Moncloa ha convocado finalmente un Consejo de Ministros extraordinario este domingo para declarar el estado de alarma . La decisión estaba tomada, a falta sólo de la notificación formal, y si no se ha celebrado hoy es porque desde el viernes por la noche el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encontraba en Roma, para ser recibido este sábado en audiencia por el Papa. Al resto de miembros del Gobierno ya se les había advertido de que mañana estuvieran «localizados» y todas las fuentes consultadas daban por hecho que se haría. Las mismas fuentes confirman que ya es oficial.
Esta nueva declaración de estado de alarma nacional incluirá un toque de queda, un confinamiento nocturno como el que ya se está aplicando en Francia, Italia y Bélgica, para limitar la actividad y la movilidad.
Aunque el Ministerio de Sanidad era partidario de esperar unos días más para lograr un consenso unánime de todas las comunidades autónomas y garantizar el apoyo parlamentario del PP a las prórrogas, en las últimas horas varias comunidades, incluida País Vasco y Cataluña han pedido al Gobierno un nuevo estado de alarma.
El agravamiento de la situación sanitaria ha llevado a hasta ocho autonomías –Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria, País Vasco, Cataluña y la ciudad de Melilla– a reclamar al Gobierno que apruebe esta figura de excepción para dar una respuesta homogénea a la escalada de contagios y dar cobertura legal a un confinamiento nocturno. De hecho, aunque el lehendakari Iñigo Urkullu se había mostrado en contra de un nuevo de estado de alarma, ayer mismo llamó al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, para avanzarle que lo solicita después de que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no haya autorizado sus últimas medidas, como la limitación a seis personas de las reuniones sociales públicas y privadas.
El jueves hubo un encuentro del Consejo Interterritorial de Salud, que reúne al ministro de Sanidad y a los consejeros autonómicos, donde ya se puso de manifiesto que una gran mayoría de regiones avalaban decretar un toque de queda. Pero las dudas de algunas comunidades, entre ellas Madrid, País Vasco, Cataluña y Galicia, a que se ‘cuelgue’ de una nueva declaración de estado de alarma lo frenaron. El ministro Salvador Illa se escudó en que quiere que haya consenso.
Ninguna autonomía del PP lo ha pedido formalmente. Y aunque el jueves el propio Illa dijo que lo había hecho Castilla y León, desde esta región se precisó después que no. La postura general del PP es que se debe modificar la legislación sanitaria nacional para que no sea necesario la excepción legal que supone el estado de alarma. Ciudadanos, en cambio, ha avanzado que facilitará la aprobación de las prórrogas. Sanidad cree que serán necesarias varias. En Francia, por ejemplo, la previsión es que el toque de queda dure un mes, ampliable dos semanas más.
El Ejecutivo puede aprobar el estado de alarma pero, según establece la Constitución, transcurridos 15 días debe obtener el aval del Congreso para poder prolongarlo. Para no depender de grupos minoritarios y porque, aunque las comunidades del PP no lo han pedido pero no se niegan a ello, el Gobierno está tratando de obtener el apoyo de los populares. Pero prácticamente ya cuenta con los votos necesarios para sacar adelante las prórrogas.
