La amnistía se quiere conceder a cambio de un puñado de votos que Sánchez necesita para ser investido antes del día 27 de este mes. Votos que dependen de un prófugo perseguido por graves delitos. Su condición, tras la amnistía, es un referéndum de autodeterminación, lleve el nombre que lleve
La definición de Kelsen va a misa y no hay que repetirla: está en marcha un golpe de Estado. Se diferencia del de Tejero y del catalán en que esta vez el golpista es el Gobierno de la nación. Esta circunstancia permite a Sánchez revestir la destrucción del sistema con un manto de legalidad. De la ley a la ley se hizo la Transición y de la ley a la ley se urde la destrucción de su legado, el tesoro de una democracia liberal. En el nuevo salto de la ley a la ley se perderá un ingrediente connatural a cualquier sistema de libertades: la legitimidad. Comprender esta separación entre lo legal y lo legítimo es crucial.
El principal instrumento del autogolpe es una ley de amnistía. La quiebra democrática se producirá en el momento en que entre en vigor. Recordemos los puntos principales que hacen tal ley inadmisible; cada uno por sí solo es letal; juntos son una bomba antijurídica. Los principales puntos concernientes a su inconstitucionalidad son los que siguen:
Está prohibido expresamente el indulto general, y la amnistía es un indulto general ampliado.
Se quiebra del principio de igualdad al dotar de impunidad a una parte de la clase política y a sus partidarios violentos.
Se quiebra el principio de jerarquía normativa: una ley no puede pasar por encima de la Constitución. Si una mayoría parlamentaria permitiera soslayar la Constitución, el Título X, dedicado a su reforma, sería papel mojado.
Se quiebra la independencia del Poder Judicial y el principio de división de poderes. El Parlamento simplemente no puede pasar por encima de las resoluciones de los jueces y tribunales, y la ley de amnistía anularía sentencias condenatorias firmes y obligaría a archivar procedimientos en curso.
Se quiebra el principio según el cual los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
La amnistía también viola el Tratado de la UE, que se fundamenta, entre otros, en los valores de democracia e igualdad. Más allá de su antijuridicidad, la amnistía se quiere conceder a cambio de un puñado de votos que Sánchez necesita para ser investido antes del día 27 de este mes, fecha en la que las Cortes quedarán disueltas si no hay investidura. Ese puñado de votos dependen de un prófugo perseguido por graves delitos.
Su condición, tras la amnistía, es un referéndum de autodeterminación, lleve el nombre que lleve. Tal escenario toparía con dos graves objeciones: el derecho de autodeterminación no opera en España; la unidad de España es el fundamento de la Constitución.
Puede que finalmente no se apruebe la amnistía por las excesivas exigencias de los golpistas catalanes. Pero si se aprueba, España no será una democracia, legalidad y legitimidad se separarán, la razón abandonará al Estado y pasará directamente y sin intermediarios al pueblo español, el sujeto de soberanía. Lo que procederá a partir de entonces lo reservamos para próximas entregas. Solo un adelanto: Sánchez no se saldrá con la suya.
