Los ministros se enredan en una maraña de aclaraciones, desmentidos y matizaciones, generando aún más confusión. No es un traspaso de competencias, dicen, sino una «delegación»
«Haber salvado la vida a las 630 personas del Aquarius hace que valga la pena dedicarse a la política», cuenta Pedro Sánchez en el primero de sus dos libros, Manual de resistencia, en el que presume de la que fue su primera gran decisión tras ganar la moción de censura, en junio de 2018. «Podíamos haber mirado para otro lado, como ocurre con demasiada frecuencia», añade sin falsa modestia.
El presidente del Aquarius, que un año después dio un giro copernicano y se negó a que el Open Arms atracara en algún puerto español, ha pactado ahora la trasferencia de las competencias migratorias a Cataluña con un partido que asocia la inmigración con la delincuencia. Un partido con tesis «xenófobas y racistas», según el PP. Ello ha provocado que el Gobierno se enrede en las últimas 48 horas una maraña de explicaciones, desmentidos, aclaraciones y matizaciones. Ante la opinión pública, con sus socios y, sobre todo, frente al Ejecutivo catalán (ERC).
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, telefoneó el jueves por la noche a la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, para darle cuentas, ante una cesión que a los de Esquerra les chirría. Según la versión de la consejera, Bolaños le aclaró que el acuerdo con Junts no es un «traspaso», pero que tampoco supo explicarle qué es entonces. «Tampoco hay ningún pacto en relación con lo que se delega. No hay nada pactado sobre qué delegaciones deben hacerse», añadió Vilagrà.
En paralelo, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, trató de salir del encuentro invitando al mismo café al resto de las comunidades, si quieren tomarlo. Es la misma estrategia que el Ejecutivo ya utilizó cuando pactó con ERC la condonación de 15.000 millones de euros de deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico y animó a las demás a acogerse a una quita similar. «Habrá que ver si hay otros territorios que aspiran a poder ejercerla, como es el caso del País Vasco», señaló Montero. Las comunidades del PP se apresuraron a responder que bajo ningún concepto.
El episodio recuerda mucho a otro que los socialistas protagonizaron en noviembre. Fue cuando pactaron con Junts que el Congreso revisaría las sentencias judiciales del procés y podría actuar contra los jueces que determinara que habían incurrido en lawfare. El propio ministro de la Presidencia y Justicia tuvo que tranquilizar a toda la Judicatura, que se unió en contra de tamaña injerencia.
La hemeroteca reciente de Junts
El acuerdo en sí mismo rebate que la que lidera Sánchez sea una «mayoría progresista» estando Junts dentro. Una formación que, en la última comparecencia de Fernando Grande-Marlaska en el Congreso, se quejó del reparto de migrantes procedentes de Canarias realizado por el Gobierno. «Dos mil personas se han enviado a Cataluña, por citar ejemplos, y no quiero decir zonas ni regiones, pero son tres veces más que a Andalucía y seis más que a Madrid y Valencia», señaló la diputada Marta Madrenas en diciembre. «Y todavía es más grave hablando de Cataluña, porque quiero recordar que en Cataluña tenemos la gran suerte de gozar de una lengua propia, el catalán, y esta circunstancia, obviamente, implica el derecho de todos los ciudadanos que conformamos nuestra comunidad lingüística y también de las personas migradas de dar forma a nuestra vida en nuestra lengua», añadió, insinuando sin demasiado disimulo que los migrantes ponen en riesgo el catalán. Sencillamente, porque no lo hablan.
Inmigrantes llegados al puerto de La Restinga (El Hierro)
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que es el responsable de la recién creada Comisión Interterritorial de Migraciones, matizó este viernes que Cataluña no va a poder rechazar la acogida de menores extranjeros no acompañados. Y que lo acordado con Junts no es un «traspaso de competencias», sino una «delegación de competencias». Con cada declaración, la madeja de la confusión se va haciendo más grande.
Ningún partido de la mayoría Frankenstein era ajeno a que la entrada de Junts en un bloque que ya era heterogéneo la pasada legislatura iba a provocar tensiones. Porque el partido de Puigdemont poco o casi nada tiene que ver con ERC, pero tampoco con Sumar, Bildu, Podemos y el BNG. Para papel difícil, el que interpretó este viernes el portavoz de Interior y Justicia de Sumar, Enrique Santiago, que tuvo que defender lo pactado y dar por hecho que se ceñirá a competencias que ya son autonómicas. «Los discursos xenófobos son exclusivamente de la extrema derecha», quiso zanjar Santiago, excluyendo a Junts.
En su discurso de investidura, Sánchez afirmó: «Vengo a defender que descartemos la política del insulto, del odio y de la crispación. Que aparquemos el negacionismo climático, el clasismo, el machismo y la xenofobia». Ayer, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, le recordó que si esta transferencia la hubiese pedido Vox toda la izquierda estaría «rasgándose las vestiduras».
