Creen que el registro que exige Igualdad es «incompatible» con «el ejercicio libre de la objeción de conciencia»
Igualdad reclama a las CCAA que garanticen la presencia de médicos no objetores del aborto en hospitales públicos
La ministra de Igualdad, Irene Montero, quiere que las comunidades autónomas contraten a médicos que estén dispuestos a practicar abortos para que ninguna región tenga que derivar a las pacientes a centros privados por falta de profesionales que lleven a cabo las intervenciones. Los médicos, sin embargo, no ven con buenos ojos esta medida, pues creen que puede derivar en la discriminación de aquellos médicos que no estén dispuestos a llevar a cabo abortos a la hora de encontrar trabajo. «Es completamente discriminatorio y contrario a nuestro Código de Deontología», lamenta la doctora Luisa María González, vicepresidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem).
Este código, asegura González, expone que «ningún médico ocasionará la muerte de ningún paciente aun en el caso de que éste se lo pidiera». «Precepto que está avalado por la Asociación Médica Mundial», remarca.
La reforma de la ley del aborto, impulsada por el Ministerio de Igualdad y aprobada este mismo año, contempla que todas las comunidades autónomas deben contar con un registro de profesionales que, basándose en la objeción de conciencia, se nieguen a llevar a cabo estas intervenciones para poner fin al embarazo. «Quienes se declaren personas objetoras de conciencia lo serán a los efectos de la práctica directa de la prestación de interrupción voluntaria del embarazo tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada», recoge la norma. En este registro, los profesionales médicos tienen que manifestar su disconformidad con la práctica de estas intervenciones de manera anticipada y por escrito.
El texto legislativo remarca además que se adoptarán las medidas de organización necesarias para «garantizar la no discriminación tanto de las personas profesionales sanitarias no objetoras, evitando que se vean relegadas en exclusiva a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, como de las personas objetoras para evitar que sufran cualquier discriminación derivada de la objeción».
En este sentido, la vicepresidenta del Icomem considera que la petición que la ministra de Igualdad hizo ayer por carta a las comunidades autónomas es «incompatible» con «el ejercicio libre de la libertad de conciencia». Para ello, se remite a lo que determina la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que dice que «la objeción de conciencia se ejerce de manera sobrevenida, que nadie tiene que hacer declaraciones ni verbales ni escritas de la objeción de conciencia a priori, ni por supuesto tiene que registrarse en ninguna administración».
A su juicio, hay que fomentar y favorecer las ayudas a las mujeres que no quieran abortar para que «puedan ejercer su derecho a ser madres».
