El consejero Bancalero cree que Asisa no tiene capacidad para atender a los funcionarios que van a ser rechazados por Adeslas y DKV. Los sindicatos asesoran a sus afiliados para iniciar acciones legales. «Es imposible tomar medidas», lamentan los afectados
Los asegurados aragoneses en Muface siguen viviendo jornadas de incertidumbre. La negociación entre el Gobierno de España y las aseguradoras parece totalmente rota tras el anuncio de abandono de dos de las aseguradoras (DKV y Adeslas) que hasta ahora forman parte del sistema. Y la situación no preocupa simplemente a los funcionarios implicados, pues desde el Gobierno de Aragón se tendrá que dar cobertura en la sanidad pública a las personas que salgan del mutualismo, algo que parece inviable con el actual diseño asistencial. «Parece que se esté dejando caer el sistema», lamentó ayer el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero.
El departamento asume que si no se logra un acuerdo en las próximas semanas (en un principio la fecha tope está marcada en febrero) el sistema sanitario aragonés sufrirá «una sobrecarga» en los núcleos urbanos. Como adelantó este periódico, la integración de los 45.539 mutualistas de Muface en el sistema sanitario aragonés aumentaría las listas de espera en unas 4.150 personas al año, de las que 2.580 serían pacientes de más de 65 años. Todo esto llevaría a una saturación de los servicios, por lo que sería necesario, según Sanidad, la construcción de un nuevo hospital similar al de Calatayud, con 122 camas.
La situación será más asumible en el medio rural, pues una buena parte de los funcionarios que ejercen en pueblos y poblaciones de poco tamaño ya están integrados en el sistema público. Desde el Gobierno de Aragón calculan que de los 45.000 mutualistas al menos 18.000 ya han optado por el Salud. Aunque no existen cifras concretas, una parte de estos ha tomado la decisión del cambio en los últimos meses.
«Nadie está solucionando nada, la incertidumbre es total», expresó ayer la portavoz de Csif en Aragón, Mónica de Cristobal. La entidad consideró que la situación «es insostenible y no vemos ni voluntad política, ni certezas que garanticen la viabilidad de Muface, pese a las declaraciones del ministro Óscar López, intentando trasladar un mensaje de tranquilidad a los mutualistas, a menos de una semana para que concluya el plazo de la última licitación». Por el momento indican que solo queda confiar en el plazo de transición, hasta el mes de abril, que ha ofrecido la aseguradora DKV. Además ayer se amplió en dos semanas el plazo para resolver el problema y seguir negociando. «El Gobierno está realizando una dejación de funciones y demuestra una absoluta falta de respeto a los trabajadores públicos», lamentó, sobre todo porque existen una gran cantidad de funcionarios a los que ya se les están negando tratamientos, sobre todo en procesos de larga duración como los tratamientos de quimioterapia o el seguimiento de embarazos de riesgo.
«Exigimos al Gobierno la convocatoria urgente del Consejo General de Muface para analizar con rigor y objetividad la situación económica y las posibles vías de solución para seguir garantizando la atención sanitaria del colectivo de funcionarios en esta mutualidad», indicó de Cristóbal siguiendo las exigencias generales de la entidad en el resto de las comunidades. «Con su actitud, el Gobierno está abocando al sistema del mutualismo administrativo a su defunción y no lo vamos a consentir porque Muface es patrimonio de los funcionarios y una condición laboral inherente desde el primer momento que acceden a su plaza», manifestó.
Mientras tanto, Csif ha comenzado una campaña de asesoramiento a sus afiliados para emprender acciones judiciales que se consideren pertinentes por la falta de asistencia sanitaria. En Aragón se han iniciado ya una decena de expedientes. «Ojalá no tengamos que tramitar la demanda penal de algún familiar que tenga que afrontar alguna desgracia por falta de asistencia», aventuró De Cristóbal.
Bancalero, por su parte, también defendió la vigencia de este modelo de colaboración entre lo público y lo privado. «Si se quiere revertir este modelo hace falta garantizar una buena planificación», señaló. A falta de conocer cómo se resuelve el conflicto, el sindicato baraja mantener las movilizaciones y no descarta promover una huelga en defensa de los derechos de los mutualistas.
Teodoro Maestre afronta un proceso de quimioterapia con la «angustia» de arañar «con súplicas y ruegos» la atención de la aseguradora
Teodoro Maestre, a sus 76 años, afronta con «angustia» una «patología muy complicada» que debería estar tratando en la aseguradora DKV dada su condición de mutualista como funcionario del Estado. Sin embargo, le están dando largas a las citas y solo tras «súplicas y ruegos» esta logrando la atención que merece. Lo considera una injusticia ante la que se ve impotente. «Es muy difícil tomar medidas en esta situación», asegura, conocedor de que otros afectados en situaciones similares se están planteando iniciar acciones legales por la situación de abandono sanitario a la que se están viendo obligados. Y todo sin saber cuál será el futuro de Muface.
Maestre se jubiló como Policía Nacional tras cotizar en régimen de mutualista desde 1986. «Reconozco que las compañías tienen grandes costes, pero ahora mismo lo único que pido es que me atiendan», explica pocos meses después de conocer que sufre «un proceso cancerígeno» para el que solo ha recibido una sesión de quimioterapia. «Si mi esposa no hubiera insistido ante DKV el ingreso yo no había recibido ese tratamiento», narra a pocas jornadas de una segunda sesión que todavía no tiene asegurada.
«El actual Gobierno de España no tiene en cuenta que la sanidad pública, a día de hoy, no puede atender a todos los pacientes que estamos pendientes de Muface», explica. Y pone como ejemplo la saturación de algunos servicios de urgencias por la proliferación de procesos gripales. «Me temo que a partir del mes de febrero pasaré a formar parte de una lista de espera de la sanidad pública y que no me atenderán», explica con la resignación del que se enfrenta a un muro de decisiones que se toman «sin tener en cuenta la gravedad de los pacientes».
Maestre sabe que miles de funcionarios aragoneses están pasando por situaciones parecidas. Antes las últimas noticias considera que se tiene que armar de paciencia. «Creo que me tocará ir a Asisa para que me informen», se resigna.
