Imputa a Artur Mas, Elsa Artadi y Gonzalo Boye, y pide además abrir pieza separada para la investigación de la injerencia rusa
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona Joaquín Aguirre ha abierto una pieza separada en la que imputa a Artur Mas y Elsa Artadi por traición y malversación y pide al Tribunal Supremo que investigue a Carles Puigdemont. En un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, pide abrir pieza separada para la investigación de la injerencia rusa en el procés por traición y malversación y además de Mas y Artadi, imputa a Víctor Terradellas, Jordi Sardá, Natalia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals, Carles Porta, Aleksander Dmitrenko, Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye.
En el caso concreto de Puigdemont, abre una nueva y compleja situación procesal para él, en la medida en que plantea elevar una exposición razonada ante el Tribunal Supremo para que se le abra una causa especial, previsiblemente por un delito de traición, tal y como ya sugirió el magistrado en un auto del pasado mes de enero. Este delito no está incluido en la Ley de la Amnistía si supone «una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España», por lo que, en caso de que el Supremo asumiese esa causa, Puigdemont podría ver abierto un nuevo frente judicial de inciertas consecuencias. Por eso, el juez, una vez que da por finalizada su instrucción, pide que se eleve al órgano superior competente la causa en lo que respecta a Carles Puigdemont y Francesc Dalmases, aforados, toda vez que Puigdemont sigue siendo eurodiputado.
En su prolijo auto, el magistrado Aguirre, a la hora de detallar algunos de los sucesos que desencadenan su tesis de que Puigdemont debe ser encausado por un presunto delito de traición, recuerda un informe con documentación intervenida a algunos de los responsables del procés. El documento, intervenido en mayo de 2018 en el registro del domicilio particular de uno de ellos, Víctor Terradellas, se definía la estrategia a seguir después de la celebración de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017.
En el documento, se cita «la vía republicana» y se propone «jugar al ratón y al gato» ante la imposibilidad de proclamación de Puigdemont y de su retorno inmediato (ya había huido de España). Y se añaden una serie de comentarios, como que Puigdemont «aparentemente» renuncia a la investidura, «nunca al escaño, y propone otro candidato». A posteriori se designaría un «nuevo presidente provisional», e ironiza con la «victoria del Estado (español)», que se vería obligado a levantar la aplicación del artículo 155. «Las fuerzas unionistas eufóricas de victoria», señala. A su vez, en otro punto del documento se añade: «Victoria de la República. Aplicar la estrategia empleada por Brzezinski (uno de los asesores rusos del procés) a escala global y la trasladaremos a la península hasta el hundimiento del Estado español».
Y concluía: «Los machacaremos con una serie de campañas (sociales, políticas, ambientales, económicas, infraestructuras…) ofreciendo, de cara a la opinión pública y publicada, negociación sin parar las campañas de confrontación. También de forma constante haremos movilizaciones pacíficas y controladas de desgaste mediante los CDR’s. A los 100 días de la formación del Gobierno de la Generalitat, aprovechando alguna celebración con concentración y de forma coordinada con las organizaciones políticas y sociales pertinentes, el nuevo presidente interviene desde el Palau, reiterando la independencia y proclamando de forma irreversible la República de Catalunya (…)».
Financiación desde Rusia
El pasado 28 de enero, cuando el PSOE negociaba con Junts y ERC la amnistía, Aguirre prorrogó seis meses la investigación de la trama rusa del procés.
Entonces, apuntó a Puigdemont, pero no pidió un suplicatorio al Parlamento Europeo, necesario para investigarlo por ser entonces eurodiputado, y no lo imputó.
Hace dos semanas, la Audiencia Provincial de Barcelona le impidió investigar parte de la causa.
Josep Lluís Alay recusó a Aguirre en varias piezas de las diligencias previas 111/2016, entre ellas, la pieza dos, justamente después del auto de 28 de enero, para impedir que investigara la injerencia rusa. Al estar recusado Aguirre no podía efectuar diligencias de instrucción sobre la injerencia rusa, y advierte de que no se pueda considerar jurídicamente factible que el magistrado sustituto durante la recusación pudiera ocuparse de tal tarea dada la complejidad de la investigación sobre la cuestión rusa.
Una vez resuelta la recusación denegándola, y con la amnistía en vigor, el auto señala que no hay inconveniente procesal en seguir la instrucción de la cuestión rusa en otra pieza separada siempre que esta última pieza separada tenga ligazón suficiente para desgajar de ella la injerencia rusa.
Las presentes diligencias previas 111/2016 se incoaron inicialmente por la concesión presuntamente irregular de subvenciones públicas gestionadas por el Departamento de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona. Durante la investigación se abrieron diferentes piezas separadas para ciertos grupos de subvenciones en tanto que afectaban a diferentes entidades.
El auto explica que una de esas piezas es la Pieza Catmon-Igman, que reúne la investigación de la concesión irregular de subvenciones gestionadas por el Departamento de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona, el Departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, la Agencia de Catalana de Cooperación y Desarrollo-ACCD y el Ayuntamiento de Barcelona a la Fundación Catmon y la Asociación Igman, ambas gestionadas por Victor Terradellas y Francesc de Dalmases.
Más implicados
De las diligencias de investigación practicadas en esta pieza, el juez traslada que se obtuvo abundante documentación y el contenido de los teléfonos móviles utilizados por Terradellas, que no estaba relacionada con la concesión de las subvenciones sino con otras actividades.
Estas otras actividades, que podrían haberse financiado utilizando fondos públicos, estarían relacionadas con el desarrollo de relaciones internacionales que tendrían la finalidad de obtener apoyo internacional, ayuda económica, reconocimiento internacional y soporte financiero de los gobiernos de China y Rusia para una supuesta República Catalana escindida del Reino de España, y, con ello, facilitar la injerencia de país extranjero en territorio español y la utilización de fondos públicos destinados a financiar dichas actividades.
Los hallazgos obtenidos durante la investigación relativos a estas últimas actividades desarrolladas conjuntamente por Terradellas y Dalmases han alcanzado un gran volumen de datos que le han permitido al juez constatar la participación de otras personas que deberán ser investigadas por su relación con estas otras actividades, las cuales consistirían en la obtención de ayuda financiera de China y en la colaboración de los investigados con personas de origen ruso cercanas al Gobierno de Rusia y/o que podrían tener vinculaciones con exmilitares o miembros del servicio secreto ruso.
Las resoluciones del Parlamento Europeo
El juez considera que resulta importante tomar en consideración las resoluciones del Parlamento Europeo dictadas con posterioridad al auto de 28 de enero de 2024, en la que pidió a los jueces que investigaran la injerencia rusa en el procés en Cataluña.
El Parlamento Europeo aprobó el día 7 de febrero de 2024 la Propuesta de resolución común – RC-B90124/2024 sobre la trama rusa: acusaciones de injerencia rusa en los procesos democráticos de la Unión Europea, en la que expresó su «profunda preocupación por las supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y el Gobierno ruso; observó que, de confirmarse, «la injerencia rusa en Cataluña formaría parte de una estrategia rusa más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión en la UE»; expresó su «profunda preocupación por las campañas a gran escala de desinformación que Rusia ha llevado a cabo en Cataluña, así como por los supuestos intensos contactos y el número de reuniones entre los agentes responsables de la injerencia rusa con representantes del movimiento independentista».
La Eurocámara pidió a las autoridades judiciales competentes que investigaran las conexiones de los diputados al Parlamento Europeo supuestamente relacionados con el Kremlin y los intentos de desestabilización e injerencia de Rusia en la Unión Europea y sus Estados miembros y lamentó todos los ataques contra los jueces que investiguen cualquier actividad de injerencia, recuerda el auto.
Desestabilizar a un país de la OTAN
El juez enumera las tácticas rusas de desestabilización, en las que juegan su papel los medios de comunicación estatales, la actuación de trolls y bots en redes sociales y la influencia directa en políticos y decisores públicos, valiéndose de mecanismos financieros y de afinidad ideológica, y advierte de que «la zona gris y las amenazas híbridas se han convertido en la nueva técnica militar de nuestra era debido a su eficacia y simplicidad».
Para la política rusa, apunta, el procès era una herramienta perfecta que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente. En el peor de los casos, si el proceso de secesión de Cataluña fracasaba, como ocurrió, la simple existencia del conflicto y la consecuente desestabilización de un país miembro de la OTAN ya representaban una victoria notable para los intereses de Rusia.
En el caso de que el proceso secesionista hubiera finalizado con éxito, y Cataluña hubiera obtenido la Independencia (y así el apoyo ruso), Rusia habría contado con «una puerta trasera» para desestabilizar toda la Unión Europea, tanto políticamente, siguiendo la misma estrategia que con Cataluña, como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas, insiste.
«A diferencia de otras injerencias en procesos electorales, Rusia contó en Cataluña con la cooperación de un elemento subversivo interno, que buscaba ansiosamente el apoyo de una potencia que le ayudase a pagar su deuda y lo prestase apoyo político en el momento clave de segregarse del estado español», advierte el auto.
