García Ortiz se somete al examen de la cámara tras un inicio de mandato accidentado y arremete contra la decisión del CGPJ de declararle no idóneo para el puesto
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado este jueves al examen del Congreso preparado para la crítica. Tras unas semanas muy complicadas, ha dejado en evidencia que espera una enorme oposición a su nombramiento por parte del PP y el PSOE. Tras ser confirmado por el Gobierno para la reelección, fue cuestionado en una sentencia del Tribunal Supremo por «desviación de poder» y recibió, además, un informe negativo de la mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre su idoneidad para ocupar el cargo. «No soy un contrincante político», ha dicho este jueves frente a los representantes de todos los partidos del arco parlamentario mientras reivindicaba su «neutralidad y objetividad». Además, ha cargado contra los ocho vocales que cuestionaron su figura.
García Ortiz no ha querido obviar lo sucedido en estas semanas y ha tratado de defenderse tanto frente a la postura del Consejo como de la resolución del TS. Ha atribuido el informe que apoyaron ocho vocales del Consejo -un órgano diezmado, cuyo mandato caducó hace más de cinco años, ha precisado- como una anomalía fruto de la «autoatribución» de una función de fiscalización de su actuación que no les corresponde. «Como si se tratara de un órgano jerárquicamente superior», ha criticado.
La opinión de estos vocales fue, en su opinión, «interesada» y fruto de un criterio de oportunidad. Los términos utilizados por este grupo de vocales representan para él, un conjunto de «valoraciones subjetivas» pronunciadas «sin darle ningún tipo de audiencia». «Se convirtió nuevamente en un tribunal de honor al que fui sometido por ocho vocales, sin un expediente previo, sin alegaciones y sin rigor, pues acudieron a fuentes todavía desconocidas para mí». El PP le ha reprochado en la comparecencia ser «un fiscal al servicio de Pedro Sánchez«. «Lo que se llama uno de los nuestros», ha indicado.
Además de cargar contra la decisión mayoritaria del Congreso, ha aprovechado para reiterar, como ha venido haciendo en distintas ocasiones a lo largo de los últimos días, que la institución que dirige actúa y debe actuar de forma imparcial y sometido exclusivamente al imperio de la ley. «El Fiscal General del Estado es la mejor garantía del trabajo diario de todos los fiscales; velador y valedor de quienes ejercen y han ejercido su función como custodios de nuestro ordenamiento jurídico desde una posición de absoluta imparcialidad«, ha agregado.
Defensa de los fiscales
En clara referencia a las insinuaciones de lawfare lanzadas por los partidos independentistas contra los fiscales del procés, el fiscal general ha insistido en que ha defendido en distintas ocasiones la autonomía de los miembros de la carrera en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y de las instituciones democráticas. Ha recibido también críticas por lo que algunos consideran una falta de contundencia. Este mismo miércoles, el Consejo Fiscal acordó amparar a todos los fiscales que han participado en procedimientos vinculados con el independentismo catalán. Aunque el acuerdo salió adelante por unanimidad, pero las fuentes consultadas apuntan a que algunos de los vocales del sector conservador han criticado durante el debate que no se hiciera ninguna referencia expresa a las acusaciones de lawfare ni a los señalamientos de jueces por parte de Junts per Catalunya.
«Las instituciones públicas y quienes temporalmente las dirigimos tenemos un deber inexcusable de imparcialidad en el ejercicio de nuestra función. Es una obligación constitucional y legal, pero también ética y moral. Solo así las instituciones democráticas y, desde luego, el Ministerio Fiscal podrán ser baluarte de los derechos y libertades del conjunto de la ciudadanía», ha dicho.
También ha habido reproches contra las críticas que aumentan la desconfianza de la ciudadanía en sus propias instituciones. Son, ha indicado, «legítimas y siempre neutrales, nunca partidistas». «Puedo decirlo más alto, pero no más claro: respetaré el principio de separación de poderes consustancial al Estado de derecho. Respetarlo significa evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado. No me verán tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad», ha agregado.
Por ello, ha indicado que no pretende ser «un comentarista de la actualidad política o judicial» y que se mantendrá siempre en el espacio de lo jurídico. «Si el Fiscal General del Estado abandona ese escenario, se coloca en un lugar idóneo para la contienda mediática, para el activismo asociativo, y no para el recto desempeño de su función constitucional», ha explicado.
