Hoy decae el estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo. De esta manera acaban las medidas legales excepcionales, y a partir de ahora serán las comunidades y los ayuntamientos los que gestionen las normas que rijan en cada territorio, de acuerdo con el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Sin que haya terminado la crisis sanitaria el Gobierno se enfrenta a una crisis económica y social que nadie sabe qué alcance puede tener, ni si puede verse afectada por nuevos rebrotes de la pandemia como los que se han registrado en el País Vasco y en Cataluña.
Además, en el ámbito sanitario sí preocupa ya, de cara a otoño, lo ocurrido en China y en Corea del Sur, donde los nuevos rebrotes se interpretan como una señal de alerta sobre una nueva oleada del Covid-19 antes de que finalice el año. El Gobierno sale «tocado» de la gestión de la crisis, y tiene que enfrentarse contrarreloj a varios frentes económicos que no pueden esperar. Una de las urgencias es buscar como sea un escudo financiero para extender los ERTES en los sectores más castigados por la crisis más allá del mes de septiembre. De lo contrario, como advierten desde todos los ámbitos, la destrucción de empleo puede ser muy superior a la de la crisis financiera.
Otra urgencia es la que afecta al sector turístico. Los cambios de criterio del Gobierno han generado desconcierto y desde distintas comunidades autónomas han reclamado que se imponga algún tipo de control en la entrada de turistas extranjeros ante la rectificación que hará decaer la cuarentena. El Plan de Reactivación del Turismo que el Gobierno presentó el pasado jueves no ha cubierto todas las expectativas, y el alcance de la recesión económica dependerá, en buena medida, de que se consiga salvar al menos una parte de la temporada turística.
El Gobierno también se la juega en la administración del Ingreso Mínimo Vital. La idea es abonarlo ya a más de 200.000 familias a partir del próximo 27 de junio, y el sistema articulado amenaza con derrapar en el trámite administrativo.
Desde distintos ayuntamientos, capitaneados por el de Madrid, se ha planteado que se les abra la disponibilidad de los fondos, lo que ayudaría a la tramitación de esta ayuda, como del resto de prestaciones que en gran medida recaen sobre las corporaciones locales. El riesgo es que se produzca otro colapso como el que tuvo lugar con los ERTES, que todavía no se han abonado en su totalidad.
En el ámbito político, la primera prueba de fuego para la coalición de gobierno llega con la presentación del proyecto de Presupuestos para 2021, que debe entrar en el Congreso antes del 30 de septiembre. Moncloa confía en que Europa sea su principal aliado, al menos para ganar tiempo. Para septiembre, salvo sorpresa, la condicionalidad será mínima. El Plan para la Recuperación no se aprobará ni se ejecutará hasta el próximo ejercicio, porque antes tiene que superar el trámite del Consejo y de los Parlamentos nacionales de todos los países, y, además, depende de la negociación de los nuevos Presupuestos plurianuales de la Unión, que tienen que negociarse también para esa fecha.
El problema vendrá cuando España tenga que presentar a Bruselas el plan de devolución del dinero prestado y Pedro Sánchez tenga que cuadrar las exigencias comunitarias con el programa de Podemos.
Bruselas y el poder económico presionan para que haya estabilidad, y para que el Gobierno, en clara minoría, busque nuevos horizontes de alianzas que vayan más allá de los acuerdos puntuales alcanzados con Ciudadanos. La candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo tendría un importante efecto político en España de llegarse a concretar. Aparentemente, el pulso que hasta ahora Calviño ha mantenido con los ministros de Podemos dentro del Gobierno de coalición se inclina a favor de la Vicepresidencia económica, partidaria de la ortodoxia que impone la Unión Europea.
Pero la elección de Calviño tendría un relevante efecto desestabilizador dentro del Gobierno de coalición. Podemos no apoya esta candidatura, que en el ámbito doméstico coloca a Sánchez entre dos planos contradictorios. Para Iglesias, esa elección supondría tener sentado en el Consejo de Ministros a los 27 ministros de la Unión Europea. Calviño apagaría la luz de Iglesias, pero también de Sánchez y del hiperliderazgo que éste busca ejercer en Europa. «Harán lo que sea para pinchar la candidatura. Sería un quebradero de cabeza para Iglesias y un elemento desestabilizador del Gobierno de coalición».
A pesar de que en el escenario político y económico pintan Bastos, quienes mejor conocen al presidente del Gobierno sostienen que no hay ningún obstáculo que pueda forzar a Sánchez a disolver las Cortes antes de que le convenga. Esta sensación también la comparten dirigentes del Partido Popular, que cuestionan, por ello, que la dirección nacional que preside Casado apriete demasiado fuerte en la estrategia de oposición antes de tiempo.
Sánchez puede perder la mayoría de la investidura, e incluso podría perder el apoyo de Podemos, pero esto tampoco sería causa determinante para convocar elecciones. Podría seguir surfeando la ola gobernando en solitario, como siempre ha querido. Necesita más la bendición de Europa y la ayuda de Bruselas que a Pablo Iglesias como vicepresidente del Gobierno, según analiza uno de sus presidentes autonómicos.
Hay un interrogante importante en esta nueva etapa y afecta a la estrategia de Iglesias. Todo indica que no estará cómodo si crece la conflictividad social ni tampoco cuando llegue el momento de fijar las reglas para que Bruselas dé por buena la palabra de Sánchez de que devolverá el dinero prestado. ¿Cuánto puede aguantar Iglesias? Es la pregunta que se hacen en el PSOE. Mientras tenga margen para apuntarse tantos en lo que han bautizado como el «escudo social» aguantará, pero difícil que trague cuanto se le agote el espacio para desvincularse de las decisiones impopulares del Gobierno socialista. Eso sí, no habrá elecciones antes de que entren en juego las próximas autonómicas y municipales. Si hay nuevos Presupuestos, como sea.
