Su grupo parlamentario deja sin efecto una proposición de ley que registró en el Congreso en septiembre para despenalizar las injurias a la Corona y a los miembros de la Familia Real
La reforma del Código Penal que Sumar presentó en septiembre para despenalizar las injurias a la Corona ha sido un visto y no visto. Yolanda Díaz la ha sacrificado cerrar el acuerdo de coalición con el PSOE, después de que su grupo parlamentario llegara a registrarla en el Congreso.
El 23 de septiembre, el diputado por Sumar Enrique Santiago presentó a bombo y platillo la primera proposición de ley de su grupo para la recién iniciada legislatura, totalmente al margen del PSOE. Una en la que los de Yolanda Díaz proponían suprimir seis artículos del Código Penal, reformar dos y añadir uno en aras de la «protección de la libertad de expresión» en España.
En concreto, en su iniciativa Sumar abogaba por derogar las injurias y calumnias contra la Corona y contra los miembros de la Familia Real; el delito de enaltecimiento de terrorismo (para evitar condenas a cantantes y artistas, como el rapero Hasel); las ofensas contra los sentimientos religiosos; y los ultrajes a la bandera y a los demás símbolos nacionales.
En su presentación, el también líder del PCE llegó a afirmar que había llegado el momento de blindar la libertad de expresión y recuperar las «libertades públicas» que fueron recortadas en tiempos del PP. El texto de la proposición decía: «Cuanto más poder tiene una institución mayor ha de ser la exposición a la crítica legítima por parte de la ciudadanía. De otra manera no se entiende la libertad política ni la democracia».
Sin embargo, la real politik ha obligado a Yolanda Díaz a ofrecer esa proposición de ley en sacrificio, en la pira del acuerdo de coalición con Pedro Sánchez. Sin comunicarlo ni mediar explicación, el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso procedió a retirar la iniciativa la semana pasada. Después de que ésta hubiese sido calificada por la Mesa de la Cámara Baja.
En el pacto suscrito entre el PSOE y Sumar, los firmantes hablan en abstracto de garantizar «el ejercicio del derecho a la libertad de expresión» reformando, y derogando si toca, algunos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal. Pero sin ninguna concreción.
La legislatura pasada, el Pleno del Congreso admitió a trámite dos proposiciones de ley en este sentido, aunque no llegaron a término antes de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Una de ellas fue a iniciativa de Unidas Podemos, cuando estaba al frente Pablo Iglesias. La que en septiembre recicló y presentó Sumar era prácticamente calcada a aquella. La que ahora ha retirado.
