De un plumazo, Pedro Sánchez ha dejado a España sin escudo ni espada, al jubilar el delito de sedición y crear el de «desórdenes públicos agravados», como si fuera una trifulca tabernaria o un botellón salido de madre. Aunque lo peor no es eso. Lo peor es la excusa que da: «homologarlo a la legislación penal europea». Mintiendo como suele y quedándose tan pancho.
Ningún país está tan loco como para renunciar a algo tan inmediato y grave como la amenaza desde dentro. Tiene diversos nombres –rebelión, secesión, golpe, ‘push’–, quedando el de alta traición (‘hoch Verrat’) solo en Alemania, así que he buscado en su diccionario Knaurs lo que significa ‘hoch Verrat’: «Ataque delictivo contra el ordenamiento estatal, el territorio del Estado, la Constitución vigente o la máxima autoridad del mismo». El próximo paso era el Código Penal, donde encontré un artículo, el 81, que detalla el delito: «quien con violencia o amenazas daña el estado actual de la República Federal de Alemania o intenta cambiar sus Leyes Fundamentales». La pena para ello va de diez años de prisión a cadena perpetua. En casos menores, las penas irían de un año a diez.
El artículo 82 se refiere a los ‘laender’ (sus autonomías) y prescribe: «Quien con violencia o amenazas arrebata total o parcialmente el territorio de otro land de la República Federal de Alemania o cambia su ordenamiento constitucional será condenado de uno a diez años». En casos menos graves, la pena será de 6 meses a 5 años.
El artículo 83 aborda los intentos de dicho delito y establece que «quien prepare un plan específico de alta traición a la RFA será condenado de 1 a 10 años de privación de libertad. En casos menos graves, será de 1 a 5 años, mientras quien prepare un plan específico contra otro land recibirá de 3 meses a 5 años».
Queda un artículo 83 para aquellos casos en que los perpetradores cesen voluntariamente de cometer el delito y, al darse cuenta de que otros pueden continuarlo, lo impidan o reduzcan significativamente. El tribunal puede reducir la pena o no imponerla.
Algo de lo que no hay el menor rastro entre los nacionalistas catalanes condenados por la intentona independentista de 2017 y la malversación de caudales públicos, un rabo aún por desollar. Ha sido, sencilla y claramente, el precio pagado a aquel nacionalismo por los votos que permitirán aprobar los presupuestos de 2023. Es decir, una bajada de pantalones a la vista de todo el mundo. Sin que ni siquiera llegue: Aragonés y su gente lo están diciendo muy alto y muy claro: este es el camino que conduce al indulto total de los condenados y al referéndum de autodeterminación. Ante lo que uno se pregunta si quien comete alta traición por dejadez de funciones es quien lo ha propiciado.
