Por tierra, aire y ¿mar? Galicia se lanza a la conquista de la energía eólica marina

La eólica es una de las grandes apuestas energéticas de Galicia. Hay más de 150 parques que la producen en toda la región y están vinculados a un centenar de Ayuntamientos, según el OEGA (Observatorio Eólico de Galicia). Ahora la Xunta quiere lanzarse a la conquista del mar, y puede que lo consiga. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reunió el martes con el presidente gallego, Alfonso Rueda, para analizar el plan de una plataforma experimental de energía eólica marina. Es decir, que los molinos que generan este recurso puedan levantarse sobre las aguas, cuando hasta ahora sólo estaban en tierra firme. Del encuentro salió el compromiso del Miteco para aprobar antes de final de año el marco regulatorio necesario para abrir camino a esta opción. Pero no todo es de color de rosa.

«La idea es prometedora, pero hay cosas que no se pueden sacrificar», plantea el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Ecosistemas y la Pesca, Torcuato Teixeira. También es el asesor jurídico de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), que agrupa a una treintena de organizaciones pesqueras. Teixeira alerta de que este proyecto para impulsar la energía eólica marina —que cuenta con pocos precedentes en España— tiene que resolver algunas cuestiones prácticas antes de ponerse en marcha. «El objetivo nadie lo discute. Pero hay que analizar muy bien dónde ubicarlo [para que interfiera lo mínimo con la actividad pesquera] y, sobre todo, presentar estudios de impacto suficientes como para demostrar que no repercutirá en las costas gallegas ni en el sector que vive de ellas», defiende.

Plataforma experimental

Desde la Conselleria de Economía, Industria e Innovación de la Xunta de Galicia aseguran que todas estas advertencias ya están entre sus preocupaciones a la hora de levantar la infraestructura. Por concretar en qué consiste exactamente el plan de la Administración autonómica, la idea es comenzar con un ensayo. De ahí que se hable de una plataforma experimental que, por su propia definición, pretende ser también temporal. Quieren levantar una infraestructura de poca potencia, unos 30 megavatios, que producirán entre dos y tres aerogeneradores. Para ponerlo en contexto, en la región existen unos 4.000 molinos eólicos, todos en tierra.

Los detalles del plan ya se presentaron en septiembre, y el aval del Ministerio es solo uno más de los escollos que pueda encontrar en el camino. En la Xunta explican que tendrá colaboración privada, y que el Miteco debe aprobar la normativa que permita decidir, primero, dónde colocar la infraestructura. Se trata del POEM, el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo que nace de una iniciativa europea para que cada Estado miembro regule sus recursos marinos de forma sostenible. Desde el departamento de Economía, Industria e Innovación concretan que este es el siguiente paso, pero no el único: luego habrá que pasar otros filtros como las declaraciones de impacto ambiental o estudios sobre cómo afectará a la pesca, la fauna y los corredores de aves. «Queremos impulsar la energía eólica marina, y que Galicia sea pionera en hacerlo a gran escala. Pero somos conscientes de que hay que ir poco a poco, hasta saber cómo optimizarla«, añaden.

Galicia es una de las comunidades con más potencia eólica instalada de España. Junto a ella, otras como Aragón, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía o Canarias fueron potenciando en los últimos años su producción de este recurso energético alternativo. Para lograrlo, los parques terrestres llevan construyéndose en suelo gallego desde 1995, según la Universidad de Vigo. Pero hay cada vez más, y aún siguen nuevos proyectos en marcha. Hace dos años, nació una plataforma que denunciaba su expansión a costa de «usurpar» terrenos a los vecinos y localidades. Es la Red Galega por un Rural Vivo: «No sabemos qué ocurrirá con los planes para producir energía desde el mar, pero la tierra está llegando a su límite«, señala en declaraciones a este periódico uno de sus técnicos portavoces, Leandro del Río.

El precedente de los parques terrestres

Según la información que maneja, en estos momentos en Galicia se tramitan «unos 300 proyectos» de parques eólicos. Al igual que el representante de las organizaciones pesqueras, del Río también dice ver con buenos ojos que existan estas alternativas energéticas. Más aún, en un momento de escasez de recursos. Pero no por ello evita mencionar los problemas que la construcción «desenfrenada» de infraestructuras puede provocar, tanto en tierra como en mar. «La geología gallega hace que muchas veces haya que recurrir a explosivos para manipular el terreno y levantar los generadores. Esto, al final, afecta a todo el ciclo del agua», indica. Además, mencionó también las complicaciones medioambientales que pueden suponer cuando no se hacen estudios hidrológicos precisos: «Y no se están haciendo«.

En plena crisis energética, uno de los frentes abiertos en la Unión Europea es multiplicar los gigavatios (GW) que los Estados miembro producen con energía eólica antes de 2030. Esto tiene una cara b que es el dónde, y a qué precio. Los dos portavoces consultados, tanto Teixeira como del Río, coinciden en que la iniciativa no tiene por qué pasar por pisotear otras actividades que ya existen. De hecho, la ven con buenos ojos. Creen que generar energía eólica en Galicia, sea vía parque terrestre o generadores marinos, puede ser compatible con la vida rural y las labores pesqueras. Pero todo dependerá, a su juicio, de la precisión con la que se implanten y el conocimiento que se tenga de los límites del ecosistema.

«Con los parques eólicos terrestres, al menos en Galicia, hubo una falta de planificación absoluta«, explica el portavoz de la Red Galega por un Rural Vivo. «En julio advertimos al conselleiro [de Economía] que la construcción de tantos parques podía llegar a ser un problema no solo para la población, sino también para las empresas e incluso para ellos mismos. Están dando concesiones una tras otra«, considera, para añadir que «eso podría ir contra las leyes ambientales y que un juez les obligue a dar una compensación patrimonial».