El presidente del Centro de Investigaciones Científicas (CIS), José Félix Tezanos, vuelve a estar en el punto de mira. Si hace apenas unos meses llegó a estar investigado por una presunta malversación (a raíz de una querella de Vox que le acusaba de utilizar dinero público para influir en la decisión de los votantes y que finalmente fue archivada), ahora es la posible filtración de datos al exvicepresidente Pablo Iglesias lo que le coloca en la diana. Esta misma semana el líder de Podemos publicó un mensaje en Telegram en el que decía tener los datos de la encuesta del CIS sobre las elecciones en Castilla y León del próximo 13 de febrero antes de que se conocieran los resultados.
En él señalaba que a su formación le daban «entre 3 y 5» escaños y «un 11% en Valladolid» y que sus sensaciones eran «buenas». Posteriormente, consciente de lo que significaba esa filtración, borró el mensaje. Hoy se ha sabido, según publica ‘El Confidencial’, que 48 horas antes de esta filtración Tezanos e Iglesias comieron.
Al margen de la dificultad probatoria de esa relación de causalidad lo cierto es que si se demostrase que esa filtración ha venido de la mano de Tezanos implicaría la comisión de un delito al tratarse de un funcionario público que no ha cumplido con las obligaciones que de esa condición se derivan. Así lo aseguran juristas consultados por ABC, que creen que los hechos podrían ser constitutivos de revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos o uso de información privilegiada, delitos que acarrean pena de inhabilitación (en el caso de la custodia de documentos, incluso cárcel).
Se considera delito de revelación de secretos cuando la autoridad o funcionario revelara secretos o informaciones que tenga conocimiento por razón de su cargo, y que no deban ser divulgados. El delito está penado con multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo público de 1 a 3 años. Si dicha revelación causara un perjuicio grave a la causa pública o a un tercero, se agravarán las penas con prisión de 1 a 3 años y en todo caso inhabilitación especial de empleo de 3 a 5 años.
Por su parte, el artículo 418 penaliza el uso indebido de la información privilegiada, es decir, la que se conoce por un número reducido de personas por razón del cargo. En este caso se castiga al particular que se aproveche en beneficio propio o de un tercero de un secreto o información privilegiada que obtenga de una autoridad o funcionario. La multa será del triplo del beneficio obtenido y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos fiscales o de la seguridad de 1 a 3 años.
Respecto a la infidelidad en la custodia de documentos, el artículo 413 castiga a la autoridad o funcionario público que por razón de su cargo público tuviera que custodiar unos documentos, y a sabiendas, «sustrajere, destruyere, inutilizare o ocultare, de forma parcial o total dichos documentos». Quien lo haga incurrirá en una pena de prisión de 1 a 4 años, multa de 7 a 24 meses y en todo caso inhabilitación especial del cargo público de 3 a 6 años. Fuentes jurídicas consideran que esas encuestas se considerarían dato reservado y que como tal estarían sujetas a Ley 39/2015 .(del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
«Dimisión inmediata»
De momento, PP y Ciudadanos ya han pedido la dimisión inmediata de Tezanos y los populares han anunciado que instarán a que se dé luz verde a una comisión de investigación. En la misma línea se ha manifestado la formación que dirige Inés Arrimadas: «¿Quién es Pablo Iglesias para tener los datos de una encuesta del CIS antes de que se publique? ¿Va a investigarlo el Gobierno? Es gravísimo. Este manejo de información es corrupción. Exigimos explicaciones al Ejecutivo y la dimisión inmediata de Tezanos».
Por el momento, el presidente del CIS no ha dado ninguna explicación sobre los motivos por los que Iglesias ha podido tener acceso a esos datos cuando no se habían hecho públicos.
