«El escenario está muy abierto». Las incógnitas que rodean las elecciones de este domingo en Cataluña aportan un elemento de inestabilidad añadido a la ya de por sí anómala situación en la que vive instalada la región desde hace varios años. Los pactos, una abstención que se augura récord o la posibilidad de no llegar a conocer los resultados esa misma noche, en caso de que no puedan constituirse un número significativo de mesas electorales, son algunas de las incertidumbres que permanecen latentes a la espera de que el derecho al sufragio las resuelva. Un derecho que se desarrollará, por cierto, en un contexto sanitario adverso, en medio de una pandemia que alimenta la desmovilización. Y es precisamente esta palabra, esta posibilidad, la que despierta los fantasmas de los socialistas.
Moncloa ideó la «operación Illa» con la vocación de que no estaba eligiendo a un candidato, sino a un president para Cataluña. Solo este objetivo justificaría relevar en el peor momento de la tercera ola al ministro de Sanidad, gestor de la principal prioridad del Ejecutivo: la crisis sanitaria, para asumir una empresa, también prioritaria para el Gobierno, pero que se vio relegada por la pandemia: pilotar la resolución del «conflicto político» catalán. Los socialistas se opusieron sistemáticamente a la suspensión de las elecciones por el coronavirus, ante el temor de que un aplazamiento diluyera el «efecto Illa», sin embargo, el mantenimiento de los comicios en la fecha prevista tampoco garantiza su éxito. En el Ejecutivo preocupa que la abstención y el peso que tienen los indecisos den al traste con su movimiento maestro, marca Moncloa. Ambos factores son el principal elemento disruptivo y un riesgo no menor que puede evitar que cristalice la victoria que otorgan las encuestas.
Tanto las propias como las que publican los medios de comunicación colocan al candidato socialista en cabeza, aunque esto no garantice que llegue a gobernar. Una salvedad que también hacen en privado desde el cuartel general del Gobierno. El triple empate de PSC, ERC y Junts per Catalunya en la pugna por la victoria en las urnas hacen que la situación sea sumamente volátil y que cualquier elemento pueda hacer que se decante la balanza. Los socialistas son conscientes de que una alta abstención no les beneficia, porque en esta ocasión, al contrario de lo que ocurre habitualmente, se prevé que sean los votantes de más de 60 años quienes se queden en casa por miedo al contagio. En estos rangos de edad es donde el PSC tiene el principal nicho de votantes.
Por este motivo, desde el Gobierno se ha puesto «toda la carne en el asador». Pedro Sánchez se ha desdoblado en hasta seis actos, más de los que tenía previstos en un inicio, para insuflar aire al «efecto Illa» y que no cediera en los últimos compases de la campaña. Estas llamadas a la movilización que todos los portavoces socialistas han hecho en los mítines, llegaron el martes incluso a la mesa del Consejo de Ministros, donde la propia portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, llamó a «incitar a la participación» porque es «la mejor manera de construir y sociedad». Montero llegó incluso a «animar a la participación» en varios momentos, aseguró «todas las garantías de protección de salud para los votantes». Esto, en paralelo a la campaña por el voto por correo que se ha hecho desde el PSOE para intentar emular lo que ocurrió en Estados Unidos con Joe Biden, donde este tipo de sufragio a distancia fue decisivo para su victoria.
Salvador Illa ha huido durante estas dos semanas de cualquier polémica. Con una campaña sin riesgos, trufada de algunos anuncios como anticipar a su vicepresidente económico y consejero de Hacienda, el hasta ahora presidente de AENA, Maurici Lucena, o la decisión de bajarse el sueldo un 30%, si llega a la Generalitat. La máxima que se impuso: no cometer errores, se trastocó con la negativa de hacerse un PCR antes de los debates de TV3 y de La Sexta, decisión que le ha colocado en el centro de las críticas de sus competidores y ha hecho sembrar algunas suspicacias sobre sus motivos. Sin embargo, el “cordón sanitario” de los independentistas contra su candidatura, dejando por escrito que no pactarán con el socialista ha supuesto un regalo para el socialista en la recta final de la campaña, que le visibiliza como la única alternativa al soberanismo. Pero si el PSC alberga temores sobre el efecto que pueda tener en sus resultados de la noche electoral la desmovilización –abstención e indecisos– , no tiene un panorama mucho más despejado para el día después.
El día después
La relación con sus socios en lo que queda de legislatura vendrá marcada por el equilibrio de fuerzas que arrojen las urnas. La más inmediata, dentro del propio Gobierno. Si los Comunes sufren la debacle que le auguran las encuestas, en el Ejecutivo temen que la confrontación interna que sufren por parte de Podemos se recrudezca e incluso que se planteen su permanencia en la coalición, dado que estar en el Gobierno no les está generando réditos electorales. Sin embargo, los socialistas son conscientes de que necesitan atraer a esos votantes morados en Cataluña y no han ahorrado en apelaciones al voto útil para lograr atraer todo el voto de izquierda posible.
En la misma línea, los resultados de ERC son decisivos. Si los republicanos –siempre mimados por las encuestas– quedan por detrás de Junts percibirán el rechazo de sus votantes a la estrategia de interlocución con el Estado que han llevado a cabo en los últimos meses –aprobación de los Presupuestos Generales incluida–, respecto a sus socios en el Govern, que han puesto palos en las ruedas a este diálogo y que reniegan de él, recuperando el discurso de la unilateralidad. El equilibrio de fuerzas entre PSC y ERC y cómo se pueda orientar hacia la Presidencia de la Generalitat tendrá un efecto directo en la relación de dependencia existente en Madrid. Mientras que si Illa gana con solvencia y logra gobernar, Sánchez tendrá manos libres y bula para avanzar en su estrategia de «desjudicialización del conflicto», indultos a los líderes del «procés» incluidos.
