La Fiscalía Anticorrupción, que inició en la Audiencia Nacional la investigación sobre la grabación del ex comisario José Manuel Villarejo en la que Corinna Sayn-Wittgenstein hablaba del dinero oculto de Juan Carlos I, aseguró en septiembre de 2019 que de las pesquisas que había llevado a cabo el Ministerio Público suizo no se podía concluir que los 64,8 millones que el Rey Emérito recibió en 2008 de la Monarquía de Arabia Saudí fueran una comisión por intermediar en el contrato del AVE entre las ciudades de La Meca y Medina.
Así consta en un escrito de 30 de septiembre de 2019, firmado por los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano, en el que, de forma literal, destacan que las investigaciones practicadas en Suiza, que permitieron detectar «importantes ingresos de fondos en las cuentas cuya titularidad real se atribuye a Juan Carlos I, como los 64.884.504 euros», «no avalan precisamente la hipótesis del desvío de comisiones ilícitas procedentes de la adjudicación de contrato público, puesto que los fondos detectados proceden de la autoridad adjudicataria de dicho contrato», en referencia al Gobierno de Arabia Saudí.
LA RAZÓN ha tenido acceso al documento del Ministerio Fiscal español, que pedía al juez Manuel García Castellón que aceptara la comisión rogatoria procedente de Suiza en la que las autoridades fiscales de Ginebra reclamaban las grabaciones del ex comisario José Manuel Villarejo a Corinna Sayn-Wittgenstein.
En este escrito, los fiscales mantienen que las pesquisas de la Confederación Helvética detectaron una serie sociedades y cuentas bancarias gestionadas por residentes en Ginebra, «que operarían como testaferros de Juan Carlos I, a través de las cuales habrían circulado capitales, algunos de ellos luego utilizados en inversiones inmobiliarias en Londres», algo que sería compatible, concluyen, con una operativa de blanqueo de capitales.
«Sin embargo, no parece que la investigación desarrollada en Ginebra esté centrada en una actividad delictiva generadora de aquellos fondos ingresados en las cuentas gestionadas por despachos de residentes suizos, más allá de la referencia a las comisiones ilícitas que según las conversaciones de Corinna Sayn-Wittgenstein, habría recibido Juan Carlos I sobre el contrato público del tres de alta velocidad La Meca-Medina adjudicado por Arabia Saudita a un consorcio de empresas españolas», resaltan Stampa y Serrano.
Un tercer fiscal de Anticorrupción, Luis Pastor, también mostró en una comisión rogatoria enviada a Suiza el 12 de febrero de 2020 sus dudas sobre la veracidad de la versión que dio Corinna Sayn-Wittgenstein al ex comisario Villarejo sobre la presunta comisión de 50 millones de euros que el Rey Emérito habría cobrado de las empresas españolas adjudicatarias del AVE saudí.
Además, Pastor resaltó que pese a que la empresaria danesa declaró que el Rey Emérito, «en su presencia, dijo que 50 millones de euros de las comisiones pagadas eran para él», en realidad «no pudo asegurar que realmente hubiera llegado a cobrar tal cantidad».
Además, la ex amante del Emérito, quien llegó a afirmar que disponía de una copia del contrato mediante el cual los empresarios españoles habrían abonado la comisión de 100 millones de euros a la empresaria de origen iraní Shahpari Azam Zanganeh, –de los que alrededor de 50 millones de euros podrían haber ido a parar a Juan Carlos I–, «no aportó copia del contrato al que se refería en la conversación grabada». «Sí aportó”, aclara Pastor, “un borrador de un contrato de consultoría sin ninguna relevancia a los efectos de esa investigación».
El fiscal del cantón suizo de Ginebra Yves Bertossa abrió el 6 de agosto de 2018 una investigación penal por un delito de blanqueo de capitales. Y el 16 de agosto remitió una comisión rogatoria al juez Manuel García Castellón, quien sustituyó como instructor del «caso Villarejo» al magistrado Diego de Egea,.
La causa sobre Juan Carlos I había sido archivada el 7 de septiembre de 2018 por el juez. Pero la parte sobre las comisiones del AVE de Arabia Saudí se mantuvo abierta en la Fiscalía Anticorrupción, de la que se encargó el fiscal Luis Pastor.
En junio pasado, la Fiscalía General del Estado dejó en manos del fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos las pesquisas sobre el AVE a La Meca. El Ministerio Público justificó este cambio porque consideraba necesaria «la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito», que está aforado en el Alto Tribunal.
Los cuatro fiscales encargados de esa investigación, dirigidos por Juan Ignacio Campos, llegaron a la conclusión de que los hechos que podrían ser objeto de imputación –delitos fiscales y blanqueo de capitales– estarían amparados por su inviolabilidad, ya que cuando sucedieron Don Juan Carlos gozaba de la inviolabilidad que le otorgaba ser Jefe del Estado.
Por eso, las investigaciones sobre las supuestas comisiones abonadas por los empresarios españoles que resultaron adjudicatarios del contrato del AVE saudí por un valor de 6.300 millones de euros, al margen de la actuación de Juan Carlos I, volverán a la Fiscalía Anticorrupción.
