El Tribunal Constitucional no celebrará más plenos telemáticos, aunque se prolongue el estado de alarma. Fuentes del tribunal alegan que sus técnicos informáticos les han advertido de que las reuniones telemáticas —que en las últimas semanas se han hecho habituales en otras instituciones— no son seguras y podrían ser objeto de ataques informáticos. Los magistrados argumentan además que las deliberaciones de las sentencias requieren forzosamente debates presenciales.
En medio del confinamiento, el uso de medios telemáticos se ha hecho habitual no solo para las comunicaciones entre los dirigentes políticos, sino en reuniones como las del Consejo de Ministros o en las conferencias que cada domingo mantiene el jefe del Gobierno con los presidentes autonómicos. El Constitucional, en cambio, ha decidido suspenderlas, tras celebrar una el pasado día 6, con el argumento de que sus técnicos informáticos les han advertido de que hay riesgo de que sus deliberaciones sean intervenidas y hechas públicas.
El Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial y, por tanto, no está afectado por el decreto del Ministerio de Justicia que esta misma semana convalidó el Congreso de los Diputados para tomar medidas que impidan el colapso de los juzgados. Ese decreto regulariza por primera vez el uso de medios telemáticos para trámites procesales como juicios o declaraciones de testigos e imputados. El Constitucional también interrumpirá su actividad en agosto, a diferencia de los órganos de la Administración de Justicia, en los que se habilitarán tres semanas de ese mes para compensar el tiempo perdido durante el confinamiento.
En el único pleno no presencial, celebrado el pasado día 6, el Constitucional acordó admitir a trámite un recurso de Vox contra la declaración del estado de alarma y otro contra la condena del Supremo a los dirigentes independentistas catalanes que encabezaron el procés. Cumplido ese trámite, el tribunal no aprecia razones de urgencia y argumenta que los plenos no son indispensables para la elaboración de las sentencias pendientes, ya que ahora están suspendidos los plazos para alegaciones.
Fuentes del tribunal explican que los magistrados accedieron entonces a celebrar un pleno no presencial porque para admitir a trámite aquellos recursos no precisaban deliberar sobre un auto o una sentencia. La admisión a trámite lleva solo la firma del presidente del Constitucional y se resuelve a la vista de un informe previo de los letrados en el que se evalúa únicamente si el asunto tiene relevancia constitucional. En ese caso, no hubo apenas debate. Ni siquiera se celebró videoconferencia ni hubo conexión visual múltiple entre los magistrados, que se intercambiaron puntos de vista y sugerencias escritas por vía telemática.
La experiencia no dejó satisfechos a todos los magistrados. Un sector del tribunal cree que las deliberaciones han de contar con la asistencia personal de los miembros de la institución por su propia naturaleza. En los plenos hay una discusión abierta, con intervenciones que pueden ser largas. Los magistrados estiman que con todos reunidos alrededor de una mesa o en la misma sala la discusión es más fácil y que trasladarla a la vía telemática, con posibles rondas sucesivas de intervenciones de los 12 miembros del tribunal, entorpecería el debate.
De mantenerse el calendario habitual, que fija un pleno cada dos semanas, el próximo tendría que reunirse la semana que viene. En todo caso, el tribunal prevé celebrar reuniones que no requieran la convocatoria del pleno en caso de que se requiera tratar asuntos inaplazables por las manifestaciones convocadas durante el estado de alarma —un asunto sobre el que ya se pronunció días atrás la Sala Primera, que avaló la prohibición de las protestas si ponen en riesgo la salud pública— o relacionados con las previsibles convocatorias electorales en Galicia y el País Vasco.
Las fuentes consultadas señalan que ya se están estudiando los recursos sobre las condenas por el procés y por el estado de alarma. La idea inicial es convocar un pleno en junio, para lo que se estudia habilitar una sala especial en la sede del tribunal, donde pueda asegurarse la separación mínima de dos metros entre los magistrados. En la sala de plenos habitual difícilmente podría garantizarse esa distancia.
