economista advierte que no en todos los casos merece la pena: «Esto podría ser más factible para las mujeres, dado que su esperanza de vida es mayor».
El retraso de la jubilación tiene también implicaciones en la salud. Según un informe de la Fedea, demorar un año la salida del mercado laboral eleva significativamente el riesgo de morir entre los 60 y 69 años. El riesgo se concentra especialmente en sectores y ocupaciones físicamente más exigentes y sujetas a un mayor nivel de estrés emocional y mental, y es mucho menor para los individuos que tienen acceso a mecanismos de jubilación parcial que les permiten reducir sus horas de trabajo a partir de determinada edad.
Según este estudio, la reforma de Escrivá supone un retraso en la salida del mercado laboral que genera, en promedio, una aportación adicional al sistema de pensiones y unos ingresos fiscales de 1.925 euros. «Además, debido a que la reforma conduce a una mortalidad temprana, ahorrando así a la Seguridad Social 3.228 euros por jubilado en beneficios de pensión. Como resultado, obtiene una ganancia fiscal de 5.213 euros gracias a la reforma», concluyen los autores.
Una práctica habitual en Europa
A pesar de estos riesgos, lo cierto es que la jubilación demorada es bastante común en Europa. En varios países –escandinavos y bálticos, principalmente– trabajar después de la edad legal de retiro es una práctica muy extendida, llegando en algunos casos a superar el 50 % de los jubilados.
España, por el contrario, presenta una de las tasas más bajas de empleo tras la edad de retiro –solo por detrás de Rumanía y Grecia– con tan solo un 7,8 % de personas que han continuado trabajando o se han reincorporado al mercado laboral tras alcanzar la edad de jubilación.
Ya sea por interés o por necesidad, lo cierto es que todo indica que esta brecha respecto al resto de vecinos europeos se irán reduciendo paulatinamente. Aunque resulte paradójico en un momento en el que el Congreso tramita la reducción de la jornada laboral.
