Hicieron falta catorce horas de reunión para que el Gobierno y los transportistas llegasen a un acuerdo que no llegó hasta la madrugada de este viernes. Finalmente, el plan de ayudas pactado entre ambos contendrá una amplia batería de medidas que supondrá un coste de más de mil millones de euros para el Estado. Una amalgama de incentivos para acabar con las protestas que colapsan las carreteras españolas desde el pasado 14 de marzo.
Pero, pese al esfuerzo del Gobierno, este acuerdo no garantiza la paz social. La Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías, promotora de las protestas, no estuvo presente en la reunión por la negativa de Raquel Sánchez y ya ha avisado de que mantendrá los paros.
Los portavoces de los transportistas autónomos dejaron claro este viernes que seguirán con el cese de actividad hasta que el Gobierno se siente con ellos y «se comience a hablar de los verdaderos problemas del transporte».
«Tendrían que bajar más de 60 céntimos para que pueda ser suficiente. No se está tocando el tema del precio del transporte que es lo mas importante, poder cubrir costes de explotacion, pero esto a la patronal no le interesa», señaló en una entrevista en RNE el presidente de la plataforma convocante de los paros, Manuel Hernández. «Con nosotros no ha hablado nadie, siguen sentándose con la gente equivocada, y siguen ofreciendo migajas y propinas para desconovocar un conflicto que para nada pasa por un descuento en el precio del gasóleo», añadió Hernández.
La medida estrella del paquete es la bonificación del gasóleo, la gasolina, el gas y adBlue. La bonificación será de 20 céntimos por litro, de los cuáles el Estado aportará 15 y las petroleras un mínimo de 5 céntimos. Tal y como publicó ABC, ambas partes acordaron finalmente un sistema similar al de Francia. Esta medida estará vigente hasta el 30 de junio, aunque será prorrogable «según evolucionen los mercados», ha explicado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en una rueda de prensa producida a las 2 de la madrugada.
Todo este proceso, según confirman desde el sector, estará supervisado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El Gobierno también se abre a las ayudas directas, un sistema que miró con reparo durante la pandemia. En total, pondrá a disposición del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) 450 millones de euros. Tal y como publicó este periódico, en este sistema también entrarán los vehículos de pasajeros, y la cuantía de la ayuda será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero que incluye taxi, VTC y ambulancias.
Asimismo, se ampliará el plazo de vencimiento de créditos avalados por el ICO hasta 8-10 años y se ampliará el periodo de carencia —el tiempo de retraso o aplazamiento en el pago— de los créditos avalados por el ICO en seis meses. También se creará una nueva línea de crédito avalada por el ICO con 12 meses de carencia, ha detallado la ministra.
Para combatir el abandono de la profesión, que está sufriendo en los últimos años la escasez de personal cualificado, se duplicará el presupuesto de las ayudas de abandono a la profesión de transportista pasando de 10 a 20 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2022.
Raquel Sánchez también ha avanzado que Transportes trabajará en una propuesta para aplicar «cuanto antes» los principios recogidos en la ley de la cadena alimentaria en relación a los costes de producción, que será presentada al sector antes del 31 de julio.
