La asociación afín al Gobierno dice que la defensa de las expulsiones de Ceuta «no se sostiene ni ética ni jurídicamente»
El Supremo confirma que la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en 2021 fue ilegal
La asociación progresista Jueces para la Democracia (JJpD) ha pedido al Ministerio del Interior que asuma responsabilidades y deje de respaldar su actuación en las devoluciones de menores marroquíes desde Ceuta en agosto de 2021. «La defensa que, incluso después de la publicación de la sentencia del Supremo, hace el Ministerio del Interior de las deportaciones sin garantías, pretendiendo justificarlas en el interés superior de estos niños y niñas no se sostiene ni ética ni jurídicamente», y contrasta con los principios de la ley de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, señala. En esta norma se recoge expresamente el derecho del niño o la niña a ser escuchados, a no ser objeto de ninguna forma de violencia, y a que su interés superior sea considerado primordialmente.
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Recuerda la asociación progresista que la sentencia del Alto Tribunal «declara la ilegalidad y el incumplimiento de los convenios internacionales» por parte de las autoridades españolas y pone en cuestión las políticas de extranjería «basadas en la vía de hecho». «Estos procesos que afectan a la protección jurídica de infancia tienen una regulación precisa y rigurosa, pues resuelven sobre el buen trato que deben dar los Estados a uno de los colectivos más vulnerables, especialmente cuando se encuentran en zonas de frontera, como establece la Convención de los Derechos del Niño», apunta.
Principios básicos
En este sentido, la asociación recuerda que esas expulsiones «se hicieron por la vía de hecho» y sin que estos menores tuvieran asistencia letrada, sin informar a las delegaciones diplomáticas de los países de origen, sin informes sociales ni familiares, sin escuchar a los menores sobre su situación y «sin argumentar por qué en cada caso concreto el mejor interés del menor se protege a través de la repatriación». A su juicio, se vulneraron tanto principios básicos de protección internacional a la infancia, como es la obligación darles protección, como principios básicos de derechos humanos, que prohíben las expulsiones colectivas.
Horas después de que trascendiera la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegales esas devoluciones, tanto la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguraron que la deportación se produjo acorde al ordenamiento jurídico. Alegría defendió que las autoridades competentes «siempre actuaron de buena fe, conforme, lógicamente, a la legalidad vigente y protegiendo en todo momento el interés de los menores». En la misma línea, y ante la Comisión de Interior, Grande-Marlaska insistió en contradecir al Supremo: «Estoy en el absoluto convencimiento de que las autoridades actuaron acorde al ordenamiento jurídico y al interés superior del menor», y aludió al acuerdo de 2007 entre España y Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados. «Cuestión distinta es si un tribunal ha entendido que los procedimientos se debían hacer de forma individualizada de acuerdo a la ley de Extranjería», puntualizó.
Para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) la devolución de menores marroquíes desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal y hubo una «absoluta inobservancia» de las prescripciones de la Ley de Extranjería.
