Indi Gregory es una niña británica de ocho mes que padece una enfermedad que según los médicos del NHS, el sistema nacional de salud del Reino Unido, es incurable, y cuyos padres están inmersos en una batalla legal para que el tratamiento que la mantiene con vida le sea retirado en su casa y no en un hospital. Ahora, acaban de perder su última reclamación a la justicia que impide que se le retire el soporte vital en casa, en lugar de en un hospital u hospicio.
Los médicos dicen que sufre un dolor y angustia significativos y que no tiene sentido continuar el tratamiento. Tras esta conclusión, un juez autorizó en octubre que se le retirara el soporte vital, y el miércoles indicó que el tratamiento actual de la pequeña debería terminar en el hospital o en un centro de cuidados paliativos, ya que, defendió en su sentencia, sería «prácticamente imposible» retirar el soporte vital a la niña o brindarle cuidados paliativos en su hogar en la localidad de Ilkeston, Derbyshire, tal y como pide la familia.
Sus padres lo impugnaron, argumentando que debería permitirse que el tratamiento se retirara en casa, algo que ya el tribunal había dictaminado que no era posible debido al deterioro de sus condiciones de salud. El Tribunal de Apelación del Reino Unido desestimó este viernes su impugnación en una audiencia online. «Los motivos de la apelación carecen por completo de sentido», dijo el juez Peter Jackson al pronunciar la sentencia. «Aunque esta es una decisión legal, se toma con plena conciencia de la pregunta profundamente sensible que está en el corazón de los procedimientos». Jackson dijo que la suspensión que impedía a los médicos retirar su tratamiento, concedida para permitir que se presentara la apelación, había llegado ahora a su fin.
La bebé tiene una enfermedad mitocondrial que impide que las células del cuerpo produzcan energía y los especialistas que la han tratado hasta el momento en el Queen’s Medical Center de Nottingham han dicho que no pueden hacer más por ella. El equipo médico que ha llevado su caso le dijo al juez que la menor en este momento está «claramente angustiada, agitada y con dolor», y explicaron que aunque la extubación, es decir, la retirada del soporte vital, podría ocurrir en cualquier lugar, los cuidados posteriores deberían ser «gestionados por profesionales capacitados con recursos disponibles para hacer frente a las complicaciones y minimizar la angustia».
En octubre, el juez Peel dio permiso a los médicos para retirar el soporte diciendo que la evidencia médica de que no había nada más que hacer por su vida era «unánime y clara» y desde entonces su madre y su padre han intentado por todos los medios que los jueces, incluyendo los del Tribunal de Apelaciones de Londres y a los del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, Francia, revoquen la decisión que les obliga a ver a su hija morir en un centro hospitalario y no en su casa.
El debate ha traspasado las fronteras, ya que llegó hasta Italia, donde el Hospital Infantil Bambino Gesù de Roma, perteneciente al Vaticano, aceptó tratar a la niña, pero un juez británico denegó la solicitud para trasladarla a ese país con el argumento de que «no sería lo mejor para Indi». Fue entonces cuando intervino el gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que le concedió la ciudadanía italiana el lunes de esta semana. Meloni prometió hacer todo lo posible para »defender« la vida de Indi, pero la menor no ha podido abandonar territorio británico al no tener permiso de la justicia.
«Sólo estoy concentrado en salvar la vida de mi hija y hacer lo mejor para Indi, ella merece una oportunidad. Tiene un país que se ofrece a pagar por todo; sólo tenemos que llevarla allí para que no le cueste nada al hospital ni al gobierno», declaró a la BBC, decepcionado, Dean Gregory, padre de la menor, quien dice no entender por qué la justicia rechaza la ayuda ofrecida por Italia. «Todo el mundo parece preguntarse ‘¿por qué no la dejan ir?’ No tiene nada que perder», afirmó.
El caso recuerda al de Archie Battersbee, el niño de 12 años que en agosto del año pasado murió tras haber estado cuatro meses en estado de muerte cerebral después de haber participado en un peligroso reto viral de TikTok. El niño fue desconectado del soporte vital que lo mantenía con vida por resolución judicial, pese a que sus padres intentaron todas las vías legales que le permitieran seguir conectado más tiempo para ver si lograba recuperarse, y, una vez denegado este permiso en varias instancias, intentaron obtener una autorización para trasladarlo a un centro de cuidados paliativos para que muriera en un espacio más tranquilo e íntimo en lugar de hacerlo en el centro hospitalario. Tampoco esta súplica fue aceptada. También en el caso de Archie, dos países, Turquía y Japón, se ofrecieron a tratarlo.
