La magistrada insta a la Diputación de Badajoz a acreditar la jornada laboral de David Sánchez, a quien también investiga ahora por enriquecimiento ilícito
La magistrada que investiga por fraude fiscal, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, ha reclamado a la Diputación de Badajoz -donde el hermano de Pedro Sánchez trabaja como coordinador de actividades de conservatorios- que acredite sus horarios de trabajo y si realiza la jornada laboral de forma presencial. La Beatriz Biedma pretende así acreditar si, como mantiene Manos Limpias en la denuncia que dio origen al procedimiento, «no asiste a su puesto de trabajo» salvo «en contadas ocasiones».
La titular del juzgado número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia que tome las riendas de la investigación, y ha pedido también a la Agencia Tributaria -en una resolución adelantada por Vozpópuli a la que ha tenido acceso este periódico- un «informe detallado» sobre si David Sánchez «tiene su residencia fiscal en España o Portugal» y si, en este último caso, el cambio de residencia fiscal sería compatible con su condición de funcionario público y la «obligación de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz».
Asimismo, la magistrada -que investiga también en este procedimiento al jefe de Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación, Alejandro José Cardenal- reclama a Hacienda las declaraciones de los últimos cinco años del hermano del presidente del Gobierno y que determine si ha detectado un incremento patrimonial injustificado superior a los 250.000 euros. Del mismo modo, la instructora quiere saber si David Sánchez ha sido objeto de alguna inspección por su actividad de alta dirección o por su residencia fiscal en el extranjero.
La magistrada también pregunta a la Diputación sobre el cambio de nomenclatura del puesto de trabajo de David Sánchez, que pasó de coordinador de actividades de los Conservatorios de Música a «jefe de la Oficina de Artes Escénicas» según la propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo aportada por la propia Diputación, a la que ahora reclama la Memoria Justificativa que detalla «las Funciones y repercusión económica». Además, quiere saber si esa modificación laboral fue aprobada por el Pleno y si «no habría sido necesario» tramitar un expediente de contratación pública «en el que hubieran podido concurrir otros aspirantes, habiendo conllevado «un cambio de funciones al centrarse actualmente en la coordinación del Proyecto Ópera Joven», cuya financiación (autonómica, estatal o europea) quiere precisar igualmente. Biedma pide asimismo el dictamen que se elabore sobre la actividad cultural del Programa Ópera Joven y la Oficina de Artes Escénicas, así como de las actas de las sesiones celebradas con posterioridad al pasado 30 de mayo.
La jueza justifica la batería de diligencias en que «ante una denuncia que narra unos hechos que pueden ser constitutivos de infracción penal, no cabe otra decisión que no sea la de iniciar el procedimiento correspondiente para su investigación». Solo cabría el archivo de plano (sin practicar diligencia alguna), recuerda, «en el caso de que el hecho denunciado no revistiere carácter de delito o que la denuncia fuere manifiestamente falsa, circunstancias que no concurren en el caso presente».
Una vez practicadas estas diligencias, aclara, «sí que será imprescindible la concurrencia de sólidos indicios racionales de criminalidad» para continuar con el procedimiento.
La magistrada señala que, según la denuncia de Manos Limpias, David Sánchez «percibe un sueldo público sin realizar las funciones esenciales del cargo para el que fue designado», coordinador de actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, en régimen laboral de alta dirección, en la Diputación de Badajoz.
Entre sus funciones, «y que al parecer no ejerce», continúa la instructora, figura la dirección de la orquesta sinfónica, banda sinfónica y orquesta de cámara de la Diputación, que supuestamente sería desempeñada por otras personas. «También se afirma que no asiste a su puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz, salvo en contadas ocasiones», apunta. Y se refiere a un informe de la Diputación de Badajoz -aportado por el colectivo de funcionarios denunciante- donde se dice que «no consta que haya solicitado ni que le haya sido autorizada la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo».
La denuncia también apunta que reside en Elvas (Portugal) -donde uno de los principales comisionistas de la «trama Koldo», el empresario Víctor de Aldama, habría desviado «mordidas» según la UCO- con la intención de «ahorrarse el pago de los impuestos en España».
Por último, la jueza alude a la denuncia de que «ostenta un patrimonio valorado en unos dos millones de euros, lo que se considera desproporcionado con el sueldo que percibe y su vida laboral anterior» y al hecho de que supuestamente no habría satisfecho el IRPF ni el Impuesto del Patrimonio en 2021 y 2022.
