La fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid María de la O Silva sí era partidaria de investigar quién dio la orden de distribuir datos personales de González Amador
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha ordenado este lunes a la Fiscalía Superior de Madrid informar en contra de la admisión de la querella interpuesta por el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra los fiscales de Madrid.
Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO, la fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid María de la O Silva era partidaria de investigar quién dio la orden de informar y distribuir las informaciones sobre el pacto de conformidad que pretendía cerrar la pareja de Isabel Díaz Ayuso, investigada por fraude fiscal. Quería practicar una serie de «diligencias» para esclarecer quién podía ser el responsable de la filtración de esos datos confidenciales.
La defensa de González Amador interpuso contra la fiscal jefa de Madrid Pilar Rodríguez y el fiscal del caso Julián Salto por un posible delito de revelación de secretos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, la fiscal, que quería llevar a cabo una serie de averiguaciones sobre quién dio la orden de difundir esos daros confidenciales pidiendo las comunicaciones de los implicados antes de pronunciarse sobre la querella, se ha encontrado con que la Fiscalía General del Estado, a través de su número dos, le ha dado orden de informar a favor de la inadmisión y archivo.
Este lunes por la mañana, a 10.00 horas, se ha mantenido una reunión con Sánchez Conde después de que la semana pasada la fiscal de Madrid remitiera su propuesta a la Fiscalía General.
Por su parte, el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se ha abstenido en la causa puesto que dio la orden a la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, de difundir desde su gabinete de prensa la nota con los detalles de las negociaciones para alcanzar la conformidad. Además, García Ortiz ha asumido este lunes por primera vez la «responsabilidad última» de esa nota de prensa.
Por su parte, Lastra también se ha abstenido de participar en el procedimiento ante la posibilidad de que tenga que comparecer en la instrucción si el TSJM admite a trámite la citada querella. La fiscal superior de Madrid se mostró contraria a remitir a los medios de comunicación los pormenores de las negociaciones mantenidas entre el fiscal Salto y el letrado fiscalista Carlos Neira, prueba de ellos es que dio orden de retirar el membrete de Fiscalía de la Comunidad de Madrid (Oficina de Prensa) del comunicado.
En consecuencia, el informe de la fiscal Silva, que según informan fuentes fiscales fue remitido a la Fiscalía General la semana pasada, fue visado por el teniente fiscal de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría, mientras el asunto ha sido despachado con la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde.
EL FISCAL GENERAL ASUME LA RESPONSABILIDAD
Tras semanas de silencio sepulcral sobre uno de los mayores escándalos protagonizados por la Fiscalía en los últimos años, García Ortiz se ha pronunciado este lunes sobre la filtración de datos confidenciales que afectan a la pareja de Ayuso, por parte del Ministerio Fiscal. «Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa», señaló.
«Como fiscal general del Estado, estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios», agregó.
En un acto de toma de posesión de fiscales en la sede de la Fiscalía General del Estado, el máximo representante del Ministerio Fiscal salió en defensa de la fiscal jefa provincial del Madrid y del fiscal asignado al caso y sostuvo que no va a «tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de nuestra institución» y que no piensa «consentir que la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva».
El fiscal general afirmó que «la comunicación de la Fiscalía no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia procesal alguna en un ulterior procedimiento judicial».