Todas las fuerzas de la oposición, de cualquier signo ideológico, constitucionalistas o independentistas, grandes o pequeñas, han endurecido sus críticas al Gobierno y reclaman un cambio de actitud, un giro de timón en la gestión para aceptar las próximas prórrogas del estado de alarma bajo las cuales tendrá que ponerse en marcha el llamado plan de desescalada hacia la «nueva normalidad».
Diálogo, consenso, información, transparencia y claridad han sido las principales reclamaciones que uno tras otro han lanzado al presidente del Gobierno en el Congreso apenas unas horas después de que el Consejo de Ministros aprobara el plan para emprender el camino hacia el desconfinamiento de la población y el regreso a la actividad de los sectores económicos.
Una vez más, el reproche más repetido ha sido la ausencia de contacto entre el Gobierno y los líderes de las formaciones parlamentarias para acomodar en los planes del Ejecutivo las distintas sugerencias o, como mínimo, ser informadas de las previsiones gubernamentales. La unilateralidad sigue siendo la queja más común, unida a la de la tentación recentralizadora que esgrimen las fuerzas nacionalistas e independentistas.
El malestar de los partidos es cada vez más patente y amenaza con poner en riesgo la aprobación de la cuarta prórroga del estado de alarma que deberá ser sometida al Congreso dentro de una semana. Una prolongación del confinamiento con nuevas condiciones más permisivas que las fuerzas políticas consideran confusas, improvisadas e impositivas.
SITUACIÓN «GRAVÍSIMA»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado su plan y su gestión asegurando que el país se encuentra en una situación económica y social «gravísima» que obliga a actuar en tiempo real pero con la máxima prudencia y ha animado al resto de formaciones a «arrimar el hombro» y muy especialmente al PP a «dejar de lado su postura intransigente» para alcanzar un pacto de reconstrucción.
Pablo Casado le ha replicado la necesidad de decir la verdad como paso previo y le ha pedido explicaciones por las compras de material de protección fraudulento y las informaciones erróneas proporcionadas a la OCDE. Ha insistido de nuevo en la necesidad de declarar luto nacional y le ha acusado de «mentir» a las autonomías y cuando pide colaboración a las fuerzas parlamentarias para tomar medidas sin informarlas ni tener en cuenta sus propuestas. «Hace usted el ridículo», le ha espetado.
El Gobierno ha afrontado este miércoles una nueva y dura sesión de control. En el Pleno, Sánchez y sus ministros han tenido que escuchar crudos reproches desde los bancos del PP, Vox, Ciudadanos o incluso de Esquerra Republicana. La «gestión criminal» del Ejecutivo, ha llegado a decir la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, es la responsable de las negras estadísticas de España por el Covid-19.
Pedro Sánchez ha espetado a Pablo Casado que el presidente del PP ocupa todo el tiempo en criticar al Gobierno y poco a «estudiar las medidas adoptadas». El presidente ha asegurado que la crisis «no servirá de excusa para recortar el estado de bienestar, como hizo el PP, ni para abandonar a los que sufren con más contundencia el parón de las actividades económicas». «Esto puede ser o no ideología pero es con la que empatiza este Gobierno que no va a dejar a nadie atrás».
El presidente, en respuesta al portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha recalcado que «los errores» de esta gestión los asume «en primera persona». Y es que Bal ha incidido en las equivocaciones de la estrategia sanitaria y le ha reprochado que en el plan de desescalada anunciado por el Gobierno lo que falta es «llamar a la oposición».
«Su plan no es serio ni seguro. Lo que ha creado usted es preocupación, mucha preocupación en las familias, en los autónomos. Cambie ya la improvisación por la sensatez, la unilateralidad por el consenso. Hoy usted no está dando la talla», ha clamado el diputado naranja.
El número dos del PP, Teodoro García Egea, ha arremetido contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que, según él, organiza mejor «los escraches» que su trabajo como responsable de las políticas sociales. Iglesias ha intentado evitar la confrontación abierta y ha optado por «tender la mano» al PP para hacer frente a la crisis. Pero ha acabado reclamando a los populares que «abandonen a Vox y vuelvan a la Constitución«.
García Egea le ha acusado de anteponer la ideología a la salud. Y le ha exigido que deje de adoctrinar a los hijos y se dedique a proteger a los mayores. También le ha instado a dejar de lado el tono pausado que, ha dicho, «ya no se creen ni los de Podemos«. «Su Gobierno se cae a trozos», le ha dicho.
«ENMIENDA A LA TOTALIDAD»
La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, elegida coordinadora del comité de desescalada y que se ha estrenado en una sesión de control desde que empezara la crisis, ha visto cómo el diputado popularPablo Montesinos le exigía hacer una «enmienda a la totalidad» garantizando la transparencia, la libertad de información y la democracia. Ribera ha repasado todas las reuniones mantenidas hasta ahora por los miembros del Gobierno con los representantes de los distintos sectores de la sociedad y las ruedas de prensa diarias para asegurar que la transparencia del Ejecutivo es «total». Y ha añadido: «Estamos dispuestos a someternos a todos los requerimientos de información de los ciudadanos, pero no a someternos a mentiras y bulos como los que estamos escuchando estos días».
Ribera también se ha enfrentado al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha advertido de que el apoyo que recibió Sánchez en la investidura podría no repetirse si el Gobierno sigue «sin dialogar, sin consensuar, sin coordinar».
Para ERC no tiene ningún sentido el criterio de desconfinameinto por provincias. «Finiquiten el estado de alarma y devuelvan las competencias a las CCAA y sobre todo, dialoguen y consensúen», ha reclamado el portavoz republicano que, pese a la dureza de sus palabras, ha recibido una respuesta amable de Ribera que ha prometido avanzar de la mano de las autonomías que deberán ha dicho «corresponsabilizarse» con el sistema diseñado.
La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cambiado el tercio para preguntar al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por las declaraciones de Pablo Iglesias a cuenta de la sentencia condenatoria de Isa Serra por arremeter contra la policía en un desahucio. Campo ha defendido las palabras de Iglesias amparándolas en la libertad de expresión. «Creemos tanto en la libertad de expresión que pese a lo que estamos oyendo aquí esta mañana, les tendemos la mano para la reconstrucción». «Apoyar los decretos del Gobierno es apoyar a los ciudadanos», ha llegado a decir Campo.
Álvarez de Toledo le ha replicado asegurando que el Gobierno sacrifica a Montesquieu y la separación de poderes sólo para defender a Iglesias porque, ha apuntado, «le necesitan» para seguir en el poder.
Vox, por boca del diputado José María Sánchez, ha interpelado al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el «abuso» que en su opinión ha hecho el Gobierno del estado de alarma que, ha dicho, ha limitado derechos fundamentales, algo que sólo puede hacerse bajo el estado de excepción. También le ha acusado de «abusar» por no haber aceptado ninguna de las resoluciones presentadas por las fuerzas parlamentarias -salvo una del PNV– en las sucesivas prórrogas del estado de alarma.
Marlaska se ha zafado de la cuestión recordando que la Cámara autorizó todas las prórrogas porque entendía que no suponían extralimitación alguna. El ministro también ha defendido frente al diputado de Bildu, Jon Iñarritu, la «ejemplaridad» en la actuación de los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de hacer cumplir con las normas establecidas por el estado de alarma.
Ya en el ámbito de las consecuencias económicas de la crisis, la diputada del PP Belén Hoyo ha pedido fechas claras para la desescalada y protocolos nítidos para la industria, el turismo y las pymes. La ministra del ramo, Reyes Maroto, ha prometido un plan pormenorizado para el sector turístico y ha presumido de haberse anticipado con sus medidas a las propuestas de los populares.
VOX: «GESTIÓN CRIMINAL»
Uno de los duelos más duros de hoy ha sido el de la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al que ha advertido de que puede encontrarse con «un calvario judicial» por culpa de la «gestión criminal» que, según la formación radical, está haciendo su departamento.
La portavoz de Vox ha acusado al Gobierno de haber hecho gala de «un total desprecio por la legalidad vigente» a la hora de hacer contratos de compra de material de protección y sanitario. Y todo para que al final España «sea el país del mundo con más muertos por habitante y con más sanitarios infectados».
«Le recomiendo que deje de perder el tiempo en querellas fraudulentas», ha dicho al ministro, en referencia a la denuncia presentada contra Vox, «y le advierto que es su Gobierno el que puede enfrentarse a un calvario judicial por su gestión criminal».
Illa ha respondido a Olona que no se va a «dejar arrastrar ni por su lenguaje, ni por sus provocaciones». Y ha insistido en que el Gobierno ha puesto «todo su empeño y todos sus recursos» para proveerse en «un mercado internacional muy complicado» para comprar equipos de protección o de ventilación mecánica.
Desde el PP, el diputado José Ignacio Echániz también ha criticado los contratos cerrados por el Ministerio de Sanidad por encargar la fabricación de material sanitario a «chiringuitos de amigos» para que se llevasen «comisiones millonarias» en una «sola operación».
El diputado popular ha denunciado que España tiene la «mayor tasa de infectados y fallecidos del mundo», así como con el «mayor número» de profesionales infectados.
Unos datos que el ex consejero de Sanidad de los gobiernos de Madrid o de Castilla-La Mancha ha descrito como fruto de «la improvisación», del «mando único chapucero» y de la «falsificación de datos» del Ejecutivo. Echániz ha denunciado «el caos» en las compras de productos sanitarios que ha hecho llegar a España «test falsos», «material defectuoso» y «kits fallidos».
«En lugar de encargárselo a empresas serias y expertas, usted se lo ha encargado a chiringuitos de amigos para que se llevasen comisiones millonarias en una sola operación», ha denunciado Echániz, tras calificar al Gobierno de «mentiroso, fracasado y dañino».
El ministro de Sanidad ha respondido insistiendo en que España es uno de los países que más test diarios están realizando, entre 40.000 y 47.000 al día. Por eso, Salvador Illa ha instado al PP a que, además de «señalar problemas», ayude también a resolverlos, que es lo que «exige la ciudadanía».
