Un guardia civil desvela al juez que las balizas de la unidad de élite de Marlaska contra el narco son ilegales

OCON, la unidad especial creada y desmantelada por el ministro, ha usado cientos de balizas para seguir narcos «sin autorización judicial y prohibidas»

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La inmensa mayoría de los dispositivos de seguimiento usados por la unidad de élite de la Guardia Civil de lucha contra el narcotráfico son balizas ilegales adquiridas en plataformas como Aliexpress y Amazon. Así se desprende de las manifestaciones y documentación del miembro de la Policía Judicial y responsable de Medios Técnicos del grupo OCON (Organismo de Coordinación del Narcotráfico) Sur de la Guardia Civil en Málaga, el cabo Manuel Espinar, encargado de instalarlas y controlarlas durante varios años.

El agente fue enviado a prisión el pasado 21 de abril acusado de revelación secretos, supuestamente por facilitar información a un grupo de narcos dedicados a la marihuana. Al tiempo que defiende su inocencia, sus abogados han reflejado en varios recursos entregados en el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga el modus operandi que habría usado la unidad de élite creada por el ministro Fernando Grande-Marlaska en 2018 –y disuelta en septiembre de 2022– para arrestar a un mayor número de narcos burlando las garantías constitucionales instalando en vehículos balizas ilegales, ya sea porque carecían de autorización judicial o porque no están homologadas y son manipulables. La confesión de este cabo de la Guardia Civil pone en entredicho más de un millar de operaciones contra el narcotráfico que se han traducido en detenciones, condenas y embargos millonarios. Sólo en la provincia de Málaga hablamos de 400 operaciones, a las que hay que sumar las ejecutadas en Cádiz, Sevilla, Huelva y Almería.

El pasado 31 de agosto la defensa del cabo Espinar entregó a la juez un escrito de 66 páginas en el que detallan prácticas presuntamente ilegales: «Al Sr. Espinar, cabo de la Guardia Civil, miembro de la Policía Judicial y encargado de Medios Técnicos, le consta que las balizas utilizadas en la operación Torcal Logistique y de la que trae causa estos autos son balizas prohibidas por la Dirección General de la Guardia Civil y no cumplen con los requisitos exigidos por la Circular 4/2019 de 6 de marzo de la Fiscalía General del Estado, por lo que toda la información y pruebas obtenidas a través de las mismas es nula de pleno derecho, dato que pudiera ser el motivo de la espuria y malintencionada imputación al Sr. Espinar de los delitos de los que se le acusa».

El escrito ofrece detalles: «Se trata de balizas modelo TKSTAR compradas en Aliexpress con almacenamiento en servidor www.mytkstar.com ubicado en China, el cual permite inyectar recorridos en tiempo real, pero carecen de legalidad al no contar con el correspondiente certificado de la Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre pudiendo por ello falsearse, modificarse y alterarse recorridos. En cambio, las balizas oficiales modelo PR400 entregadas por la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) sí tienen el certificado de la Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre y, por tanto, no pueden emplearse para trampear recorridos«. Si había «prisa» para adquirirlas, en lugar de hacerlo mediante la plataforma china –más barata– recurrían a Amazon.

Por contra, fuentes oficiales de la Guardia Civil dijeron el viernes a ABC que «las balizas las ponemos con orden judicial y no tenemos constancia de que se hayan colocado de forma ilegal». Respecto a los modelos de balizas de Aliexpress y Amazon detallados en el escrito, las mismas fuentes se limitan a decir que las que usan son las que «llevan certificado de la Fábrica de Moneda y Timbre».

La Circular 4/2019, de 6 de marzo, de la Fiscal General del Estado, sobre utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización –publicada en el BOE– establece que «en el caso de los dispositivos técnicos de seguimiento y localización se entregarán, generalmente, copias electrónicas de los datos obtenidos (…) la obligación incumbirá a la Policía Judicial, que habrá de entregar los datos recabados directamente del dispositivo que haya utilizado, debiendo aportarse en un formato que garantice su autenticidad, para lo que resultará suficiente, al igual que en el caso de los dispositivos de captación y grabación de comunicaciones orales directas, cualquier fórmula de sellado homologada que garantice su autenticidad«.

Logistique es el nombre de la operación en la que fue arrestado el cabo Espinar, pero el Guardia Civil sostiene que esta forma de actuar, la de colocar balizas ilegales, no es exclusiva de este operativo sino que «se vienen utilizando no solo en la UOPJ (Unidad Orgánica de Policía Judicial) de Málaga sino también en OCON SUR –pudiendo haber sido utilizadas en más de 1.000 dispositivos–, para eliminar posiciones en un archivo de una baliza que lleva puesta varios días o meses antes de la oportuna autorización judicial y que posteriormente se acomoda la información a la fecha –posterior– del mandamiento judicial que autoriza su colocación, o también se utilizan para incrustar recorridos dentro de los parámetros que interesen una vez obtenida la correspondiente autorización judicial para su colocación«.

Fuentes próximas al guardia civil aseguran que «el 90% de las balizas se han colocado sin autorización judicial». Estos dispositivos, denominados «balizas B», permiten hacer seguimientos en todo vehículo sospechoso, vigilancias que el juez no habría autorizado por carecer de indicios suficientes. Cuando el operativo ‘B’ da resultados, se alteran los datos del software de la baliza para que las fechas cuadren y todo lo que se entregue al juez parezca correcto.

El agente relató a la juez un caso concreto: «El grupo EDOA (Equipos de Delincuencia Organizada y Antidroga) entró en un inmueble aprehendiendo en una casa rural de Arcos de la Frontera más de 1.000 Kg de hachís, deteniendo al propietario del inmueble. Al preguntarle el Sr. Espinar al Capitán Jefe sobre esperar dos días para entrar en la casa, el Capitán Jefe manifestó que tenían que blanquear como habían llegado hasta la casa«. Si la baliza B da resultados positivos, «se pide autorización al juez para legalizar la balización y luego se modifican las fechas en el software de la baliza o se entregan al juzgado sólo los seguimientos posteriores», describen a ABC las fuentes consultadas.

La defensa del cabo Espinar explica la manipulación de los archivos asociados a las balizas: «Las evidencias, pruebas o indicios extraídas de las balizas empleadas en la investigación, reseñadas en el Atestado de la Guardia Civil y aportadas al Ilmo. Juzgado al que nos dirigimos, son archivos Excel en los que al abrirlos las primeras celdas contienen la ID de la baliza (todos los ID de las balizas modelo TKStar empiezan por 905…). Cada archivo Excel se acompaña de un archivo HOST que ofrece apariencia de firma electrónica pero ciertamente ésta se crea en un momento posterior, es decir, puede modificarse cualquier dato o parámetro en el Excel. Ambos archivos tienen fechas y hora de creación que pueden modificarse ad hoc según interese«.

Las balizas tienen el tamaño de una baraja de cartas y se adhieren en los bajos del vehículo o en el guardabarros. Cuestan unos 50 euros y llevan una tarjeta SIM, como los teléfonos móviles: «Las tarjetas SIM utilizadas en las balizas referidas, según ha tenido conocimiento el Sr. Espinar, figuran contratadas con la empresa Things Mobile y Olivia Telecom a nombre del Comandante Jefe de la UOPJ de Málaga y Jefe OCONSUR Malaga, siendo abonado su coste presuntamente con cargo a los Fondos Reservados». Para que la baliza estuviera bien sujeta, compraban «imanes buenos, de neodimio, que vienen de Alemania».

Además de las balizas que la Guardia Civil colocaba, presuntamente, sin autorización judicial y/o sin homologación, hay otra técnica para seguir sin control judicial a sospechosos del narco: hacerlo mediante los dispositivos que las empresas de alquiler de vehículos tienen instalados en sus furgonetas. Cuando un sospechoso alquilaba una, los investigadores usaban el usuario y clave de la empresa para seguir el vehículo: «Conviene advertir, que en las flotas de alquiler de vehículos que se controlaban a través de la investigación de la organización criminal y que son Marbevan, Telefurgo, Onefurgo, Pinveco, Cobrerent y Miñacar, el capitan Jefe de la Guardia Civil Sr. Valadés, sin autorización judicial, ordenaba a los empleados de esas empresas que facilitaran los usuarios y contraseñas de geolocalización que lleva cada uno de los vehículos de forma que controlaban todos los vehículos, sus recorridos y geolocalización».

El escrito de 66 páginas del que se extraen estos entrecomillados tenía por objeto solicitar la libertad del cabo Espinar, que se encontraba en prisión preventiva. La jueza lo rechazó, y la defensa, en las alegaciones al recurso, sostuvo que «el resultado de los vehículos balizados trae causa de haberse producido la balización con carácter previo a la autorización judicial para ello y, además, a través de unas balizas que no son las aprobadas por la Guardia Civil«. El pasado 19 de octubre, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga estimó el recurso de apelación y decretó la puesta en libertad del cabo Espinar. La defensa había alegado su «hoja de servicio ejemplar», problemas de salud (está de baja médica desde hace meses) y nulo riesgo de fuga. A este diario no le consta que se haya abierto investigación alguna por los hechos descritos en los recursos en los que se solicitaba la puesta en libertad del guardia civil detenido y que apuntan a la presunta comisión de varios delitos.