Tres diputados de Ciudadanos (Cs) votarán en la Asamblea murciana en contra de la moción de censura para salvar al Ejecutivo regional y la Presidencia de Fernando López Miras (PP). La moción la apoyan PSOE y Ciudadanos. El presidente murciano tenía buena relación con los tres disidentes, pero la estrategia la dirigió desde la nacional el secretario general, Teodoro García Egea, diputado por esta circunscripción y con mando en el partido en Murcia. García Egea habló personalmente con Valle Miguélez y Francisco Álvarez para convencerles de que se desdijeran de su firma en la moción de censura.
El nuevo vuelco en la política regional descoloca otra vez el reparto de ganadores y perdedores hasta ver en qué queda el órdago personal de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se precipitó, al conocerse la moción de censura, a convocar también elecciones en la Comunidad de Madrid contra el criterio que hasta ahora había mantenido siempre el presidente del partido, Pablo Casado. Ayuso encontró la excusa en el pacto de PSOE y Cs y forzó a Casado a aceptar lo que ha venido rechazando desde septiembre por el vértigo a perder la «joya» de su poder autonómico en una operación política mal calculada.
García Egea ha forzado un cambio de escenario que da oxígeno a la dirección nacional en una situación muy complicada y en la que desde las estructuras territoriales llevan tiempo discutiendo su gestión y hasta se han preguntado estos días «¿quién está en la sala de máquinas?».
García Egea se reivindicó ayer a sí mismo frente a sus detractores, aunque más allá de su victoria política el resultado de este pulso entre PP y Ciudadanos deja importantes daños en el Gobierno regional. Crece la inestabilidad y el espectáculo bochornoso puede beneficiar a Vox.
La operación, que se había presentado como de ingeniería política maestra de La Moncloa, en plena pandemia, se vuelve en principio contra Pedro Sánchez y el PSOE, aunque todavía no pueda medirse qué saca el PSOE a nivel nacional del apuñalamiento entre populares y naranjas. El voto de Ciudadanos es un botín a repartir entre PSOE, PP y Vox, además de lo que pueda irse a la abstención. Y la crisis en la dirección naranja es de tal dimensión que ayer empezó a circular la hipótesis de que su «número uno», Inés Arrimadas, esté planteándose abandonar la política para volver a la actividad privada.
La guerra a cuerpo descubierto entre PP y Cs deja un panorama poco tranquilizador para el resto de barones populares que dependen de la coalición con el partido de Arrimadas. El mensaje es que no hay mando en plaza y que, por tanto, al frente hay un liderazgo que no tiene autoridad para imponer decisiones. En ese cada uno ir por libre, el suelo en Castilla y León y en Andalucía se ha hecho más inestable, a pesar de que los grupos naranjas en estas respectivas comunidades autónomas sostengan que su intención es cumplir los pactos y sostener los acuerdos.
La otra derivada está en Madrid, donde Ayuso sintió ayer abrirse el suelo bajo sus pies al quedarse sola ante la convocatoria electoral. Las encuestas que empiezan a publicarse no dejan de anunciar crecimientos espectaculares en intención de voto para su candidatura, que en el mejor de los casos podría gobernar con apoyo externo de Vox. Pero, después del desenlace de Murcia, Ayuso se somete voluntariamente a una prueba donde puede ganar mucho y también perderlo.
La evolución de la crisis en Murcia descolocó ayer los nervios en Sol. Dicen en el entorno de la presidenta que gobernarán en solitario y que a Vox no le quedará más remedio que apoyarles desde fuera, porque el titular de la noche electoral será que Ayuso se impone y contiene el crecimiento de Vox. Es decir, que los de Abascal no tendrán más remedio que dejarles gobernar «porque la alternativa es responsabilizarse del gobierno de la izquierda». Estos cálculos están en manos de los resultados reales que salgan de las urnas, y en el PP no hay tanta seguridad respecto a esa inevitable cooperación de Vox para facilitar que Ayuso mantenga el poder sin condiciones de alto riesgo a nivel nacional.
En cualquier caso, el terremoto queda reducido a un plebiscito madrileño en el que el resultado se medirá en función de si la gran polarización de la política suma más en favor de la concentración del voto para el PP y la derecha o hacia el flanco de la izquierda. En la «cocina» demoscópica de Ayuso confían en que la situación lleve a que los extremos no crezcan y sí lo haga la bipolarización, sumando más a favor de las siglas populares. Es decir, una contención del crecimiento de Vox y la desaparición de Ciudadanos.
Desde el poder territorial advertían, ante el nuevo movimiento de piezas, que en política nunca hay que fiarse de lo inmediato, y que hay que esperar a ver el resultado global del juego para saber si con estas acciones políticas el PP ha ganado de verdad algo en Murcia, en Madrid y a nivel nacional.
En Murcia el PP se ha beneficiado de la crisis interna dentro de la organización regional naranja. Por eso, cuando el miércoles por la mañana se conoció la moción de censura pactada por el PSOE y Ciudadanos, el presidente murciano decidió cesar a parte de los consejeros naranjas, pero no a todos. Mantuvo a dos, entre ellos a una de las «disidentes» en la disciplina de voto en la moción de censura, Isabel Franco, vicepresidenta del Gobierno.
Su estrategia fue cesar a aquellos diputados que tenían responsabilidades orgánicas dentro del partido para dividir al equipo. Para abortar la moción, López Miras ha metido en su gobierno a los otros dos disidentes, a Valle Miguélez y a Francisco Álvarez. La primera se encargará del área de Empresa y el segundo de la responsabilidad de Empleo y Universidades.
En la operación de captación de estas dos voluntades es donde más a fondo se ha empleado el secretario general del PP, que viene de curtirse en la negociación de los gobiernos autonómicos y municipales tras las últimas elecciones, y que se decantó muy a favor de su partido al conseguir reforzar un poder que no le habían garantizado las urnas. Cs acusó al PP de Murcia de «corrupción» por «intento de compra» de sus diputados. También la izquierda sacó a pasear el fantasma del «tamayazo».
En cualquier caso, el poder autonómico de Ciudadanos es el síntoma residual de una época que no volverá ya para los naranjas. La Ejecutiva convocada para el lunes será determinante para el futuro nacional del partido, pero pase lo que pase en la dirección del mismo, en la formación asumen que los escaños que hoy tienen y el poder autonómico que todavía hoy ostentan desaparecerán en las próximas urnas. El PP viene trabajando desde hace meses en una operación de absorción de cargos territoriales con vistas a las próximas elecciones autonómicas y municipales: trabajándose confianzas y ganando voluntades para incorporarlas en sus equipos, a pesar de las tensiones internas que esto provoca, como se vio en el País Vasco.
