Los entes públicos presentes en la lista copan el 88% del dinero. Todas las empresas dependientes del Ministerio de Transportes acaparan el 58% del total
El Ministerio de Economía ha publicado en la tarde de este viernes la lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeos Next Generation, mes y medio más tarde del 15 de octubre, la fecha que exigía la Comisión Europea. Este retraso viene motivado por el intento de disimular que las Administraciones Públicas copan el listado en número y, sobre todo, en volumen de fondos. En concreto, menos de 40 de las 100 entidades son privadas, mientras que el resto son empresas públicas, ministerios o ayuntamientos. Y sólo reciben 625 millones de 5.112 millones, el 12% de los fondos.
Dicho de otro modo, el 60% de los receptores son entes públicos (empresas, ministerios, ayuntamientos) que además captan el 88% del dinero acumulado. Con el fin de maquillar el peso del Sector Público, del que fuentes conocedoras habían advertido a Vozpópuli, se ha desagregado la información para aflorar filiales, empresas y entidades subsidiarias que oculten las porciones de la tarta que se llevan Ministerios y empresas públicas como Adif.
De hecho, el entorno del Ministerio de Transportes copa 2.939 millones, el 57% de los fondos. La empresa pública Adif-Alta Velocidad, con 1.602 millones de euros, aparece en primer lugar, seguida de la matriz de la misma empresa, Adif, con 953 millones. En tercer lugar, aparece el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con 309 millones, del que depende la anterior. A esto se suman Ineco, también del Ministerio, con 60 millones, y Renfe, con 15 millones.
A su vez, la propia lista no oculta que el Grupo Tragsa se presenta como si fuera diez adjudicatarios distintos, ocho como Tragsatec, por más de 144 millones en total, y dos benficiarios como Tragsa, con cerca de 61 millones.
En lo que respecta al sector municipal, de los más numerosos, la lista separa a ayuntamientos y a sus empresas públicas.
Para hacerse una idea de la diferencia en contra del sector privado, la empresa que más fondos capta es Power Holdco Spain con 97,5 millones, 26 veces menos que Adif. La siguiente ya se encuentra en el puesto 14: Mercedes Benz España, con 55,2 millones.
De hecho, entre las compañías privadas que aparecen en el listado destacan las del sector del automóvil (Continental, Stellantis, Seat, Volkswagen, Renault, Sapa) al ser el primer «proyecto estratégico» que salió adelante.
En la lista no figura ninguna compañía del Ibex 35, prueba del retraso que acumulan otros proyectos clave en materia energética.
El Gobierno se vio obligado a revelar este peso del Sector Público en respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo Popular que desveló Vozpópuli. A la pregunta de cuándo tiene previsto publicar la lista, el Ejecutivo respondió que «la lista de principales beneficiarios de ayudas y licitadores de obras refleja el importante peso de las grandes inversiones en movilidad sostenible -impulso de la red ferroviaria, movilidad urbana sostenible y PERTE del vehículo eléctrico y conectado- en la parte ya ejecutada del Plan de Recuperación». También señaló «el importante papel de los ayuntamientos en el despliegue de las inversiones».
La radiografía que muestra esta lista no se alinea plenamente con los objetivos del Plan que viene trasladando el Ejecutivo. Según los datos que proporcionaba el Gobierno, un 54% de los fondos UE que se resuelven se quedan en la Administración Pública. Asimismo, los cuatro ejes del plan, la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social y la igualdad de género, aparecen reflejados de forma desigual.
Mes y medio de retraso
El Gobierno se saltó el plazo marcado por la Comisión Europea para publicar la lista de los 100 mayores beneficiarios de fondos europeos, una iniciativa impulsada por la eurodiputada de Ciudadanos Eva Poptcheva. Los países están obligados a hacerlo dos veces al año, tal y como marca el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y Bruselas les había pedido que fuera en abril y octubre.
De hecho, Bruselas llegó a enviar una carta formal al Gobierno ante el retraso que acumulaba en la publicación de la lista de los 100 mayores beneficiarios. En el documento, firmado por el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, se recordaba que «los Estados miembros tienen la obligación de publicar los 100 mayores receptores dos veces al año».
Antes de esta comunicación escrita, la Comisión Europea ya había enviado varias advertencias verbales a España y el resto de países ‘incumplidores’. El pasado mes de julio, durante la reunión con los eurodiputados de las comisiones de Presupuestos y Asuntos Económicos, se preguntó por primera vez al comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, por el retraso de España. «Nos estamos dirigiendo a los Estados miembros que todavía no han enviado la lista, pidiéndoles que proporcionen la información», aseguró.
En la primera semana de octubre, cuando se celebró otra reunión de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, Gentiloni y Dombrovskis informaron de nuevo de que se habían dirigido a esos Estados miembros para solicitarles que difundieran los listados, pero fueron más allá y marcaron una fecha límite: el 15 de octubre.
«En recientes reuniones con Estados miembros recordamos que el 15 de octubre es la fecha límite y si no se respeta emprenderemos acciones legales al respecto», dijo Gentiloni. «Estamos en contacto con los Estados miembros que aún no han publicado los 100 mayores beneficiarios y les estamos instando a que los publiquen sin demora y a más tardar el 15 de octubre», señaló también Dombrovskis.
