«Vamos a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana». Con esa contundencia se pronunció el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado 1 de diciembre en el Congreso, cuatro días después de la primera manifestación en Madrid de miles de policías de varios Cuerpos (150.000 según los convocantes). Pero pasados cinco meses de esa afirmación y de la mutitudinaria respuesta de los agentes, la reforma ni está ni se la espera. Se atascó en la ponencia, antes de celebrarse la tercera reunión, prevista para principios de marzo, y el caso Pegasus amenaza con darle la puntilla, a la vista de las exigencias de ERC al Gobierno: si no hay comisión de investigación del supuesto espionaje o no cesan a la ministra Robles, los independentistas bloquearán cada proyecto o reforma de Sánchez.
Esa es, al menos, la postura pública que se puede suavizar en privado (Esquerra quiere una explicación personal del presidente) o decaer en función de las contrapartidas que obtengan. Lo cierto es que el ‘Catalangate’ le ha brindado a Rufián y los suyos una oportunidad única para hacer valer sus puntos irrenunciables. No obstante, la negociación está en una fase tan inicial que la Ponencia podría seguir adelante aunque ERC la abandonara. La ley de Seguridad Ciudadana, como otras, ha pasado de promesa electoral del PSOE y banderín de derechos a cenicienta a la que es mejor dar la espalda.
Se acabaron las prisas. Desde marzo o incluso antes. Entonces se dio la paradoja de que el partido que encabezó la propuesta de cambio en la ley, el PNV, suscribió un acuerdo con el PP, entre otros grupos, para paralizar los trabajos, según fuentes del grupo parlamentario popular. Resultado: la reunión se suspendió y desde entonces solo ha habido contactos entre algunos de los socios de Pedro Sánchez.
¿Qué pasó en febrero y a qué consenso se había llegado? Depende de a quien se le pregunte. «La enmienda 129 de PSOE y Podemos no salió adelante en la reunión anterior del 23 de febrero; todos votamos que se quedara como está ahora en la ley», explica la diputada y portavoz en la comisión de Interior del PP, Ana Vázquez. Para entonces, después de dos reuniones y varios aplazamientos, se había llegado hasta el artículo 30 de la conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’, pero dejando muchos de los artículos anteriores incompletos: los más polémicos.
Esa enmienda, una de las 51 presentadas de forma conjunta por PSOE y Unidas Podemos, pretendía modificar quiénes son los sujetos responsables de sanciones si se producen altercados en manifestaciones o reuniones en lugares públicos. La propuesta de los dos socios de Gobierno era que los organizadores quedaran exonerados de responsabilidad si ocurrían incidentes que no pudieron impedir.
«Los socios del acuerdo de investidura decidieron retrasar las reuniones y el PP estuvo de acuerdo. Luego hubo polémica porque Ana Vázquez mandó un tuit atribuyéndoselo», señalan desde Unidas Podemos. «Ayer acordamos paralizar de manera temporal la tramitación de la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, ellos porque no llegan a acuerdos ante la radicalidad y el Grupo Parlamentario Popular porque no queremos modificarla. Con diferentes intereses, pero logramos pararla».
Es el tuit en cuestión, del 24 de febrero, que escribió Vázquez y que provocó un chorreo de críticas. Lo cierto es que desde entonces la ponencia no se ha vuelto a reunir, como admiten todos los diputados consultados por ABC. La impresión es que hay discrepancias insalvables entre los socios de Pedro Sánchez, ahora agravadas. Fuentes del grupo parlamentario socialista admiten que con algunos de esos compañeros de viaje parten de grandes divergencias en cuanto al papel de las Fuerzas de Seguridad.
«Puntos de acuerdo»
«Nuestra labor es buscar puntos de acuerdo con quienes quieran mejorar la ley y ellos tienen que entender que si no la sacamos adelante seguirá vigente la de 2015, la del PP. Estamos de pegamento. Nuestra posición es de equilibrio entre los socios», señalan desde el PSOE. Confían en que el texto de enmiendas consensuado con UP permita avanzar aunque son conscientes de que el régimen sancionador es el principal escollo para que los trabajos sigan. También quieren «aunar posiciones en un marco conceptual respecto al trabajo policial, y esto conjugarlo con las demandas de las ONG».
El diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez es mucho más contundente: «Está parado porque no se ponen de acuerdo entre ellos. No quieren seguir porque van a acabar votando cosas distintas y no les interesa que se vislumbre que no hay un acuerdo entre los socios, tampoco en esto».
Partidario de reformar la ley, con 32 enmiendas presentadas, entre ellas alguna dirigida a frenar la okupación, Cs tiene claro que «tal como está quedando no vamos a votar a favor. Si el PSOE sigue dejándose presionar por Bildu, UP o ERC todavía va a ser peor». Gutiérrez apunta que los socialistas deberían sumar con otros que no fueran sus socios porque no se puede apoyar «un texto que criminaliza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que pone en duda la profesionalidad de los agentes y que no tiene el apoyo de éstos». Asegura que desde su grupo han insistido una y otra vez al PSOE para que hablen con los representantes de los policías y guardias civiles.
La ponencia para la reforma echó a andar en enero, ya con retraso, porque varios miembros tenían Covid. Ha habido dos reuniones, una ese mes muy larga y otra en febrero. La siguiente, la del 2 de marzo, es la que se suspendió. En la primera hubo acuerdo en 19 artículos; en la segunda, más lenta, en diez, pero no consecutivos. «Los más polémicos se los saltaron y los aplazaron», aclaran a ABC fuentes de Unidas Podemos. Antes de que se cancelara la cita de marzo solo se habían acordado dos o tres artículos más.
Los grupos del bloque de investidura quedaron en seguir hablando e intentar consensos en las enmiendas de cada uno para que cuando se celebre la próxima reunión haya ya un avance. Desde el 2 de marzo, según UP, esas reuniones se han producido: físicas, telefónicas, por videoconferencia; algunas bilaterales entre PSOE y PNV o PSOE y ERC y otras con más participantes.
Documento de ERC
UP afirma que se ha logrado un «preacuerdo» en torno a otros cinco o seis artículos más. Pero sigue sin haber consenso en lo más polémico: uso de material antidisturbios, devoluciones en caliente, presunción de veracidad del testimonio de los policías tras algunos incidentes… En general, los pretendidos cambios que motivaron que miles de policías se pusieran de acuerdo para movilizarse.
Para complicar más las cosas, ERC entregó antes del escándalo de Pegasus a los otros cinco grupos parlamentarios partidarios de modificar la norma –PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu y Junts– un documento con condiciones irrenunciables. Se trata de 11 puntos que incluyen la prohibición expresa de usar pelotas de goma como material antidisturbios y la eliminación de la presunción de veracidad de los agentes, algo que el PSOE no puede asumir.
«El PSOE tiene claro que las sanciones deben seguir en la ley, pero algunas tienen que ser leves. Si se cometen hechos violentos, tiene que haber un responsable», insisten fuentes socialistas respecto al régimen sancionador. Para ellos es innegociable sacar las devoluciones en caliente de inmigrantes de la seguridad ciudadana y llevarlas a la ley de Extranjería. «Ni Vox ni PP –dicen– tienen ningún interés en tocar la ley y eso es una contradicción porque en la anterior legislatura había acuerdo PP, Cs y PSOE para mejorarla. Vox va a lo suyo y no está participando prácticamente en la ponencia». Cs niega que sea así.
«Todo lo que sea paralizar está bien, sobre todo tal y como se está planteando el debate. No avanzamos», afirma la diputada del PP Ana Vázquez. «Que no se identifique a los extranjeros es una barbaridad, pretende que los policías solo puedan identificar a los españoles; ese es un artículo pendiente de votar en el que obviamente no hubo acuerdo. Tampoco en que los menores no sean imputables por esta ley. ¿Y qué hacemos con los que están en bandas latinas, por poner un ejemplo?».
La falta de avances era tan evidente que en una de las últimas reuniones de la comisión de Interior, su presidente, José Luis Ábalos, preguntó a los diputados cómo llevaban los acuerdos y si necesitaban más días, ajeno al parecer a la parálisis.
Sin fecha
Los plazos, a tenor de lo que afirman unos y otros, son un ejemplo de ese trasfondo a cámara lenta. Las fuentes socialistas consultadas reiteran que no los hay, aunque «nosotros creemos que cuanto antes mejor. Pero no podemos marcarnos una fecha porque es un texto legislativo». Desde el PSOE mandan un mensaje para apaciguar: «No vamos a perjudicar el trabajo de las Fuerzas de Seguridad. Este partido tiene un bagaje en el Ministerio del Interior y eso no se puede obviar».
Sus socios de UP confiaban antes del supuesto espionaje en que el dictamen de la ponencia y un texto ya aprobado en la comisión de Interior estuviera listo en este periodo de sesiones, que termina el 30 de junio. El PP cree que hasta después del verano no se va a seguir trabajando.
Gutiérrez, de Cs, vuelve a ser contundente: «Nos hemos puesto de acuerdo en temas pacíficos (DNI, pasaporte…) muchas cosas han quedado casi igual. Las que enfadan a los policías no se han tocado». Dice que ha habido cierta tensión, pero no demasiada. Recuerda que esta ley regula la convivencia de los ciudadanos en espacios públicos y afea al PP su actitud «pasiva», «en contra de cualquier cambio». El PSOE sabe que si plasma en el texto lo que quieren sus socios radicales tendrá enfrente a miles de agentes porque lo que subyace en las propuestas de ERC o Bildu es criminalizar a quienes visten uniforme.
